El expresidente Clavijo pide al Ayuntamiento de La Laguna que pague los 55.000 euros del abogado que le defendió en el caso Grúas

El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo ha reclamado al Ayuntamiento de La Laguna que corra con los gastos de abogado y procurador a los que tuvo que hacer frente por el conocido caso Grúas, recientemente archivado en el Tribunal Supremo. Clavijo reclama 55.899 euros, de los que 55.599 corresponden a la minuta del abogado madrileño y exmagistrado Jose Antonio Choclán.

En su escrito ante el Ayuntamiento de La Laguna, Fernando Clavijo recuerda que fue encausado en el caso Grúas como consecuencia de sus actuaciones como alcalde de la ciudad, puesto que ocupó entre noviembre de 2008 y julio de 2015, y que el archivo firmado por el presidente de la Sala II del Supremo, Manuel Marchena, lo fueron “por ser lícitos los hechos origen de la inculpación”.

Los honorarios han sido calculados, dice el hoy senador por la Comunidad Autónoma, conforme a los fijados por el Consejo Canario de Colegios de Abogados.

Fernando Clavijo fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna hasta que se convirtió en aforado y la parte de la causa fue elevada al Tribunal Supremo, que la archivó en cuanto recibió la exposición razonada que le fue remitida por la jueza Celia Blanco.

El auto de archivo fue recurrido por los denunciantes, los concejales laguneros Santiago Pérez y Rubens Ascanio, pero la Sala II ni siquiera ha analizado esos recursos por no considerar personadas a las partes. Ambas ya han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales

El primer intento, en el caso Corredor

No es la primera vez que Clavijo intenta que el Ayuntamiento de La Laguna pague los gastos de defensa de causas en las que se ha visto envuelto durante su actividad municipal. Ya en 2010, siendo alcalde, encargó a los servicios jurídicos la elaboración de un dictamen que le permitiera resarcirse del pago de abogados por el llamado caso Corredor, en el que se vio involucrado al captar la Policía Nacional unas conversaciones telefónicas en las que se le escuchaba tratando con responsables vecinales la captación de adeptos a Coalición Canaria a través de ayudas municipales para la reposición de viviendas del barrio de Las Chumberas, castigado por la presencia de aluminosis en los edificios de protección oficial.

Aquella imputación a Clavijo se saldó con un rocambolesco archivo después de que las escuchas fueran anuladas por defectos formales al no haberse prorrogado debidamente el auto de intervención telefónica.

El informe que elaboró el director de la asesoría jurídica del consistorio, Ceferino Marrero, que luego acompañó a Clavijo a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, no fue finalmente suscrito por nadie y la exigencia quedó en nada. A lo largo de sus 20 folios se daba la razón al reclamante.