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Mar Cambrollé: “El PP mantiene una actitud contraria al colectivo LGTBIQ en el Congreso para contentar a los ultraconservadores de su partido”

Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans

Román Delgado

Santa Cruz de Tenerife —

Claro no, muy claro, y además no puede ni debe ser de otra manera. La andaluza Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, así lo vive, lo siente y lo defiende con todas sus fuerzas. También lo subraya una y otra vez, por si aún alguien no lo ha entendido (en España parece que así mismo es): “El sexo de las personas no lo definen los caracteres sexuales, los cromosomas ni los genitales, sino que es lo que cada persona defina para sí”.

Con este núcleo argumental tan potente e irrefutable, Mar Cambrollé responde a las preguntas de la entrevista, en la que repasa la situación actual del colectivo trans en España, con todos sus pros y sus contras. Además, aborda la problemática general de las personas LGTBIQ y repasa el interés que ha tenido su reciente visita a la isla de Tenerife, este mes de marzo.

Usted ha afirmado en muchas entrevistas que es una mujer con pene, y es verdad. Quizá esto aún no lo entienda mucha gente y convenga explicarlo. ¡Adelante...!

La condición de mujer y hombre transexual es una expresión más de la diversidad humana. Queda claro que el sexo de las personas no lo definen los caracteres sexuales, los cromosomas ni los genitales, sino que es lo que cada persona defina para sí. Es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento, y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial, como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias de la Gran Sala de 11 de julio de 2002.

En Tenerife y en Canarias, como en otras partes de España, día tras día se conocen situaciones de discriminación por la condición sexual de muchas personas. Ocurre en equipos deportivos, en las aulas, en las instituciones públicas y privadas, en los puestos de trabajo... ¿Qué caminos considera usted que se deben seguir en los planes legislativo, educativo, judicial y social para avanzar hacia la integración plena, hacia la normalidad más integradora...?

Para conseguir una igualdad legal y real, son necesarios marcos jurídicos que garanticen derechos y protejan contra la discriminación al colectivo LGTBIQ. Al mismo tiempo y no menos importante está la obligación de las instituciones de fomentar desde la educación el respeto en valores hacia la diversidad sexo-genérica.

¿Qué lugares, países o ciudades, pueden ser un ejemplo a seguir hoy en día?

En Europa, Irlanda, Noruega, Malta, Reino Unido y algunos países federados de Alemania. En Latinoamérica, Argentina, que fue el primer país del mundo en legislar sobre el novedoso pero irrefutable precepto legal de la libre determinación de la identidad. En España, Andalucía. En 2014 el Parlamento andaluz aprueba una ley a la vanguardia de España y de Europa por despatologizar las identidades trans y por reconocer como un derecho la libre determinación de la identidad. En estos momentos, España tiene la oportunidad de convertirse en un referente mundial en la protección jurídica de las personas trans, ya que el pasado 23 de febrero se registro en el Congreso de los Diputados la primera ley trans estatal que da una respuesta integral y transversal a todas las situaciones y ámbitos en los que las personas trans son tratadas de forma desigual. Además, es una norma que nace del sujeto político, lo que hará que la ley no solamente sea legal sino también legitima.

¿Sigue habiendo persecución en España a las personas que integran este colectivo? ¿Qué falla de manera más clara?

Al haber un espacio de más visibilidad y al tener las nuevas generaciones conciencia de ser sujetos de derecho, esto se confronta con actitudes minoritarias de intolerancia y violencia hacia las personas LGTBIQ, lo que es fomentado por la falta de una educación en valores de respeto hacia la diversidad sexual y de género y por la ausencia de medidas que sancionen la violencia y el fomento del odio hacia las personas de ese colectivo.

¿Qué ha aportado el PP a la mejoría de este colectivo y qué han aportado los otros partidos de izquierdas?

El Partido Popular tiene una postura en cuestiones del colectivo LGTBIQ dispar e incongruente de una comunidad respecto a otras. Así, tenemos Madrid y Andalucía, donde el PP se ha sumado a la aprobación de leyes tanto específicas de transexualidad como del colectivo LGTBIQ. Sin embargo, en otras comunidades y en el Congreso de los Diputados sigue manteniendo una actitud contraria a su propio electorado, a la propia sociedad, por conformar y para contentar a los sectores más ultraconservadores de su partido. En los partidos de izquierdas hay un apoyo discursivo que a veces no va acompañado de una actitud firme y consecuente.

¿Qué se le puede reprochar a la Iglesia católica y qué a algunos miembros de la judicatura?

A la Iglesia católica hay que reprocharle que aún no haya tomado conciencia de que se vive en un estado aconfesional y no nacional católico, con lo que no deberían de injerir en las leyes civiles que democráticamente la ciudadanía elige para su convivencia y ordenamiento social; a los jueces, que antepongan el derecho a los principios morales.

¿Debe existir un trato especial, con la instauración incluso de cuotas, para integrantes del colectivo LGTBIQ en plantillas laborales? ¿Cómo ve esta posibilidad, de manera especial en el sector turístico?

Según la Organización Internacional del Trabajo, el colectivo que registra a escala internacional una vulnerabilidad que alcanza el auténtico apartheid laboral es el de las personas trans. No ocurre lo mismo con gais y lesbianas, que pueden sufrir los efectos de una crisis que afecta a toda la sociedad, pero que no viven una exclusión laboral. La cuota de reserva, la firma de convenios con empresas del sector turístico y el incentivo fiscal a la contratación son herramientas que ya se han puesto en prácticas con otros grupos humanos para paliar una situación de vulnerabilidad en el acceso al empleo, por lo que sin estas políticas activas no será posible la inserción laboral de las personas trans.

¿Qué puede aconsejar usted, que posee gran experiencia en este capítulo, a una persona que se sienta denigrada, perseguida o discriminada por su condición sexual diferente? ¿Qué debe hacer y dónde puede encontrar el apoyo que necesita?

El consejo que doy es que se acerquen a las asociaciones de iguales. Esto no solo lo digo desde mi experiencia, sino que un reciente estudio realizado por la Universidad de Málaga y presentado a los medios de comunicación este 1 de marzo desvela, entre otros aspectos, que las personas que forman parte de alguna asociación son personas con una autoestima, una percepción y una información de sus derechos alta. Como consecuencia de todo esto, resulta un empoderamiento de la persona respecto a quienes no pertenecen a ninguna asociación. Así, el asociacionismo no solo juega el papel de agente social de cambio, sino que también a nivel personal resulta positivo. Es una obligación institucional prestar apoyo y fomentar las asociaciones.

Hace unos días usted estuvo en Tenerife y pudo contactar con organizaciones que defienden al colectivo trans en la isla y en toda Canarias. ¿Qué sensación se ha llevado de vuelta a la Península?

Tuve relación con colectivos específicos de transexuales y me he traído la sensación y la alegría de ver un colectivo empoderado, con gran conexión social e influencia política. Es algo muy positivo cuando hablamos de una población que es la más vulnerable y que, paradógicamente, es la más invisibilizada por las entidades que llevan las siglas LGTBIQ.

¿Cómo ha visto todo lo relacionado con los derechos de ese colectivo en el archipiélago y dónde le parece que aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir la aceptación integral de todas esas personas?

En cuanto al colectivo trans en la isla, queda pendiente y es urgente la reforma de la Ley 8/2014 [de ámbito territorial canario], de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, debido a que esa norma no se ajusta a los dos preceptos indispensables para acabar con la discriminación y para garantizar los derechos a las personas trans, como son la despatologización de las identidades trans y el libre reconocimiento de la identidad sexual y la expresión de género. Con la reforma de esa ley canaria, se derivarán protocolos, directivas y órdenes que aborden la atención sanitaria, la educación, la situación laboral y el respeto a la identidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En su contacto con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ¿este asumió algunos compromisos planteados por el colectivo?

Así es, y no solo el compromiso fue del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, sino también de su consejera de Igualdad, Estefanía Castro. Ambos estuvieron en la línea de apoyar y diferenciar las políticas trans, y de implicar en ellas al sujeto político que en Tenerife está representado por las asociaciones TransBoys y Aperttura. En esta línea, se han comprometido a estudiar la concreción de medidas activas que posibiliten la empleabilidad de uno de los colectivos más vulnerables en el acceso a puestos de trabajo como es el de las personas trans.

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