Cáritas indemnizará a una activista a la que despidió tras oponerse a dejar sin atención a personas “por razones ideológicas”
Cáritas ha indemnizado a la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Inma Évora con 4.000 euros después de despedirla de forma improcedente, según reconoce el acuerdo alcanzado el pasado martes durante el juicio que se celebró en la sala del Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife, tras la demanda presentada por Évora contra la organización de la Iglesia católica.
Este párrafo que acaba de leer y que, en principio, parece que es la noticia (al menos formalmente ya que responde al ‘qué’, ‘quién’, ‘cómo’, ‘cuándo’, ‘dónde’ y ‘por qué’) está incompleto si se tiene en cuenta que no explica por qué en el juicio declararon un consejero y una directora insular del Cabildo de Tenerife. Y es que Inma Évora fue despedida de forma improcedente de un proyecto (Base 25) enteramente financiado con dinero público (medio millón de euros aproximadamente) procedente de subvenciones a dedo otorgadas a Cáritas por el Cabildo de Tenerife y que forman parte de una larga lista de ayudas directas cuyo gasto ha crecido el 775% desde que Carlos Alonso (CC) llegó a la presidencia de la Corporación.
Pero en este caso no fue el presidente, sino el vicepresidente Aurelio Abreu (PSOE) quien tomó “la decisión política” de otorgarle a dedo el proyecto a Cáritas o al menos eso es lo que declaró, bajo juramento y con advertencia de dos años de cárcel si mentía, el consejero del Cabildo de Tenerife Julio Concepción (Podemos).
Concepción también aseguró tener pruebas de que Abreu le reconoció que fue Inma Évora la que propuso, en el marco del Consejo Insular de la Vivienda (en el que la activista, junto a Abreu y Concepción, también era miembro como antigua portavoz de la PAH) la creación de un proyecto para atender a personas afectadas por los desahucios y que ese proyecto se le entregó “por una decisión política de Aurelio Abreu”, insistió el consejero.
Concepción declaró que, como miembro de la oposición, le aclaró al vicepresidente que no estaba de acuerdo con la decisión, a lo que Abreu le respondió con un “tengo una buena noticia para ti”. Según su declaración, esa noticia era que, aunque la gestión del proyecto se entregara a Cáritas mediante subvenciones a dedo, Évora sería la encargada de llevarlo a buen puerto ya que Cáritas la contrataría.
También declaró la mano derecha de Abreu en el área de Vivienda del Cabildo, la directora insular Marta Arocha (PSOE), pero a diferencia de Concepción (que declaró como uno de los testigos de Évora propuesto por la abogada del sindicato CNT Cristina Vilela) el cargo público del Gobierno insular declaró a favor de Cáritas.
A preguntas del abogado de la organización de la Iglesia católica, Rogelio Zamora, que intentaba demostrar una competencia desleal por parte de Inma Évora, lo que reconoció Arocha es que la activista ya le había advertido que Cáritas estaba dejando sin atención a familias monomarentales (formadas por mujeres e hijos) y mujeres víctimas de violencia machista, precisamente dos de los perfiles a los que se refirió Évora durante la acampada que hizo junto a la PAH a las puertas del Cabildo como acto de protesta y en la que denunció públicamente que su despido se debía a que se oponía a dejar sin atención a personas por razones ideológicas de la organización de la Iglesia católica.
El abogado de Cáritas intentó demostrar la competencia desleal al preguntarle a Arocha si era cierto que Évora le propuso otro proyecto para atender a mujeres víctimas de violencia machista y familias monomarentales, a lo que la directora insular respondió “sí”. Pero, al ser preguntada por la abogada de Évora si la activista lo hizo para mejorar la atención a las personas afectadas por desahucios, Arocha no sólo respondió con un insistente “no sé”, sino que la directora insular de Vivienda también reconoció que el proyecto de Cáritas no atendía a esos perfiles que le proponía Évora por lo que no podría existir esa competencia desleal.
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