El empresario Antonio Plasencia consigue el tercer grado penitenciario tras saldar su deuda por la malversación del caso de Las Teresitas

El empresario Antonio Plasencia ha conseguido el tercer grado penitenciario tras saldar su deuda por la malversación del caso de Las Teresitas, por el que fue condenado a una pena de cinco años y seis meses tras una sentencia dictada por la Audiencia Provincial y ratificada por el Tribual Supremo. Según ha adelantado Mírame TV, la Justicia le ha concedido este beneficio penitenciario después de considerar pagada la deuda de la responsabilidad civil objeto de la sentencia condenatoria.

En el mes de junio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció un acuerdo con la familia de Antonio Plasencia para obtener la titularidad de dos edificios en la capital como pago de la sentencia. El acuerdo admitía dos inmuebles como parte de la deuda de 97 millones de euros, una cuantía que, aunque no completa la deuda contraída por los condenados con el consistorio capitalino por la compraventa del frente de playa, sí subsana la mayor parte. Y ahora la Justicia considera abonada la responsabilidad civil objeto de la sentencia que llevó a Plasencia a prisión.

La recuperación de parte del dinero de Las Teresitas también ha sido posible por la apertura de diligencias penales contra la mujer y los hijos del empresario, después de que el Ayuntamiento presentara una querella por alzamiento de bienes en las empresas del constructor. 

Además, el que fuera presidente de la patronal de la construcción tinerfeña se declaró en concurso de acreedores antes de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pudiera recuperar los casi 100 millones de euros, resultado de sumar los 53 millones malversados y los intereses generados, que los seis condenados tenían que devolver a las arcas municipales.

El caso Las Teresitas es una operación que se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 52 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT) por unos terrenos valorados en 20 millones, según la tasación de la arquitecta municipal Pia Oramas. Los propietarios de ILT eran Antonio Plasencia e Ignacio Gonzalez.

Por este caso fueron condenados también el empresario Ignacio González (ya fallecido); el exalcade de Santa Cruz y exsenador, Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los funcionarios José Tomás Martín y Víctor Reyes. Los seis condenados tenían que devolver a las arcas públicas de forma solidaria la cuantía detraída por la compraventa del frente de playa.