El Colegio de Abogados de Tenerife acoge unas jornadas sobre delitos de corrupción
Los delitos urbanísticos, la responsabilidad de las personas jurídicas, las garantías procesales en las macrocausas o el blanqueo de capitales serán algunos de los ejes sobre los que girarán las ponencias que se expondrán este jueves y viernes en las jornadas sobre delitos relacionados con la corrupción, organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la Audiencia Nacional, el tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, será el encargado de abrir las jornadas con una conferencia sobre el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas, que compete tanto a organizaciones privadas como instituciones públicas, una responsabilidad que está presente en la mayoría de los casos de corrupción que se han destapado en Canarias en los últimos años como, sin ir más lejos, el caso Las Teresitas, en el que se mezclan los intereses particulares de unos empresarios con la posible connivencia del ex alcalde y ex senador Miguel Zerolo, además de otros cargos públicos, aunque sea el Ayuntamiento de la capital tinerfeña el que recompró el frente de la playa y sus abogados los que deban defender los intereses municipales.
El caso Faycan, en Telde, en el que está acusado por dos delitos de tráficos de influencias (uno de los delitos típicos de la corrupción) el diputado regional por el PP Jorge Rodríguez, o el caso Góndola en Mogán, en el sur de Gran Canaria, que también salpica a Rodríguez y cuya instrucción se inició hace nueve años, pero está paralizada y camino de la prescripción de delitos igualmente por tráfico de influencias, entre otros.
En la segunda ponencia, la abogada del Estado, Lucía Pedreño Navarro, hablará de los delitos relacionados con las contrataciones públicas y la corrupción, y los delitos de los funcionarios. Es el caso, entre otros, de las contrataciones superiores a los 18.000 euros sin el preceptivo concurso público, como ocurrió con la remodelación del Instituto García Cabrera, que concluyó en la primera condena a Zerolo por prevaricación administrativa.
Delitos urbanísticos y macrocausas
Sin embargo, puede que hayamos conocido más en Canarias de delitos urbanísticos, tema sobre el que girará la ponencia del fiscal en excedencia Javier Muñoz Cuesta. Basta como ejemplo el caso Arona, del que es protagonista el ex alcalde nacionalista José Alberto González Reverón, junto con su equipo de Gobierno (de CC, PP y CAN-CCN) entre 2003 y hasta 2011, pendiente de que se señale la vista oral, y que constituye una maraña de concesiones urbanísticas sin informes favorables, recalificaciones de terrenos, construcciones no permitidas, y otro tipo de licencias a constructores y otros empresarios.
Son tipos penales que igualmente se dan en el caso las Teresitas, el caso Faycan o el recientemente retomado caso Granadilla, que afecta al alcalde socialista Jaime González Cejas y cinco ex concejales del PSOE de su gobierno local entre 2003 y 2007, acusados de prevaricación, que es otro delito típico de la corrupción.
La regularización tributaria en el delito fiscal, a cargo del abogado Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, y las garantías procesales en las macrocausas, de lo que hablará Víctor Moreno Catena, abogado y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, cerrarán la primera jornada.
El viernes, a partir de las 10.00 horas, se abordará la responsabilidad de las sociedades públicas y de sus consejeros, en una ponencia de la abogada del Estado María Concepción Ordiz Fuertes, y las carencias y déficits de la justicia penal ante la corrupción, a cargo del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Antonio del Moral.
Un ejemplo de esos déficits lo tenemos en el caso Corredor, en el que está imputado el candidato presidencial por CC, Fernando Clavijo (además de otras 44 personas) y que dejó patente el magistrado Cesar Romero Pampacuatro, quien durante dos años pidió un escáner para poder digitalizar los miles de folios de la causa sin que en la Consejería de Presidencia le hicieran caso alguno. O la falta de funcionarios y de jueces de apoyo para macrocausas, aprobados por el Consejo General del Poder Judicial pero que sin el respaldo económico del Ministerio de Justicia.
La última comparecencia será la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza Aguado, quien hablará de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.