Dos mandos de la Policía Local de Buenavista aceptan penas de cárcel y devolver los 83.000 euros que se apropiaron de multas

El oficial jefe y otro mando de la policía de Buenavista del Norte han aceptado este martes ser autores de un delito continuado de malversación de fondos públicos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que se les impone una pena de dos años de cárcel y la obligación de devolver al Ayuntamiento unos 83.000 euros apropiados de multas.

Así se ha conocido tras la vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial tinerfeña, en un acuerdo que conlleva asimismo otros cuatro años de inhabilitación absoluta.

También se suspende la entrada en prisión durante tres años siempre y cuando no delincan en ese período.

La sentencia de conformidad se ratificó en la Audiencia Provincial tinerfeña, por lo que no tuvo que celebrarse una vista con jurado, tal y como determina la ley para este tipo de delitos.

En la causa había un tercer agente investigado, pero en la comparecencia del pasado 22 de octubre ante el tribunal de jurado, previa a la vista celebrada este martes, se acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones con respecto a este policía, al quedar acreditado que no participó en los hechos. 

Escrito de la Fiscalía 

En el escrito de Fiscalía se refleja que los dos condenados se apropiaron de este dinero resultante del abono en efectivo que realizaban ciudadanos, en su mayoría turistas, por la imposición de sanciones, casi siempre por supuestas infracciones de tráfico.

El investigado principal realizó boletines cuyo montante total llega a más de 70.000 euros, de los que se apropió de casi 54.000 euros, mientras que en el caso del segundo las denuncias alcanzaban cerca de 46.000 euros de los que incorporó a su patrimonio unos 29.000.

Este dinero ya está consignado en el Juzgado y a partir de ahora será transferido a las cuentas del Ayuntamiento, lo que facilitó que se llegara al acuerdo de conformidad.

Las detenciones e ingreso en prisión tuvieron lugar a finales del año pasado en el marco de la denominada 'Operación Mártir', llevada a cabo por la Guardia Civil ante las sospechas de que las denuncias no eran tramitadas y los agentes se apropiaban del dinero a lo largo de varios años.