El principal encausado en la trama del Catastro de Tenerife no tenía autorización para hacer expedientes catastrales
El principal encausado en el caso de una supuesta trama de sobornos en la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, Jesús D.D., que era jefe de Planificación Informática, no tenía autorización para hacer expedientes catastrales, ha dicho este jueves la que era gerente en ese organismo.
La gerente de ese organismo entre 2008 y 2012 ha declarado en el juicio que el lunes pasado se inició en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por una supuesta trama que cobraba por resolver con rapidez los expedientes, y en este caso hay catorce personas acusadas, una de las cuales no se ha presentado y está en busca y captura.
Los acusados han declarado durante los tres primeros días del juicio y este miércoles comenzaron las declaraciones de los testigos, entre ellos el jefe de grupo de la Guardia Civil que ha realizado la investigación, y este jueves lo han hecho otros cuatro agentes de ese cuerpo, así como la exgerente del catastro.
Además de Jesús D.D. está acusada Paloma C.I., jefa de Planificación Urbanística del Catastro, y de quien la que fuera gerente ha señalado que nunca advirtió irregularidades en su trabajo.
La investigación de la Guardia Civil se inició en 2012, después de que dos delineantes del Catastro denunciasen que alguien utilizaba sus claves de ordenador para tramitar expedientes, por lo que la gerente lo puso en conocimiento a la central del organismo, desde donde los agentes comenzaron los trabajos.
También ha declarado la exgerente que del Catastro no puede salir documentación si antes no se paga por transferencia bancaria, y ha reconocido que desconocía que Jesús D.D. había tramitado 849 expedientes entre 2010 y 2012 debido a que no tenía autorización para hacer ese trabajo.
Asimismo ha declarado este juevescomo testigo un guardia civil que participó en la investigación, y quien ha manifestado que en casa de otro de los acusados, Santiago C.D.M., sobrino de Jesús D.D. y que trabaja en una compañía de seguros, encontraron documentación catastral y un disco duro en el que se relacionan pagos con su tío.
Otro de los acusados es Alberto J.D.H., que es está en busca y captura y es hermano de Santiago, en cuyo domicilio la Guardia Civil también se ha incautado correos electrónicos en los que este último remite a su tío números de expedientes y en los que se dice qué hay que hacer en determinadas parcelas.
Este guardia civil ha señalado asimismo que en otro correo electrónico Santiago C.D.M. habla que otro de los acusados, Guzmán V.T. les ha dado más de 50 clientes en La Gomera, y ha reiterado lo declarado este miércoles por su jefe de grupo en cuanto a que una pareja, tras pagar 2.400 euros, logró legalizar en una semana una construcción después de tres años de intentos infructuosos.
Ha relacionado el cambio de valoración catastral de 110.000 a 45.000 euros en La Gomera, algo de lo que al parecer se ha beneficiado otro de los acusados, Manuel J.M.N., a cambio de 300 euros.
El agente ha explicado que en la cuenta corriente del principal encausado, Jesús D.D., sólo constan los ingresos de su nómina y ha reconocido que no hay constancia de ninguno de los pagos, para insistir en que estas cosas “no se hacen gratis”.
Ha comentado que en sus conclusiones se basa tanto en documentos como en las declaraciones de testigos y de Santiago C.D.M., y ha recordado que en el domicilio de otro de los acusados, Manuel A.S.H., se encontró un escrito en el que se detallaba un reparto del 50% para Jesús D.D. y el otro 50% para el sobrino de éste, Santiago C.D.M., si bien un 10% de este sería para Manuel A.S.H..
Este agente ha reconocido que otro de los acusados, José J.R.D., siempre ha colaborado y ha reconocido desde el primer momento que abonó 500 euros por realizar unos trámites.
En este caso el Ministerio Fiscal solicita nueve años para las personas acusadas, mientras que la abogada del Estado reclama 16 años.
Los investigadores creen que también alteraban la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas y modificaban superficies y trazados.
Además de los funcionarios Jesús D.D. y Paloma C.I. están acusados el sobrino del primero, Santiago C.D.M., así como su hermano Alberto, y Manuel A.S.H., que trabajaba en una notaría de La Laguna y a quien la guardia civil relacionó en la tramitación rápida de expedientes catastrales.
Entre los acusados también están Guzmán V.T., que trabaja como electricista y fontanero en La Gomera, donde también lleva los seguros de decesos de una compañía aseguradora, José Juan R.D. que realiza gestiones ante los organismos públicos, así como Manuel M.N., que tiene una consultoría financiera en Tenerife.
La aparejadora Sandra M.M.G.; Daniel D.M.C., trabajador de banca en La Gomera; Manuel A.S.N.; Ignacio F.C.; Damián J.R.S y Peter N. también están entre los acusados.
