El TSJC ordena que Urbanismo tase la parcela de Cabo Llanos en la que se iba situar una gasolinera
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado a la Gerencia de Urbanismo que lleve a cabo una tasación del valor que tenía hace tres décadas la parcela en la que se iba a situar una gasolinera en donde actualmente se encuentra el Recinto Ferial de Santa Cruz.
A continuación se deberán tener en cuenta las contraprestaciones que ofrecía el Ayuntamiento a CEPSA a cambio de permitir la actividad. Con estos datos sobre la mesa el titular del Juzgado número 1 de lo contencioso administrativo de Santa Cruz tomará la decisión que supondrá el punto y final a una batalla judicial que abarca tres décadas.
Desde Urbanismo se asegura que ya han hecho esa tasación pero la respuesta del TSJC es que el documento remitido no es propiamente un informe técnico sino una mera diligencia, “de cuyo contenido no resulta de manera cierta, que no se haya producido desequilibrio entre las prestaciones”.
El origen del conflicto se sitúa a finales de los años 80 del pasado siglo cuando la Refinería y el Ayuntamiento firmaron un convenio para la cesión de casi 400.000 metros cuadrados en Cabo Llanos que se convertía así en la zona de expansión del nuevo Santa Cruz. Una de las cláusulas recogía que Cepsa podía situar una gasolinera en esta parcela frente al Parque Marítimo. Finalmente se frustró la iniciativa ya que los terrenos son de dominio público y la explotación se hubiese tenido que otorgar a través de un concurso abierto, siempre y cuando quedara justificado el interés general.
A partir de ese momento se ha abierto una guerra judicial entre la Refinería y el Ayuntamiento que se extiende ya por espacio de tres décadas. En un principio CEPSA pidió que se le compensara con 31 millones de euros -la de mayor cuantía a la que tendría que hacer frente la ciudad- apelando al lucro cesante. Pero una sentencia de 2005 apuntó que no cabía esta reclamación ya que el convenio siempre fue inviable.
El último fallo judicial data de 2013 y abre la puerta a que la industria reciba otro tipo de compensaciones. Desde entonces se ha intentado darle cumplimiento a esta sentencia en dos ocasiones y en otras tantas CEPSA ha conseguido paralizarla. La industria no está de acuerdo con el papel que se le da a Urbanismo como encargado de certificar si la imposibilidad de ejecutar este acuerdo supone un prejuicio claro y constatable para CEPSA. Ya son dos las ocasiones en las que lo ha descartado y a continuación el titular del Juzgado de lo contencioso administrativo ha dado por cumplida la sentencia, rechazando indemnización alguna.
Sin embargo, de forma invariable la Refinería vuelve a plantear en los tribunales que no puede ser una de las partes la que tenga la última palabra sobre la resolución de un contencioso de la importancia de éste. El TSJC lo entiende así y le da la razón a la industria, con lo que todo el procedimiento vuelve a sus inicios.
El Consejo Consultivo de Canarias se ha puesto del lado del Ayuntamiento y también considera que la industria ha sido ya compensada por medio de diversos beneficios urbanísticos. La última sentencia indicaba que la ciudad renunció al 10% de cesiones a las que estaba obligada Cepsa. Este paso supuso pérdidas millonarias para las arcas municipales que se cuantificaron en 1,4 millones. En 2014 la Gerencia de Urbanismo cifró en 517.348,24 euros el daño causado a CEPSA por haber cedido anticipadamente cinco parcelas a la ciudad.
