El informe con el que Guillermo Reyes se va al juzgado es de tararí y no echar gota porque está firmado por el mismo funcionario, Santiago Jiménez, pero tiene fecha 6 de mayo, es decir, casi un mes antes de emitir el otro informe en el que coloca a la empresa del concejal en situación de morosidad ante el Ayuntamiento. En este informe se viene a decir que se archiva el expediente contra Promocan porque su alta en Actividades Económicas es de 2002 en el epígrafe 769 “a nivel nacional, y por lo tanto, es motivo más que suficiente no aparecer tributando por dicho impuesto en este municipio”. Pero añade más: al haber desempeñado su labor de cableado en el polígono de Jinámar, que no está recepcionado por el Ayuntamiento, y hacerlo en las fachadas de los edificios, “se considera que dicha entidad no debe tributar”. Entonces, ¿por qué aparece un mes después diciéndose justo lo contrario? ¿Llevó Guillermo Reyes los dos informes al juzgado para avalar su denuncia? ¿Alguien ha pedido una explicación al jefe de la Inspección?