El informe de auditoría de la Intervención General del Estado, que ha motivado incluso que el PP pidiera la comparecencia de la ministra Salgado, resalta algunos aspectos de la gestión de en las autoridades portuarias que, en el caso de la de Las Palmas, es calificada de “singular”. A los auditores llamó la atención especialmente que “en un importante contrato en el que el plazo de ejecución fue decisivo para la adjudicación, se adjudicó la dirección de obra por un plazo superior en diez meses al previsto para la ejecución de la obra”. En el capítulo de deficiencias e irregularidades en la liquidación de tasas y tarifas tampoco escapan los puertos de Las Palmas: se aminoran los ingresos por un inadecuado cálculo de base imponible sin contemplar todos los elementos computables, al tiempo que se aplican de manera improcedente las bonificaciones o exenciones y se cometen errores en la aplicación de tipos. Todo ello lleva a la Intervención General a concluir que en las autoridades portuarias de Bilbao, Ferrol, Las Palmas, Pasajes, Tenerife y Valencia “los incumplimientos de legalidad o deficiencias de control interno se producen con mayor reiteración”. Cabe recordar que a Sánchez-Simón lo puso el Gobierno de CC-PP y lo ha mantenido Paulino Rivero pese a los intentos de Soria de calzarlo.