Hay actividades públicas que son de alto riesgo. Por ejemplo, dejar en manos de Rita Martín la promoción turística de las Islas Canarias; o en las de Claudio Guión Alberto Rivero, la reforma laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. O que sea Miguel Zerolo quien se ocupe de la planificación urbanística de Santa Cruz de Tenerife. O José Miguel Ruano de adjudicar los servicios de ambulancias en las Islas Canarias. Poner en manos de José Manuel Soria cualquier asunto que tenga que ver con el bienestar de los ciudadanos acarrea siempre, pero siempre, siempre, consecuencias catastróficas. Por ejemplo, que sea él el ministro que tenga que ocuparse de desarrollar un convenio con el Ministerio de Justicia para la mejora de los servicios informáticos de ese ministerio pone los pelos de punta. Nos acordamos, por ejemplo, de lo ocurrido con el sospechoso acceso al ordenador profesional de una magistrada de Las Palmas de Gran Canaria de cuyos contenidos supo el señor ministro no se sabe muy bien cómo, hasta el punto de constituirse con gran aparato mediático ante el Consejo General del Poder Judicial a interponer una queja que sabía de antemano que iba al archivo por su vicio de origen y por ser una falacia. Que Soria toque la informática pública nos recuerda, asimismo, el fastuoso programa de gestión de Hacienda, el Sefcam, que según datos imposibles de verificar al céntimo por la opacidad de los concursos, supera un coste de 14 millones de euros. El convenio de Industria con Justicia es de 32 y es para toda España. Hagan ustedes una escala a ver qué les parece.