La Fiscalía reduce de nueve años a nueve meses de prisión la petición para un constructor señalado en la Gürtel canaria
El constructor Cristóbal Ortega, principal encartado en la causa en cuyo juicio un técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) dijo haber descubierto una trama que ha bautizado como “la Gürtel canaria”, no pisará la cárcel pese a haber confesado tres delitos contra la Hacienda Pública. Tras el reconocimiento de todos los hechos que se le imputaban y el pago de las cuotas defraudadas, que ascienden a 850.000 euros más intereses, la Fiscalía ha aplicado al empresario un atenuante muy cualificado de reparación del daño causado para rebajarle en dos grados la pena que solicitaba, de manera que la petición de nueve años de prisión, tres por cada delito, queda reducida a nueve meses, según lo manifestado este viernes en la última sesión de la vista oral.
En su informe final, la fiscal delegada de Delitos Económicos de la provincia de Las Palmas, Evangelina Ríos, ha subrayado que Ortega ha satisfecho íntegramente la responsabilidad civil de todos los procesados en esta causa por delito fiscal, por lo que entiende acreditados sus esfuerzos para resarcir el perjuicio causado a las arcas públicas.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado llegaron a un acuerdo de conformidad con cinco de los siete acusados en el procedimiento para que confesaran a cambio de reducciones de pena. Según fuentes consultadas por Canarias Ahora, las negociaciones con los abogados defensores se entablaron la pasada semana, aunque el pacto se alcanzó definitivamente a primera hora del lunes, a las puertas de la sala 15 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a los pocos minutos de comenzar la vista oral. Ya entonces los representantes del Ministerio Público y de la Abogacía del Estado conocían los hechos que el técnico de Hacienda I.F. puso de manifiesto en la sesión del miércoles, las presuntas presiones a las que habría sido sometido tras comunicar a sus superiores que tenía fundadas sospechas y “multitud de indicios” de que detrás de este y otros casos similares y coetáneos se escondía una trama destinada a la obtención de una caja B con fondos para pagar comisiones a políticos como contrapartida a adjudicaciones de obra pública.
La Fiscalía sostiene que el acuerdo con los encausados es anterior al conocimiento de esa denuncia y que, en cualquier caso, el subinspector de la Agencia Tributaria manifestó unos hechos “genéricos”, sin concreción, que imposibilitaban la apertura de una investigación de oficio, por lo que le ha instado a formalizarla con mayor nivel de detalle y la aportación de nombres de políticos y empresarios.
Cristóbal Ortega ha confesado haber defraudado a Hacienda en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2007 y 2008, en unos importes que ascienden a 451.778,81 y 155.213,77 euros, respectivamente, y en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2007 en 240.206,04 euros. En total, 847.198,62 euros. Además de ejecutar obra propia, la empresa que Ortega administraba, de la que era socio único, ejercía como subcontrata de grandes constructoras adjudicatarias de contratos públicos. Para materializar su plan, el procesado se servía de los llamados moduleros, profesionales autónomos sujetos al régimen de estimación objetiva o por módulos, quienes les giraban facturas falsas que el empresario utilizaba para deducir gastos, bajar la base imponible y, por lo tanto, la cuota del Impuesto de Sociedades.
Los moduleros cobraban por esta operación una comisión de entre el 10 y el 12% a través de un talón. Las facturas falsas no les acarreaba ninguna repercusión en materia fiscal, ya que los profesionales incluidos en el régimen de estimación objetiva no tributan en función de lo que facturan, sino según unos parámetros fijos. Según los hechos descritos en el informe de calificación de la Fiscalía, reconocidos por el propio encartado, Ortega retiraba de las cuentas de su empresa la cantidad restante (el 88 o el 90% de las facturas) para simular que realizaba el pago a los moduleros, pero lo cierto es que se quedaba con ese dinero para fines desconocidos. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado mantienen que el objetivo era, simplemente, defraudar a Hacienda. El técnico de la Agencia Tributaria I.F. apunta en otra dirección, hacia el pago de comisiones a políticos por las adjudicaciones de obras públicas a las constructoras que contrataban a Ortega.
Con multa y sin subvenciones o incentivos
Además de la pena de cárcel, el escrito de calificación de la Fiscalía solicitaba para Ortega multas que sumaban cerca de 1,7 millones de euros, el doble de la cantidad defraudada, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de incentivos o beneficios fiscales o de Seguridad Social durante cinco años. La representante del Ministerio Público no leyó durante sus conclusiones las modificaciones de penas formuladas, ni tampoco ha podido facilitarlas por escrito a este periódico. De haber mantenido el criterio de la rebaja de dos grados sobre la condena inicial, las sanciones quedarían reducidas a la mitad de la cuota defraudada, hasta los 423.599,31 euros, cantidad que se sumaría a los cerca de 850.000 euros más intereses que ya ha abonado en concepto de responsabilidad civil. En total, casi 1,3 millones de euros.
También se ha limitado el periodo para que el constructor Cristóbal Ortega pueda acceder a una subvención o beneficiarse de incentivos o beneficios fiscales, del lustro al año y medio. La Abogacía del Estado y las defensas que se han conformado (la del propio empresario y las de cuatro moduleros) se han adherido al escrito de conclusiones finales del Ministerio Público, que contempla importantes rebajas de pena para los otros procesados que han confesado y para los que, en principio, se pedía seis años de cárcel.
El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia.
