La Audiencia Nacional ignora a Costas y a la Abogacía del Estado y obliga a ceder suelo público para el hotel de La Tejita

Una sentencia que ratifica que parte del hotel de La Tejita, en Granadilla de Abona (Tenerife), pretende construirse sobre terrenos públicos, pero que obliga al Estado a conceder una licencia de uso que ni siquiera la promotora entiende.

La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso de la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, impulsora de un hotel en la playa de La Tejita (junto a la Reserva Natural de Montaña Roja), contra la revisión del deslinde acordado en 2021 que fijó una nueva franja de dominio público en esa zona del litoral y pasó a ocupar parte de la unidad de actuación del futuro proyecto hotelero, alrededor de un 30%.

El fallo ratifica la orden aprobada por el Ministerio de Transición Ecológica, que se abrió a revisar dicho deslinde en 2018. Pero al mismo tiempo impone “de oficio” a la Administración autorizar las concesiones “a las que hubiera lugar” a la compañía impulsora de la mencionada iniciativa turística, liderada por el empresario José Viqueira.

La tesis de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es que el deslinde se revisó de manera correcta. El anterior era del año 2002. Y fue modificado después de que organizaciones ecologistas advirtieran de que, junto a la playa de La Tejita, existe un sistema dunar tierra dentro que prácticamente conecta con la orilla del mar.

La Audiencia lo reconoce. Señala que “tratándose de dunas en desarrollo”, la compañía de Viqueira “no puede sostener con la rigidez que pretende que no se produzca un cambio” en el deslinde y, por tanto, en la delimitación de la zona marítimo-terrestre de dominio público. El propio reglamento de Costas añade que las dunas que “estén en desarrollo, desplazamiento o evolución” son necesarias para “garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la cosa”.

Construcción, Promoción y Derivados SA llegó a cuestionar el origen de los sedimentos de las dunas con “informes técnicos”. Pero la sentencia rechaza ese argumento apoyándose en un informe de la empresa pública Tragsatec que precisa que los mismos proceden de vientos del noreste y del sur, y que la conservación del sistema dunar de La Tejita “repercute de forma directa en la estabilidad de algunas playas de la zona, y en la defensa de la costa”.

Un sistema dunar que, además, ya se ha visto afectado “gravemente” por la presión urbanística, agrega el fallo, “reduciéndolo y degradando su estado natural y afectando directamente a la estabilidad” de una playa concreta, la del Chinchorro.

Este punto ha quedado claro y zanjado. Al menos el 30% del hotel en La Tejita busca erigirse en un suelo que desde 2021 es público. La orden que así lo acordó dio un año a la promotora para solicitar la concesión de uso, pues aunque los terrenos pasen a ser del Estado, los propietarios de estos se convierten en titulares de un “derecho de ocupación y aprovechamiento” durante un tiempo determinado y bajo una serie de condiciones.

Así lo recoge la Ley de Costas del año 1988, la primera de la democracia. Y así lo recoge también la orden que revisó el deslinde en La Tejita. Pero Viqueira mostró disconformidad. Recurrió a la Ley de Costas de 2013, que modifica parte de la de 1988, y que, a diferencia de esta, regula las concesiones de uso a propietarios afectados por deslindes de una forma diferente, obligando a la Administración a otorgar “de oficio” y no tras solicitud el “derecho de ocupación y aprovechamiento” antes citado.

Es aquí donde la Audiencia Nacional le ha dado la razón al empresario. Según la justicia, el Estado debe concederle por 75 años una licencia “respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon”, pues la Ley de Costas de 2013 es más reciente que la de 1988. Pero no dice más nada. Y Viquiera no ha tardado en enviar un escrito solicitando una aclaración de la sentencia que tiene como cuestión subyacente la interpretación esos “usos y aprovechamientos existentes” en la zona.

¿Por qué? Porque mientras la promotora sostiene que le vale con las autorizaciones previas a la revisión del deslinde (el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, entonces también liderado por Domingo Regalado, de Coalición Canaria, aprobó la licencia urbanística en septiembre de 2017), la Abogacía del Estado y Costas no lo tienen tan claro.

El primer órgano defiende que por “usos y aprovechamientos existentes” deben entenderse aquellos que ya estaban materializados y patrimonializados en el momento de la incoación del expediente de revisión del deslinde, es decir, antes del 29 de enero de 2019. Y en La Tejita, justo en esa fecha, la empresa “no había ejecutado las obras ni, en consecuencia, incorporado a su patrimonio la edificación hotelera, sin que existiera tampoco un uso hotelero efectivo” en el lugar.

La Abogacía del Estado va más allá y llega a decir que “no sería razonable” otorgar una concesión para uso turístico y que, de hacerlo, sería “manifiestamente contrario a lo pretendido por la legislación de costas, al permitir levantar en un terreno en el que actualmente no hay nada (la obras siguen sin estar terminadas) una edificación radicalmente incompatible con los usos” autorizados para esa zona.

En lugar de una concesión, la Abogacía del Estado reconoce que la empresa de Viqueira ha sufrido un perjuicio por la pérdida de la propiedad sobre los terrenos que habría que indemnizar. Este razonamiento es el mismo que el expresado por la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio de Transición Ecológica. Su subdirectora general, Ainhoa Pérez Puyol, dijo literalmente en un escrito: “El derecho a la obtención de un título no puede entenderse como el otorgamiento del mismo”.

La asociación ecologista Salvar La Tejita, por su parte, asegura haber acogido “con estupefacción” el fallo de la Audiencia Nacional “ante la ambigüedad y las consecuencias irreversibles que puede acarrear” para el paisaje de La Tejita. En un comunicado, la organización detalla que el pasillo de dunas que pasó a ser público hace cuatro años ha sido “destruido de manera deliberada por las retroexcavadoras” de la promotora, y que “ahora le toca a Costas aclarar la situación”.

Salvar La Tejita espera que el organismo competente en la administración y custodia de la costa “mantenga la postura defendida hasta el momento” y no autorice la edificación dentro del 30% de la superficie afectada por el deslinde, que engloba unas 200 camas turísticas. La asociación dice que estudia interponer un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional.