Un año de cárcel para tres vecinos de Cruz de Piedra detenidos en una polémica intervención policial en 2013
Una intervención policial en apariencia menor y rutinaria, un alto a un joven motorista en medio de un operativo de prevención de tráfico de drogas, desató el mediodía del 9 de julio de 2013 un tumulto sin precedentes en el Polígono de Cruz de Piedra, uno de los barrios más deprimidos y con mayor tasa de desempleo de Las Palmas de Gran Canaria. El despliegue del Grupo 2 de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del Cuerpo Nacional de Policía de Canarias se saldó con cinco detenciones -una de ellas el día posterior a los hechos- y dos salvas al aire con una escopeta Franchi para disolver y disuadir a la multitud que se había enfrentado a los agentes ante una actuación que consideraba desproporcionada.
Tres años y medio después, S.M., J.I.R. y F.J.R., los tres vecinos que aún continuaban procesados por aquellos sucesos (la causa contra los otros dos arrestados fue archivada en fase de instrucción), han aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad. En su escrito de acusación, la Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos tres años de prisión. Sin embargo, este miércoles, fecha prevista para la celebración del juicio oral en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital, la representante del Ministerio Público ha propuesto un acuerdo de conformidad para reducir la pena a un año y evitar así que los acusados tengan que ingresar en prisión. Uno de ellos, F.J.R., con antecedentes penales, deberá indemnizar además a un agente policial con 420 euros por las lesiones producidas durante el enfrentamiento.
A su salida de los juzgados, los ya condenados no ocultaban cierta desazón por haber aceptado la pena a fin de evitar males mayores y a pesar de que siguen negando haber cometido los actos que se les imputaban -amenazas, agresiones y lanzamiento de piedras a los funcionarios policiales- y de que sostienen que los excesos los cometieron los agentes.
Y es que tanto la intervención de aquel 9 de julio como otras actuaciones que acometió la misma unidad policial en fechas cercanas en barrios marginales de la capital grancanaria fueron muy cuestionadas. Las críticas a las contundentes formas del Grupo 2 de la UPR no procedían sólo de ciudadanos afectados. También desde el seno del propio cuerpo de seguridad se mostraba preocupación por los modos “violentos, excesivos y chulescos” del grupo dirigido por Pegaso 2, indicativo del inspector Casanova Acebes.
Dos de los tres condenados por los sucesos de Cruz de Piedra presentaban en el momento de su detención lesiones que, según la jueza instructora, eran compatibles con “haber sido agredidos en una actuación presuntamente desproporcionada” de la Policía. Durante esta fase permanecieron imputados por este motivo dos de los agentes que participaron en el operativo, pero la Fiscalía pidió finalmente el sobreseimiento con respecto a su causa.
El auto que transformaba las diligencias previas en procedimiento abreviado (antesala del juicio oral) ya ponía de relieve las contradicciones entre el relato contenido en el atestado policial y la versión de los vecinos del barrio. Ni siquiera la razón del alto al motorista (uno de los detenidos, finalmente absuelto) quedaba acreditada. Según unas declaraciones, se produjo ante la sospecha de menudeo de estupefacientes. Otros, incluida la fiscala, sostenían que el joven, de estatura baja y complexión delgada, causó estruendo con el motor del vehículo “de forma burlesca” y pisó con la rueda a un agente al frenar.
El atestado policial detallaba que, a partir de ese momento, un grupo de vecinos comenzó a insultar a los agentes y que uno de ellos llegó a amenazarles con “cortarles el cuello”. “La multitud y calle abarrotada de gente, exaltada e incitada al desorden público por los acusados, lanzaba piedras y tiraba objetos”, exponía en su escrito de acusación la fiscala haciéndose eco de un relato policial que hablaba de una “masa de 250 personas”. En el altercado sólo resulto herido con policontusiones un agente que en su testifical dijo desconocer si habían sido producidas por el primer incidente con el motorista (al frenar le golpeó en la pierna) o por una caída por las escaleras en un forcejeo con uno de los detenidos, el que ahora deberá indemnizarlo con 420 euros.
La versión de los acusados durante la instrucción fue “esencialmente coincidente, aunque con alguna discrepancia”. En sus declaraciones, reconocieron que increparon a los agentes al considerar que se habían excedido con el joven detenido, pero negaron haberse dirigido hacia los policías en tono amenazante y haberles lanzado piedras. Uno de ellos, J.I.R., que acabó con una férula de yeso y con lesiones que, según el médico forense, eran “compatibles con una agresión con porras”, manifestó que sólo les llamó “abusadores”.
Los tres vecinos que han sido condenados este miércoles describieron que fueron golpeados tras ser detenidos. En el momento de pasar a disposición judicial presentaban contusiones y hematomas que achacan a los pisotones que supuestamente recibieron de los agentes cuando estaban reducidos en el suelo.
