Los ecologistas impugnan un BIC de Tindaya hecho “a la medida” del proyecto de Chillida
Ben Magec-Ecologistas en Acción recurrirá en los tribunales el decreto que declara los grabados prehispánicos de la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, como Bien de Interés Cultural (BIC), porque considera que está hecho “a la medida” para permitir el proyecto de Eduardo Chillida.
La principal organización ecologista de las islas ha recordado este jueves en rueda de prensa que el Gobierno canario se ha visto obligado a reconocer Tindaya como BIC por mandato de la sentencia que anuló las normas de ordenación de la montaña, a raíz de un recuso suyo.
Esa sentencia disponía que los grabados podomorfos de la montaña sagrada de los antiguos pobladores de Fuerteventura eran BIC con o sin declaración, porque la Ley de Patrimonio Histórico concede esa condición a toda manifestación de arte rupestre, y ordenaba a la comunidad autónoma delimitar su perímetro y normas de protección antes de aprobar cualquier otro tipo de ordenación en la zona.
La portavoz de Ben Magec, Noelia Sánchez, y el arqueólogo asesor de la organización, Pepe Guillén, han denunciado este jueves que el decreto del Gobierno de Canarias que declara BIC a Tindaya solo reconoce la condición de zona arqueológica a los propios grabados de la cumbre y a la superficie situada a una distancia de dos metros de estos, pero deja fuera al resto de la montaña, lo que consideran un “fraude”.
“Es como si en la Cueva Pintada de Galdar o en Altamira solo se protegieran los dos metros más cercanos a las pinturas y no las cuevas donde se encuentran”, ha criticado Pepe Guillén, que subraya que, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la de La Laguna (Tenerife), han emitido informes en contra del criterio elegido para ese yacimiento por el Gobierno de Canarias.
Posible delito de prevaricación
Ben Magec advierte además de que los responsables de ese decreto pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, por haberse apartado “arbitrariamente” de los criterios que con carácter general suelen utilizarse para declarar zonas arqueológicas en manifestaciones de arte rupestre de toda España, en las que se protege toda la cueva, abrigo o lugar donde estas se encuentran.
La federación ecologista sostiene que en Tindaya la protección establecida incluso se aparta de otros dos BIC decretados en la misma isla, Fuerteventura, para proteger los grabados prehispánicos de los barrancos de Tinojay y Cavadero.
En este sentido, denuncian que para Tinojay y Cavaderos se declararon zonas arqueológicas protegidas superficies de 227.123 y 83.364 metros cuadrados, respectivamente, mientras que para Tindaya, que posee los grabados podomorfos “más importantes de todo el norte de África”, solo se reconoce esa condición a 1.031 metros cuadrados.
“Es un hecho muy grave. Actúan así única y exclusivamente para dar cabida al proyecto monumental de Chillida”, asegura Guillén.
Ecologistas en Acción defiende que Tindaya contiene desde la base hasta la cumbre valores arqueológicos que justificarían la protección como BIC de toda la montaña, pero eso impediría en la práctica que se llevara a cabo el proyecto del desaparecido artista vasco de vaciarla y convertirla en una escultura.
Ben Magec se ha dirigido además a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) -máximo órgano de planificación de la comunidad autónoma- para que reconozca que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Chillida, aprobada en 2009, caducó en julio del año pasado, por lo que, a día de hoy, las obras necesarias para llevarlo a cabo carecerían de cobertura.
Los ecologistas recuerdan que la propia declaración de impacto decía que caducaría a los cinco años de haberse notificado al promotor de las obras, un plazo que creen que debe contar desde que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, el 7 de julio de 2009.
A su juicio, ese plazo “venció inexorablemente” el verano pasado, por lo que no sería posible acometer las obras de Tindaya a menos que el Gobierno de Canarias repita de nuevo todo el procedimiento.
Ben Magec exige al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura que rectifiquen y abandonen definitivamente el proyecto de Chillida, en el que denuncia que ya se han “dilapidado 25 millones de euros de dinero público sin mover una piedra”.
En su lugar, aboga por impulsar un proyecto alternativo que proteja toda la montaña y que ponga en valor sus atractivos sin necesidad de alterarlos, a semejanza, dice, de lo que se ha hecho en la vecina isla de Lanzarote con los volcanes de Timanfaya.
