La Fiscalía archiva la denuncia contra Juan Domínguez por acoso laboral
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia de acoso laboral presentada por una trabajadora del Cabildo de Gran Canaria contra Juan Domínguez, vicepresidente de la institución y consejero de Empleo, Industria, Comercio y Artesanía.
En un decreto firmado el pasado lunes, el fiscal Miguel Pallarés concluye que la denuncia es “excesivamente genérica e inconcreta” y que, tras tomar declaración a las partes y analizar la documental aportada a las diligencias, no ha quedado acreditada la existencia de un hecho delictivo en la actuación de Domínguez. Tampoco en la de los otros funcionarios acusados por una trabajadora, sustituta de una jefa de servicio, que se negó a firmar un certificado para justificar un millón de euros procedentes del plan de 2007 del Ministerio de Empleo.
La denunciante, que prestó declaración ante el representante del Ministerio Público el 5 de febrero, explicó que el consejero de Empleo del Cabildo le conminó a que realizara un certificado que, a su juicio, no podía hacer porque carecía de competencias y que Domínguez la intimidó y coaccionó para que lo firmara en una reunión celebrada en agosto de 2014 en su despacho. Según el fiscal, este delito no ha resultado acreditado con su testimonio.
Pallarés remarca que incluso se aportó un escrito de requerimiento para que la trabajadora realizara la certificación o, en caso contrario, que manifestara que no lo haría para poder así revocar la delegación de competencias y que fuera el propio consejero quien lo firmara, como finalmente sucedió. Esta intervención “está permitida por la ley”, sentencia el fiscal.
Por otra parte, tampoco ve una situación de acoso laboral a la denunciante, ya que, a pesar de su “insistencia” para que concretara los hechos reiterados de hostigamiento, vejación o intimidación que habrían realizado Domínguez y los otros funcionarios contra ella, la trabajadora realizó una exposición “vaga e imprecisa” durante su comparecencia.
La Fiscalía recuerda que “para la existencia de un delito de acoso laboral es preciso al menos denunciar la existencia de actos reiterados que supongan hostilidad o humillación”, una situación que, a su juicio, la funcionaria “no ha indicado”.
En su declaración del pasado 19 de febrero, Juan Domínguez señaló que tan sólo había asistido a dos reuniones con la denunciante, la ya mencionada del 14 de agosto y una a principios de año para la elaboración de las bases de una convocatoria de empleo público.
Domínguez ha mostrado este miércoles su satisfacción al conocer el archivo de las diligencias y ha agradecido “la celeridad” con la que se ha tramitado la denuncia y se ha hecho público el decreto, “toda vez que se ponía en cuestión la honorabilidad” de dos funcionarias del Cabildo, de la directora de Empleo y de la del propio consejero. “Ha quedado acreditado que ejercimos nuestras funciones de forma absolutamente correcta para evitar la pérdida de ayudas económicas para el área de Empleo de la institución”, concluyó.
