El Gobierno de Canarias se personará en el recurso del Estado contra la Ley de Vivienda regional
El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves que se personará en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central contra la Ley de Vivienda de esta comunidad autónoma.
El pasado 15 de abril, el Tribunal Constitucional suspendió la Ley Canaria del Derecho a la Vivienda al admitir a trámite la impugnación que había presentado el Gobierno central, un recurso basado en que la norma autonómica regula materias que son competencia del Estado.
La Consejería regional de Vivienda ha informado de que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma “formularán alegaciones para la defensa de la constitucionalidad de los apartados recurridos, que, en líneas generales se refieren a la definición del uso social de la vivienda y las competencias en materia de expropiación temporal, incluidos en el artículo 1, y las disposiciones adicionales segunda y cuarta de la Ley”.
Vivienda recuerda que la disposición adicional cuarta que el Estado entiende como inconstitucional se refiere a la declaración del interés social, a efectos de expropiación forzosa, para las personas en especiales circunstancias de emergencia social y la segunda a la tramitación electrónica del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada.
La Consejería defiende que “Canarias fue una de las pocas comunidades que, tras el incremento de desahucios de familias por impago a los bancos, dio un paso adelante para modificar su Ley de Vivienda y poder intervenir en el mercado de la vivienda libre con el objeto de movilizar las viviendas vacías e impedir el desalojo de más familias”.
En la actualidad, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias refleja que 21.891 personas residentes en las Islas demandan una vivienda pública, de las que, la gran mayoría, 21.652 la solicitan en alquiler y el resto, 239 en propiedad.
Del total de demandantes de vivienda de promoción pública en alquiler, 3.382 pertenecen a colectivos de especial necesidad de vivienda, ya que tienen algún tipo de discapacidad, 8.474 son familias monoparentales y 665 víctimas de violencia de género.
A juicio de la consejera del área, Inés Rojas, “la nueva Ley de Vivienda canaria, que ahora el Estado recurre, es más necesaria que nunca”.
“Desde la administración nos implicamos en desarrollar actuaciones que faciliten el acceso a las familias con menos recursos, fomentamos la rehabilitación, el alquiler y también ha habido un tiempo en el que hemos construido viviendas nuevas, pero no podemos construir tantas viviendas como solicitudes nos llegan, más aún cuando los datos estiman unas 100.000 viviendas vacías en el mercado libre”, ha aseverado.
Rojas considera que, “además de no contar con el presupuesto para levantar 26.000 viviendas más, sería absurdo e irresponsable seguir construyendo en un terreno escaso y fragmentado como el archipiélago”.
La consejera ha destacado que en los dos últimos años, el Gobierno de Canarias ha adjudicado 597 viviendas públicas en alquiler subvencionado: 443 de nueva construcción a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM y 154 recuperadas del parque público familias con ingresos inferiores a 0,75 veces el IPREM y graves dificultades sociales.
A estas 597 adjudicadas por el sistema de sorteo mixto en este periodo se suman las 725 que la empresa pública VISOCAN construyó para la venta y se han movilizado en alquileres económicos.
Las 443 viviendas protegidas de promoción pública nuevas adjudicadas en alquiler por el decreto de adjudicaciones en este periodo se ubican en diferentes zonas de las Islas: 26 en Valverde, 20 en Pájara y 40 en Tuineje, 21 en Tazacorte y 40 en Los Llanos, 65 de La Orotava, 11 en Los Realejos, 105 en Santa Cruz de Tenerife y las últimas son las 115 construidas en dos promociones en Las Palmas de Gran Canaria.
Además, están en proceso de rehabilitación otras 20 viviendas para proceder posteriormente a su segunda adjudicación, agrega la nota.
