El Gobierno canario se enfrenta a una petición de indemnizaciones de 43,1 millones más por la moratoria turística
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido cuatro nuevas sentencias en las que condena al Gobierno canario a iniciar el proceso que conduzca al cálculo y pago de indemnizaciones a la empresa la Dehesa de Jandía SA por acogerse a las excepciones de la moratoria turística y que los promotores cifran en 43,1 millones de euros.
Hace algunas semanas trascendió el contenido de otras ocho sentencias que iban en el mismo sentido, una de las cuales se refería también a Dehesa de Jandía y que suponía unas peticiones de indemnizaciones total de 167 millones. Después de los últimos fallos aún restaría por aclararse alrededor de una treintena más de recursos que suman junto con los anteriores 650 millones y cuyo contenido por lógica tendría que ser muy parecido a los emitidos ahora.
En los nuevos fallos judiciales el Supremo reconoce el derecho de esta compañía a ser compensada tras haber optado por cambiar la calificación del suelo de varias parcelas en el Plan Parcial Mal Nombre – Tierra Dorada en el municipio majorero de Jandía. Los promotores se acogieron a uno de los apartados de la moratoria en el que se define que si aceptaban que la parcela dejara de tener un uso turístico, el ejecutivo estaba obligado a compensarles. El TS ordena ahora al Gobierno canario que calcule el valor de la indemnización que se corresponde a los derechos urbanísticos de las parcelas aunque las fuentes consultadas indican que previsiblemente poco variarán las cifras.
Pese a que estos empresarios contaban con todos los derechos reconocidos, optaron por acogerse a distintos supuestos que contemplaba la ley como permitir que los solares tuvieran la calificación de suelo rústico de protección territorial. Igualmente, el Gobierno se comprometía a “apoyar” la sustitución de las edificaciones alojativas por otras destinadas a parques temáticos, actividades culturales, de ocio, de espectáculos, comerciales, deportivas, de restauración o similares. Sin embargo, transcurrido el tiempo el Gobierno dio la callada por respuesta a la petición de los promotores de que se les compensara por el cambio de uso de estas parcelas.
A partir de entonces tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su momento, como el Supremo ahora, han venido a reconocer que estas compañías pueden acogerse al silencio positivo y reclamar la indemnización, en contra de lo defendido desde el Gobierno canario. Los tribunales además dan un tirón de orejas al ejecutivo autónomo al considerar que ha incurrido en un fraude por incumplir lo que viene recogido en sus propias leyes. El valor del cambio de uso de las parcelas está fijado en 17,1, 13, 1 y 12 millones en cad uno de los casos, hasta sumar un total de 47,1 millones.
Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha indicado recientemente que trabajan en la aprobación de una ley para evitar tener que hacer frente a este desembolso multimillonario.
