Miguel Ángel Ramírez compara al juez Alba con ''la mafia de EEUU en los años 30'': ''Quería cargarse a Rosell''

Miguel Ángel Ramírez, en la primera sesión del juicio contra Salvador Alba.

El empresario Miguel Ángel Ramírez ha asegurado este lunes, en su declaración como testigo en el juicio contra Salvador Alba, que acudió a la reunión que da origen a la causa, celebrada el 16 de marzo de 2015 en el despacho del juez, porque se sentía “amedrentado” por el ahora procesado, que había impuesto una fianza de 35 millones de euros a una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria (SIC), en un procedimiento por fraude fiscal y había imputado cuatro delitos a su entonces número dos, Héctor de Armas, nada más llegar al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. Lo hizo provisto de una grabadora oculta en una llave de coche como “medida de autoprotección” porque no se fiaba “de nadie”.

El juez Alba solo responde a las preguntas del fiscal y su abogado y se declara víctima de un “chantaje”

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Ramírez, que estuvo investigado en este procedimiento y que ha comparecido en la primera sesión de la vista como testigo, ha comparado la actuación de Alba con la de “la mafia en Estados Unidos en los años 30”. Además del elevado importe de la fianza, el testigo ha aludido al comportamiento del magistrado con su entonces mano derecho, Héctor de Armas, a quien, según su versión, insistió en citar, incluso con la amenaza de llevar a la Policía para que acudiese al juzgado, a pesar de que estaba convaleciente por una grave enfermedad. "Era como una mafia. Actuaba como la mafia. Cómo nos presionaba, cómo nos apretaba... Estaba abusando de una situación de poder". 

El relato del empresario contradice por completo al esgrimido por el juez en su declaración como encausado unas horas antes. Según el también presidente de la UD Las Palmas fue el juez y no el letrado de SIC, Sergio Armario, quien concertó la cita del 16 de marzo y quien maquinó el sentido de la declaración que prestó tan solo una semana después. ¿Cuál era el objetivo del magistrado? “Utilizando sus propias palabras, quería cargarse a la hija de puta, a la cabrona, refiriéndose a Victoria Rosell. Quería acabar con su carrera judicial y política”, ha manifestado.

Del contenido de esa conversación con Alba, Ramírez coligió que había planificado un acuerdo “a tres bandas” en el que también participaba la fiscal, Evangelina Ríos, con el objetivo de perjudicar a Rosell a cambio del archivo de la causa por delito fiscal contra Ramírez por un incumplimiento del deber de abstención de la jueza por los supuestos vínculos comerciales del investigado en ese procedimiento con el periodista Carlos Sosa, pareja de la instructora.

El empresario ha negado haber sido socio del director de Canarias Ahora o de alguna de sus empresas y ha limitado sus relaciones a un contrato muy anterior a 2014 (fecha en la que se abren diligencias contra Ramírez) entre Gestiones y Asesoramientos 3000, presidida por su primo y en la que participa con apenas el 0,05% de sus acciones, y Virtual Press, sociedad ya en liquidación y de la que Sosa no era propietario. También ha desmentido la supuesta existencia de una tarjeta VISA ORO a nombre del periódico, conclusión a la que ha llegado la defensa de Alba por un apunte que aparece en la contabilidad de SIC del ejercicio 2007. “Pone pago tarjeta Visa, 2.629€ euros. Saldo: 0 euros”,  ha aclarado Ramírez. “Aquí pone su factura, no tarjeta Visa, es un gasto, un suplido, es imposible que existe una tarjeta de crédito a nombre de Canarias Ahora porque como empresa no existe”, ha insistido.

La reunión del 16 de marzo

Ramírez sostiene que la del 16 de marzo ha sido la única vez en la que ha grabado a Alba, desmontando, de esta manera, el argumento del juez según el cual el archivo REC 004, al que han dado validez tanto la Guardia Civil como la jueza instructora del TSJC y las acusaciones, es producto de un "corta y pega" de diferentes momentos. 

Según el relato del testigo, Alba evitó que el abogado que le acompañaba a esa reunión entrara en su despacho. "Te lo devuelvo intacto", se le escucha decir al juez. "No sé si se me estaba extorsionando, forzando… Estaba en un callejón sin salida. Acudí a esa reunión a ver lo que iba a pasar", ha manifestado el empresario, que asegura que nadie, ni siquiera Armario, sabía que grabaría esa conversación. 

En ese encuentro, Alba le habría trasladado la opción de archivar el procedimiento en su contra y de entrar en el fondo del asunto, así como de la connivencia con la representante del Ministerio Público, Evangelina Ríos, que "estaba enterada de todo y no ponía ningún problema". Incluso llegó a decirle, y así consta en los audios, que estaba arreglando su situación en el juzgado para prorrogar su estancia y poder acabar con el plan maquinado. "Evidentemente, me estaba engañando", asegura Ramírez, que reconoce que en esa reunión se lanzó "a la piscina" en varias ocasiones, con afirmaciones que no se correspondían con la realidad, con el objetivo de "empatizar" con su interlocutor. 

"¿Aspiraba a que se archivara la causa (por delito fiscal)"?, le ha preguntado el fiscal. La respuesta ha sido elocuente. "Lo que no quería es que me siguieran haciendo más daño por una guerra entre dos jueces, poder defenderme de los delitos que me imputaban. No podía convertirme en un pimpampum de un señor con el poder que le otorga ser juez.  Noté en la conversación que valía todo. No había ningún contrato entre Seguridad Integral Canaria y Carlos Sosa. Había uno con una empresa de mi primo, de la que yo tengo el 0,05%, y es de 2009. Le daba igual. Le valía", ha contestado el empresario, que acusa al juez de haberle instado a declarar que esos vínculos comerciales correspondían a 2014, cuando Rosell ya instruía la causa. 

"Dije lo que me dijo el juez que dijera. Si digo la verdad, no existe nada, pero dijo que no importaba, que no diese fechas concreta, que dijese que hacía poco tiempo (de esas relaciones comerciales). Declaré lo que él quería", ha subrayado en referencia a su comparecencia del 23 de marzo ante las partes personadas en la causa. 

La denuncia de mayo

Ramírez entregó en el Juzgado de Instrucción 8 de la capital grancanaria dos archivos de audio con fragmentos de esa conversación con el magistrado  el 11 de mayo de 2016. Según relató, lo hizo nada más aterrizar en Gran Canaria después de un viaje cuando Alba había abandonado el juzgado. El abogado del procesado ha insistido y se ha enrocado durante buena parte del interrogatorio en el detalle de los cortes de las grabaciones para tratar de acreditar la manipulación, tesis que constituye la principal estrategia de defensa.  El empresario ha explicado que editó el archivo original porque no quería que en él apareciese el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya. "Era accesorio", ha dicho. 

A preguntas de las acusaciones, el empresario también se ha referido al contrato para el alquiler de una frecuencia de radio entre Clan de Medios Comunicación y Marketing, la empresa periodística de Carlos Sosa, y la productora de la UD Las Palmas, club que preside. Ramírez ha explicado que no intervino en las negociaciones, rubricadas el 28 de octubre,  cuando Rosell ya había abandonado el juzgado para concurrir a las elecciones generales de diciembre, y que delegó en el administrador de la productora, Patricio Viñayo, y en el director de la radio, Ruymán Almeida.  "La Fiscalía abrió diligencias preprocesales y se acabó anulando. No hubo nada", concluyó. 

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1 de julio de 2019 - 19:23 h

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