El TSJC juzga la actuación de la Fiscalía contra la jueza Rosell en campaña electoral
La enemistad y animadversión manifiestas entre la magistrada en excedencia y ahora diputada de Podemos, Victoria Rosell, y la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, y su jefe provincial, Guillermo García-Panasco, no es conocida en el foro judicial, al menos para un juez y un fiscal cercanos que este jueves han declarado como testigos en la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ante la demanda de Rosell por vulneración de derechos fundamentales contra la investigación a la magistrada por parte de la Fiscalía en plena campaña electoral del 20D, a la que concurrió como candidata.
Esa mala relación vox populi en la Justicia isleña fue uno de los motivos de la jueza contra la investigación de la Fiscalía –paralizada en medidas cautelares por el TSJC al final de la primera semana de campaña electoral y remitida de inmediato por la Fiscalía al Poder Judicial, que la ha archivado- a causa de los acuerdos económicos entre la empresa de su pareja, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y el club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, estaba imputado en una causa que instruía Rosell en su juzgado con Evangelina Ríos como fiscal.
La jueza entendía que ni la fiscal ni su jefe debían abrir acciones contra ella, ya que con Ríos había tenido graves discrepancias hasta el punto de elevar la fiscal otra queja, archivada también, contra Rosell al Consejo General del Poder Judicial, y años atrás la magistrada había investigado un caso de presunta corrupción en el que la esposa del fiscal jefe, alto cargo del Gobierno canario, estuvo imputada.
Con estos antecedentes, ni el teniente fiscal Ernesto Vieira ni el juez de apoyo al juzgado de Rosell, Alejandro Navarro, entendieron este jueves que pudiera haber animadversión o enemistad entre Rosell y Panasco y su subordinada Ríos. “Lo desconozco”, dijo Viera sobre si hay enemistad entre las partes. “No me atrevería a afirmarlo”, indicó acerca de la animadversión. “Saberlo, con exactitud, no lo sé”, declaró el juez Alejandro Navarro, aunque sí admitió conocer que “había discusiones” entre la jueza y la fiscal, en el marco de la causa, pero nunca estuvo presente cuando se produjeron.
Quien sí se extendió más en su declaración fue el teniente fiscal, al haber sido en parte testigo de una discusión entre la jueza y el fiscal jefe, el 2 de diciembre pasado, cuando Rosell se personó en el despacho de Panasco al saltar la noticia de que era objeto de una investigación por parte de la Fiscalía, hecho que vino a marcar toda la campaña electoral en la circunscripción de Las Palmas. Viera entró en el despacho con la conversación ya iniciada, y según explicó, tras saludar a la jueza y notar “el tono de seriedad”, quiso retirarse pero el fiscal jefe le pidió que se quedara.
Según el relato del teniente fiscal, quien dijo que al principio tuvo que deducir y sacar conclusiones del asunto que trataban y que “desconocía entonces”, Rosell hacía referencia a Ríos “y un contrato”, y “al [ministro y líder del PP en Canarias, José Manuel] Soria”, contrincante directo de Rosell en la campaña, y que la jueza “se quejaba de que la investigación la llevara Doña Evangelina indebidamente”. El fiscal jefe rechazaba esas acusaciones de la jueza y aunque Rosell pedía “personarse en la causa para presentar pruebas”, Panasco lo que le replicaba era que “podía presentar los escritos que quisiera”.
“La tensión era evidente, pero no se perdió la compostura”, expuso Ernesto Vieira, quien también admitió que compañeros suyos de la Fiscalía de Las Palmas habían mostrado su “desacuerdo” por las diligencias preprocesales penales, como así las calificó la propia Fiscalía, contra la magistrada ya entonces en excedencia. “No recuerdo si el fiscal jefe explicó a la jueza en ese momento el criterio seguido para que fuera Doña Evangelina quien llevara las diligencias”, dijo Ernesto Viera de esa tensa conversación en el despacho del fiscal jefe, “pero sí lo explicó después: era la fiscal que conocía el caso matriz [la causa contra Miguel Ángel Ramírez] y por ser la fiscal de Delitos Económicos, y preprocesales sin naturaleza penal, por eso no se llevó a reparto” y fue asignada directamente la fiscal enemistada con Rosell.
De esa conversación subida de tono fue testigo desde el inicio otra persona, Gara Santana, que llevaba en esos días electorales las relaciones públicas y con la prensa de la candidata número uno de Podemos por Las Palmas. La periodista explicó este jueves en la vista que escucharon la noticia de la investigación por la radio cuando iban ambas en un coche, y decidieron ir sobre la marcha a Fiscalía a preguntar si era cierto. El fiscal jefe las recibió y, según la asistente de Rosell, “no hubo falta de respeto, pero sí mucha tensión en la conversación”, porque la jueza “se quejaba de su derecho a la defensa y del daño que le causaba en campaña electoral”.
El fiscal jefe, según el relato de Gara Santana, “dijo que no veía que no pudiera ser Evangelina Ríos” quien llevara esa investigación, y también que “no le daba acceso a la causa [a la jueza investigada] porque era reservada”, y que en todo caso podría hacerlo “a su debido momento”. A preguntas del abogado del Estado, la testigo dijo que el fiscal jefe “insistió en quitar hierro a la investigación, diciendo que no era de carácter penal”, aunque tampoco especificó en esa discusión si era “preprocesal”.
De la conversación entre la magistrada en excedencia y el fiscal jefe, la testigo también recuerda que “hablaron de las denuncias anónimas”, ya que la Fiscalía inició precisamente la investigación al recibir “una denuncia anónima”, un hecho que en la vista no ha quedado claro si fue una denuncia formal, aunque anónima, o el documento de un contrato entre la empresa de Carlos Sosa y la UD Las Palmas facilitado a la Fiscalía por “anónimos”. “¿Ahora aceptamos denuncias anónimas?”, recuerda Santana que Rosell le espetó a Panasco. “Ah, ¿y tú no?”, fue su respuesta.
Por su parte, Carlos Sosa también declaró como testigo para concretar todos los pasos que había dado para cerrar el acuerdo económico con la productora de la UD Las Palmas, por la cual esta explota la licencia de radio propiedad de su empresa, y que en ningún momento mantuvo conversaciones con el presidente, Miguel Ángel Ramírez, sino con el director general, Patricio Viñayo, también testigo en la vista que confirmó todos estos extremos.
Esas conversaciones se produjeron, tal y como relató Viñayo, “como una semana antes de firmar el contrato”, que tiene fecha de 28 de octubre de 2015, ya con la jueza en excedencia, y después de sondeos iniciales en el mercado de radios que fueron llevados a cabo por el director de la emisora “desde primeros de octubre”.
Sosa sí que sostuvo que entre el fiscal jefe y la fiscal de Delitos Económicos y su pareja, la jueza Rosell, “hay enemistad manifiesta y le han provocado un daño profesional, político y personal”, al tiempo que volvió a señalar a José Manuel Soria como el inductor de la investigación en plena campaña y de ser ese “anónimo” que llevó a la Fiscalía un borrador del contrato entre su empresa y la UD Las Palmas.
“Tengo la certeza de que fue Soria [quien facilitó a la Fiscalía ese borrador de un contrato fechado erróneamente] porque fue la única persona, aparte de mi abogado y el de la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo ese contrato”, aseguró Sosa en la vista. “No digo que fuera él quien lo llevara a la Fiscalía, pero la única copia similar la tuvo él, y quien se beneficiaba políticamente de esa investigación era Soria, y la perjudicada era Victoria Rosell”, en la contienda electoral del 20D.
En la vista también declaró un agente de la Guardia Civil para explicar si era habitual o no que su unidad de policía judicial adscrita a la Fiscalía acudiera a citar de urgencia a testigos, como el fue el caso de Patricio Viñayo. El agente no aclaró demasiado, pero de su declaración ante la fiscal Ríos, el director general de la UD sí que dijo que “no se me entregó nada, ni un papel a día de hoy”, de lo que había manifestado en Fiscalía. “Lo que se estaba hablando allí, quedaría en ese despacho”, recuerda Viñayo que le dijo Evangelina Ríos.
La Abogacía del Estado, además, renunció a otro testigo, Domingo Alemán, un funcionario de la Fiscalía que presuntamente habría presenciado la discusión del 2 de diciembre entre Rosell y Panasco, en la que solo estuvieron Gara Santana y al final de la misma, Ernesto Viera.
La resolución de la demanda de Rosell queda en manos del magistrado Javier Varona Gómez-Acedo, que a lo largo de la escasa hora que duró la vista insistió en ceñir los interrogatorios a los testigos en los hechos concretos que pudieran ser objeto de prueba de esa vulneración de derechos fundamentales, y dando a entender que “todo está documentado en el expediente” que debe resolver.
