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La asamblea #PreguntarNoEsDelito acusa a Diego de “criminalizar” a los jóvenes

La asamblea anima a los ciudadanos a dirigir preguntas al presidente de Cantabria a través del hashtag #PreguntarNoEsDelito.

Rubén Vivar

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha manifestado este miércoles que aún no ha decidido si declarará por escrito o acudirá a los tribunales en la causa abierta por el incidente ocurrido hace un año en la Universidad de Cantabria (UC) a raíz de su participación en el acto 'Tengo una pregunta para usted'.

Al hilo, ha subrayado que entonces “se me intentó impedir ejercer democracia y responder a una invitación que me habían hecho los estudiantes de la UC, los estudiantes de verdad de la Universidad”.

Ha sido una respuesta breve, a preguntas de los medios de comunicación, pero que no ha sentado bien entre la asamblea 'Preguntar no es delito', que integra a las nueve personas que han sido imputadas por presuntos delitos por desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.

En un comunicado, han respondido a Diego, al que acusan de dar una “vuelta de tuerca más” a la “campaña de criminalización” de los jóvenes. Bajo el encabezado “el mundo al revés”, la asamblea ha recalcado que fueron ellos los “discriminados” al impedir su acceso al acto organizado por el Consejo de Estudiantes para que el jefe del Gobierno respondiera a las preguntas de los asistentes.

Según han recordado, el máximo responsable del Gobierno al día siguiente del escrache manifestó ante los medios que había solicitado al vicerrector que se les permitiera la entrada porque “flaco favor se le hace a la democracia” impidiendo la entrada. Ahora, prosiguen, da un “nuevo giro argumental” y “resulta que los que impedimos ejercer democracia fuimos los jóvenes que aquel día sufrimos discriminación en el acceso al acto público y hoy nos enfrentamos a penas de hasta 12 años de cárcel”.

“Para Ignacio Diego, sólo son estudiantes ”de verdad“ los que practican el seguidismo con el poder político”, han recalcado desde el colectivo, que finalmente han recordado que la sala estaba “semivacía”.

Penas de cárcel

El escrache al presidente de Cantabria el pasado 17 de febrero de 2013 en la Universidad de Cantabria puede acarrear penas de cárcel y multas para los autores identificados por el equipo de seguridad del jefe del Ejecutivo autonómico, después de que el magistrado Luis Enrique García Delgado, del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, haya dictado un auto en el que ve “indicios razonables de criminalidad” e imputa a nueve acusados delitos por desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.

Hace casi un año, Diego acudió a la Universidad con motivo de su participación en el foro 'Tengo una pregunta para usted'. Un grupo de personas, “previamente concertados con la finalidad de alterar el orden público”, se colocaron en el exterior del edificio con el fin de impedir la salida del presidente del recinto, impidiendo que este pudiera acceder a su vehículo oficial, según relata el auto.

La versión judicial ha sido negada rotundamente por los imputados, que aseguran que el juez ha dibujado un “escenario irreal” teniendo en cuenta solo la declaración de los escoltas y del jefe de Gabinete de Ignacio Diego.

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