El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), ha acusado a los regionalistas cántabros de “mentir” y sembrar “catastrofismo” con sus críticas a las enmiendas que el propio PP que sustenta al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha pactado con Vox para la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa para incluir medidas “ya previstas” por anteriores ejecutivos o desarrollar posibilidades legales “ya disponibles”, como la polémica construcción de vivienda en suelos rústicos a través de la figura del Plan Singular de Interés Regional (PSIR).
En este sentido, el consejero ha insistido en que la legislación sobre los PSIR ya contemplaba la construcción de vivienda. El cambio que pretende introducir el PP es que no todas las que se construyan sean protegidas (VPO), sino un máximo del 30%, lo que, a su juicio, “avivará el interés de la iniciativa privada”, ya que el resto podrán ser viviendas libres.
Con respecto a los cambios que se pretende introducir en el Plan de Ordenación del Litoral, Media ha dicho que “responden a la necesidad de evitar que desaparezcan los Bienes de Interés Cultural (BIC) en riesgo de desplome”, ya que, a su juicio, la modificación facilitará que se realicen las obras necesarias.
Autocaravanas en Oyambre
Además, Media ha dicho este lunes que el anterior consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC), como presidente del Patronato del Parque Natural de Oyambre, fue el que “impulsó y presidió” el órgano que aprobó el aparcamiento de autocaravanas en este espacio, por lo que ha criticado que sea ahora el propio PRC quien proteste.
Según Media, no solo el Patronato, con el visto bueno de los alcaldes, dio su visto bueno unánimemente a esta medida, sino que el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) llegó a publicar en información pública el borrador de los cambios y también la aprobación de la Autorización Ambiental Estratégica. Sin embargo, la legalización de este tipo de turismo de autocaravana no se consumó y ahora es el PP quien la retoma con un texto idéntico al entonces aprobado.
El cambio vino promovido por la acampada irregular de autocaravanas en zonas de uso limitado y los daños que se producían en el entorno del Parque. La resolución de 2022 por la que se aprobaba el Informe Ambiental Estratégico señalaba que “se ha ido produciendo un aumento muy significativo de los usuarios de autocaravanas y vehículos equivalentes que desean pernoctar dentro del ámbito del Parque Natural. La demanda de este tipo de usuarios es muy superior a la oferta actualmente existente de lugares habilitados para tal uso y se ha detectado que se producen multitud de pernoctas y de comportamientos indebidos de este tipo de usuarios en lugares no habilitados que generan una importante degradación del entorno”.
Media ha exigido al portavoz regionalista, Pedro Hernando, “a dejar el teatro para los actores y a los políticos la resolución de los problemas ciudadanos”. “Nadie va a construir sin control en Oyambre”, ha asegurado.
Pelotazo urbanístico
Tras estas declaraciones, la reacción del PRC no se ha hecho esperar y el portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha realizado una convocatorio urgente en el Parlamento de Cantabria donde ha afirmado que el objetivo “fundamental y básico” de la Ley de Simplificación Administrativa elaborada por el Gobierno del PP es conseguir que “se construya en suelo rústico” y que los espacios naturales “sean motivo de desarrollo, de venta y de especulación urbanística”. Asimismo, ha advertido de que la modificación realativa al Parque de Oyambre puede ser “inconstitucional” por obviar los trámites ambientales preceptivos.
Hernando ha negado que el PRC no apoye la construcción de vivienda protegida vinculada a los PSIR, sino que su planteamiento es que no sea libre, algo que pretende el PP “por la puerta de atrás”. “Un pelotazo urbanístico, ni más ni menos”, ha sentenciado.
Al respecto, Hernando ha denunciado que al Gobierno “le importa poco la simplificación administrativa”, al tiempo que ha dicho que “la cruda realidad” es que el Ejecutivo de Buruaga “lo que pretende es solucionar los cambios en la Ley del Suelo por la puerta de atrás, sin informes ambientales”.