Despilfarro como filosofía
Eran otros tiempos. En aquel momento vivíamos inmersos en la gran crisis económica y financiera que asoló a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se desbocó, los problemas de vivienda eran acuciantes, con los desahucios en el centro de la agenda social, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se rendía a la evidencia cuando ya fue imposible poner más eufemismos sobre la mesa y hablar de “desaceleración” sonaba a chiste macabro.
Fue en aquellos años finales de la legislatura que desembocaron en la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy cuando el Ejecutivo socialista se sacó de la chistera el bautizado como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, —en su forma abreviada y más coloquial—, Plan E o Plan Zapatero. Se canalizaron ingentes cantidades de dinero público hacia la construcción, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Obras, obras y obras por todos los lados con el objetivo de taponar la sangría de personas en el desempleo y el frenazo de una economía ligada al ladrillazo.
Fueron casi 30.000 proyectos y más de 8.000 millones de euros. Vimos cómo se alquitranaban calles que, aparentemente, estaban en buen estado. Cómo se levantaban aceras que, de no ser por la necesidad imperiosa de poner dinero público en circulación, no se hubiesen tocado. Parques, mobiliario urbano, centros de interpretación, infraestructuras de todo tipo para las que una vez construidas no había un futuro previsto. Ese plan pasó al imaginario colectivo por los carteles enormes que acompañaban a cada pequeña intervención de nuestros pueblos y ciudades. Tenía que quedar bien claro quién pagaba, cuánto costaba y lo importante que era poner esa obra en marcha.
Cuando han pasado casi dos décadas de aquella locura colectiva en la que nos vimos inmersos, no puedo evitar que me venga a la memoria ese Plan E cada vez que escucho a nuestra clase política hablar de los fondos europeos que se aprobaron tras la pandemia de la COVID-19. Especialmente, en lo relativo a los planes de sostenibilidad turística —con ese oxímoron que supone hablar de sostenibilidad y turismo— que han sido otorgados con gran ligereza. Desde luego, no tienen el mismo impacto ni suponen la misma inyección económica que aquellos proyectos del Plan Zapatero, pero sí comparten una misma filosofía común que roza el despilfarro. Y como entonces, pondrán en apuros a muchas administraciones, incapaces de gestionar esos fondos con una mínima coherencia.
En el caso de Cantabria, están aprobados nada menos que 19 planes de sostenibilidad turística con más de 500 actuaciones en 46 municipios por una cuantía que ronda los 60 millones de euros: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Noja, Arnuero, Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Suances, Medio Cudeyo, Valderredible, Santillana del Mar, Reocín, La Engaña, Saja-Nansa, Liébana y Peñarrubia, Alto Asón, Los Valles... La lista es larga. La cantidad de ocurrencias que hacen pasar algunos por “sostenibilidad turística”, mucho más. Funiculares, tirolinas gigantes, vías ferratas, paneles informativos, 'cacharritos' smart... y muchísima propaganda.
Esta semana hemos conocido el primer pinchazo a la burbuja: el alcalde de Suances ha tenido que renunciar a 3,4 millones de euros que tenía concedidos por la incapacidad de llevar a cabo los proyectos dentro del plazo previsto, que finaliza este próximo mes de junio. Para hacernos a la idea del agujero, ya con actuaciones en marcha que ahora habrá que pagar de otra manera, esa cantidad supone más de un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento y multiplica por diez las inversiones municipales previstas para este año 2026. Es el primero, pero no será el último. El goteo será constante a partir de ahora. La improvisación ha sido tal que les va a pasar por encima a casi todos.