Un dueño de Ecomasa asegura que las operaciones no generaron “ningún perjuicio” y que el ICAF y Sodercan las conocían

Uno de los dueños de Ecomasa World Investement (EWI), Andrés de León, ha asegurado este lunes en el juicio contra él y el otro responsable de la empresa, Jesús Lavín, que las operaciones por las que ambos están acusados de presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de la misma no generaron “ningún perjuicio económico” -a EWI y a Sodercan, en su condición de socia- y ha indicado que esta última estaba informada de las actuaciones en cuestión mientras que el ICAF conocía “con exactitud los detalles”.

Así lo ha manifestado De León durante su declaración en la vista oral, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, en la que ha respondido solo a preguntas del fiscal y de su abogado, en tanto que Lavín se ha acogido a su derecho a no declarar a ninguna de las partes personadas.

Ambos se enfrentan a una pena de cuatro años y medio de prisión, a una multa de 8.100 euros y a una indemnización conjunta de 3,2 millones que pide la Fiscalía como supuestos autores de los citados delitos en esa sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada (Maliaño) y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015, gobernada por el PP.

Esta causa -que consta de diez mil folios- fue iniciada por los empleados para intentar recuperar -sin éxito- los 3 millones de sus indemnizaciones por despido en la planta de electrodomésticos de Santander aportados al fracasado proyecto de Camargo. Después se sumó el Gobierno de Cantabria a través del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) y Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria). En paralelo, los dos dueños y el administrador de Ecomasa fueron inhabilitados tras declararse culpable el concurso.

Las operaciones objeto del proceso penal están relacionadas con la capitalización de un crédito con una sociedad chilena del grupo por valor de 500.000 euros; la adquisición de participaciones por casi 900.000 euros -y supuestamente con “sobrevaloración” de las mismas- de otra entidad que formaba parte de EWI para compensar la deuda que tenía; y la compra de una marca comercial a otra socia por 1,8 millones como compensación del crédito que mantenía con Ecomasa y que se daba así por pagado.

Andrés de León ha aseverado que tanto Sodercan como el ICAF conocían “perfectamente” y “desde el primer momento” la existencia de esos créditos así como también las operaciones realizadas, pues para algunas -ha señalado- se “requería el okey” de la primera, en tanto que el segundo tenía “toda la información” de uso de dinero público.

En este punto, ha indicado que el entonces consejero delegado de Sodercan, Eduardo Arasti -como titular de la Consejería de Industria-, formaba además parte del consejo ejecutivo del ICAF, por lo que los pasos que se daban los “conocían todos” y, en cualquier caso y según ha remachado, “no se decidían cosas sin que hubiera total transparencia”. En otro momento ha agregado que la exconsejera de Economía, la igualmente 'popular' Cristina Mazas, estaba representada en el ICAF y Sodercan.

De la citada valoración de acciones, De León ha indicado que se hizo en base al informe que encargó el ICAF a un experto independiente, valoración que le pareció “bastante coherente”. Y también ha achacado a un perito designado por el instituto de finanzas la valoración de la marca, a partir de la cual -ha agregado- aprobó Sodercan las cuentas.

De todos modos, ha reafirmado que con las operaciones en cuestión “no existió ningún perjuicio económico”, y ha añadido que desde el grupo siguieron informando a ambas entidades públicas cuando se salieron del proyecto, reconociendo que ninguna de ellas recuperó las cantidades aportadas así como tampoco ellos, como dueños de Ecomasa.

“No tuvimos ningún beneficio”, ha zanjado De León, tras defender que las acciones enjuicidas se hicieron para “fortalecer” el proyecto de EWI y que Sodercan e ICAF, debido a que las “conocieron”, “pudieron hacer todo lo que quisieron y no hicieron nada”. En línea con lo anterior, y para finalizar, ha reflexionado que ninguna de las partes perjudicadas solicitó la retroacción de las operaciones, “ni tampoco los administradores concursales”, ha remachado.

“No nos daban explicaciones de cómo se gastaba el dinero”

En la primera sesión del juicio, celebrada de mañana y tarde, han declarado los testigos y algunos peritos, en tanto que el resto de la prueba pericial se practicará el martes, en la segunda y última jornada de la vista.

Entre los testigos citados figuran el entonces director del ICAF, una directiva de Sodercan o uno de los dos miembros que en representación de esta empresa pública formaban parte del consejo de administración de Ecomasa. Este último ha manifestado que, al igual que su compañero, cesó “a petición propia porque no nos daban explicaciones de cómo se gastaba el dinero”.

“Pertenecíamos a un consejo de administración donde no nos enterábamos de casi nada”, ha expresado este testigo, ingeniero industrial que se encargaba de la parte técnica, en tanto que la económica recaía sobre el otro representante y a cuya testifical han renunciado las partes al no haberse personado por no haber sido citado.

Según ha detallado el que sí ha comparecido, desde EWI les daban “siempre” la misma “explicación” para no informarles: “que ya lo sabía el Gobierno de Cantabria”. Sí les informaban, según ha precisado, de las estufas que fabricaban o tenían previsto producir, “pero el tiempo iba pasando y no se levantaba cabeza”.

Y a preguntas de las partes sobre la mencionada valoración de acciones, ha expresado que les pareció una “cosa absurda” el valor establecido -1,8 millones- para una marca “recién inventada”.

La directiva de Sodercan ha explicado que entonces ella era responsable de empresas participadas, pero no apoderada, y fue a dos reuniones de socios por mandato del consejero delegado. Ha indicado que fue a una de ellas, en la que se abordó la compra de la marca, sin información al respecto: “Si la había, yo no la tenía”.

Y de todos modos, ha indicado que siempre “reportaba” con su director, como en una de las juntas -sobre venta de acciones- en las que se pidió la abstención de Sodercan tras un informe solicitado al efecto. De ahí, ha explicado, un 'incidente' en el acta, en la que ponía que los acuerdos se habían adoptado por “unanimidad” y se pidió “tachar” esta palabra.

El ICAF no tenía relación directa con Sodercan

Por su parte, el director del ICAF cuando sucedieron los hechos ha iniciado su declaración señalando que conocía a los dueños de Ecomasa, a Andrés de León “de vista” y a Jesús Lavín porque era su vecino y habían sido socios en un negocio anterior.

Después, ha explicado que en 2012, tras informes favorables de técnicos del ICAF, se concedió a Ecomasa un préstamo y aval para financiar y absorber los trabajadores de Teka y poner en marcha la fábrica de estufas de Maliaño, porque en ese momento la situación de Sodercan era “mala” por otros proyectos fallidos, como GFB.

Ha señalado también que este organismo no tenía una relación directa con Sodercan, por lo que no le transmitía información: “Así, como por concepto, no”. Y tampoco recuerda haber dado “instrucciones concretas” sobre EWI.

Un perito propuesto por Sodercan cree que operaciones enjuciadas fueron “un perjuicio” para EWI y ve “muy elevada” la previsión de crecimiento del grupo -de “dos dígitos” en un negocio “maduro”- cuando su viabilidad no estaba garantizada, sino “en entredicho”, pues no había entrado ningún inversor: “Solo dinero público y no lo suficiente para garantizar la liquidez”, aunque ha reconocido el “desequilibrio total” entre la aportación pública y la privada, al ser la primera “infinitamente superior” a la segunda.