El entusiasmo del Gobierno del Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga a la hora de promocionar el proyecto del centro de datos Altamira contrasta con las cautelas y el escepticismo que está generando en la oposicion política la falta de información sobre esta iniciativa privada para invertir 3.600 millones de euros y generar 1.500 empleos en Cantabria.
Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dossier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado Stoneshield, el fondo de inversión del hijo de Ana Botín, ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.
“Estamos ante un proyecto demasiado opaco para ser tan importante para Cantabria”, considera el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en declaraciones a este periódico. Pedro Hernando critica que no conocen a la empresa promotora, Tavira 424, “de la que el consejero nunca ha hablado en el Parlamento”, ni sus datos de inversiones y empleo reales, ni la viabilidad económica “porque en la memoria estos datos aparecen borrados”. Tampoco conocen el informe de la Universidad sobre las cuestiones técnicas “porque no existe” -subraya- “como así lo ha confirmado el consejero ante los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo”.
Estas circunstancias conducen a los regionalistas a pensar que “las dudas son fundadas”. “Mucha inversión, mucho empleo -más que Google y Amazon juntos en Aragón-, mucho consumo de energía y nada de información, ni un dato concreto, ni una cifra real”, advierte Hernando.
“Los regionalistas solo nos ponemos la camiseta de Cantabria y de momento el proyecto de Tavira 424 nos genera más dudas que certezas”, subraya. Con todo, el PRC espera “que salga bien, por el interés de todos” y advierte de que “solo estaremos muy vigilantes”. “Adhesiones inquebrantables como la que ha pedido Arasti, ninguna” -confirma- “hasta no verlo todo blanco sobre negro y no negro sobre blanco que es de momento la memoria que conocemos”.
Por su parte, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, considera que se está tramitando “bajo un manto de oscurantismo, falta de transparencia y opacidad que un gobierno no puede permitirse y que el PP no solo se está permitiendo, sino que está haciendo gala de ello”. Primero, admitiendo que no existe el informe de la Universidad que avala el proyecto del centro de datos ‘Altamira’ y que Buruaga daba por confirmado y “ahora censurando un dossier con documentación sobre esta inversión millonaria al Parlamento de Cantabria”.
El PSOE califica esta circunstancia de “tremenda irresponsabilidad” y que es una falta de transparencia evidente “que da idea de la desesperación que el Gobierno del PP tiene para apropiarse algún proyecto para intentar sacar la cabeza, aunque la inversión sea privada” -añade- “porque no tienen ningún proyecto propio para Cantabria ni ninguna inversión propia en Cantabria que no sea herencia recibida del gobierno anterior o iniciativa del Gobierno de España”.
“El proyecto Altamira es el espejo de las contradicciones entre la euforia de Buruaga y la dura realidad de la parálisis de Cantabria” -subraya Quiñones- “un proyecto con inversión 100% de capital privado del que Buruaga se ha hecho su principal valedora”.
En este sentido, el PSOE de Cantabria señala una contradicción: el proyecto necesitará mano de obra altamente cualificada en conocimientos de energías renovables, “talento que tendrá que venir de fuera de Cantabria porque a la vez que avalan este proyecto niegan la necesidad de desarrollar el centro de Formación Profesional en Viérnoles para capacitar a personas en conocimientos en materia renovable”.
“El proyecto Altamira es el espejo de las contradicciones entre la euforia de Buruaga y la dura realidad de la parálisis de Cantabria”, concluye la portavoz socialista.