El PRC apoya al alcalde de Ribamontán al Monte tras recibir una condena por prevaricación
El PRC ha trasladado su apoyo al alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), tras conocer este miércoles la sentencia de 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo, dictada por la Audiencia Provincial, que le ha absuelto de otras cinco acusaciones formuladas en su contra por su antecesor en el cargo, José Luis Blanco Fomperosa (PP).
Así lo ha anunciado el partido en una nota de prensa en la que el vicesecretario de Organización, Jesús Ochoa, ha avanzado que no exigirá responsabilidades políticas mientras la sentencia no sea firme y se ha mostrado convencido de que Arco “actuó por el bien del Ayuntamiento”, porque es “un político íntegro y honrado, que siempre ha actuado de buena fe, asesorado por la letrada municipal y anteponiendo los intereses de sus vecinos a cualquier otra consideración”.
Espera por ello que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ante la que Arco recurrirá en los próximos días la sentencia de la AP, “acabará dándole la razón, tal como ha hecho la propia Audiencia con 5 de las 6 acusaciones del exalcalde del PP”.
En este sentido, ha recalcado que la sentencia conocida hoy rechaza las imputaciones de Blanco Fomperosa y no aprecia “indicio alguno de delito” en relación con el traslado y pago de nóminas a una trabajadora municipal, la contratación del servicio informático, el nombramiento de la secretaria interventora como tesorera y el pago de facturas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Respecto a la acusación sobre la contratación de un arquitecto técnico, que sí ha sido estimada y ha dado lugar al fallo recurrible de inhabilitación, ha destacado que la propia sentencia recoge que la decisión del alcalde fue adoptada contando con el asesoramiento jurídico de la letrada municipal, “como quedó acreditado en el juicio oral”.
“No queremos que vuelva a repetirse lo ocurrido en 2021 en Hazas de Cesto, donde una sentencia similar provocó la dimisión del exalcalde regionalista José María Ruiz Gómez por una condena que fue revocada meses después por la Audiencia”, ha indicado.
Ante esta situación, el vicesecretario de Organización ha concluido que el PRC “cumplirá de manera estricta lo establecido en el código ético que deben cumplir sus cargos públicos” y no exigirá responsabilidades políticas en tanto no exista una sentencia firme.