El alcalde de Ribamontán al Monte acusado de prevaricación defiende que todas sus actuaciones contaron con asesoramiento legal

El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha asegurado que “todos los pasos” que él y su equipo han dado al frente del Ayuntamiento han estado “siempre” consensuados y han contado con “asesoramiento legal”, en concreto de la letrada contratada por el Consistorio, y ha achacado la denuncia del anterior Gobierno local del PP por pagos supuestamente irregulares -contaban con reparos de ilegalidad de la secretaria municipal- a la “pésima” relación entre esta funcionaria y la abogada en una etapa en la que el “clima” en esta Administración local era “indescriptible”.

“En todo momento he estado asesorado jurídicamente, siempre”, ha afirmado el regionalista para defender que “no ha dado un paso sin asesoramiento jurídico”. “No tengo ni idea de Derecho. Nos asesorábamos en todo momento”, ha insistido el regidor -ingeniero técnico industrial de electricidad- este miércoles en la primera sesión del juicio contra él por un presunto delito continuado de prevaricación, por el que se enfrenta a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, que piden para él la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Partido Popular.

Ambas partes le atribuyen pagos entre 2016 y 2017 -por cerca de 20.000 euros según el ministerio público, importe que el PP calcula en más de 140.000- pese a informes contrarios de la Intervención y a los citados reparos de la secretaria, que en su declaración como testigo los ha enmarcado en su labor de control y ha considerado que el alcalde “seguía los dictámenes” de la letrada que le asesoraba.

La causa, que se enjuicia esa semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria y en la que se archivó la imputación inicial de otros cinco concejales por un error en el procedimiento (declararon tras concluir el plazo de instrucción), tiene que ver con el pago de cuatro facturas, dos de casi 4.000 euros de honorarios de abogados en la defensa del alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.

Las otras dos están relacionadas con el pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación había sido realizada por la jurídico municipal, y de 8.000 euros a una consultora sobre la plantilla del Ayuntamiento.

También había reparos de la interventora en el cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.

En el arranque de la vista oral, la defensa ha vuelto a pedir la nulidad de actuaciones al entender que se han practicado una vez concluida la fase de instrucción y que sería por tanto extemporánea la declaración del investigado, para el que reclama un fallo absolutorio. Cuestiones a las que se han opuesto las acusaciones y que la Sala estudiará y resolverá cuando dicte sentencia.