Los sindicatos del personal docente e investigador de la Universidad de Cantabria rechazan la nueva Ley de Universidades

Interfacultativo por dentro

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria (UGT, CCOO y CSIF) ha rechazado la propuesta de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que reemplazará a las normativas legales que regulan por ahora las universidades españolas, la LOU y LOMLOU.

En un comunicado, el órgano sindical ha sostenido que lo que empezó como un Estatuto del personal Docente e Investigador de las universidades públicas "ha desembocado en una ley de parches y retales, orientada a contentar a muchos sin contentar a nadie y que parte de un profundo desconocimiento del daño causado a las plantillas universitarias por las sucesivas crisis recientes".

La Junta ha criticado que la LOSU carece de una memoria económica "pero impone un fuerte cambio" en la estructura y proporción de las plantillas del PDI universitario a realizar en tres años.

Para los sindicatos del personal docente de la universidad cántabra "la estabilización de las plantillas sin una memoria económica puede ser una ley incumplida o bien cargará a perpetuidad un enorme gasto anual adicional sobre las comunidades autónomas que éstas no estarán dispuestas a asumir sin recortes".

En este sentido, la Junta estima que la propuesta de la nueva normativa legal de universidades supondrá un incremento de, al menos, un 15% del gasto anual en las nuevas nóminas para los PDI permanentes que deberían incorporarse a las universidades públicas para ajustarse a la ley "y faltan medios económicos para cumplirla".

Los sindicatos se oponen también a que la nueva ley no elimine la tasa de reposición, "una de las causas del desmantelamiento del sistema universitario, con lo que se hace aún más utópica la transformación de las plantillas que se propone", han censurado.

Además, rechazan que la nueva ley "no establece una carrera académica decente, lo que junto a la ausencia de medios económicos, deja al albur de un futuro incierto e inseguro a grandes grupos del PDI, en especial interinos, ayudantes de doctores y asociados".

La Junta ha recalcado también que la LOSU "propone un cambio drástico en las estructuras de las plantillas pero no define ni cómo serán las nuevas acreditaciones ni cómo se van a coordinar las agencias autonómicas para una acreditación común, lo cual suena también como impracticable".

En relación a esta falta de concreción sobre las acreditaciones, los sindicatos prevén que "generará todavía más incertidumbre en todos aquellos sectores del PDI que no ocupan puestos de funcionarios".

El órgano sindical ha reprobado igualmente que la nueva normativa legal de las universidades no clarifique cómo sería el Estatuto del PDI que se debería negociar a posteriori ni la planificación de cómo se han de adaptar a las nuevas figuras los actuales contratados (permanentes, interinos o con contratos de duración limitada).

Por último, se oponen a distintas medidas de la nueva normativa legal "que reducen muy drásticamente la democracia en la gestión de las universidades públicas con un modelo de elección de gestores propio de las universidades privadas" o que "no reducen el exceso de burocracia en la vida académica".

"Es una ley torpe que puede causar graves por un desconocimiento claro del sistema público universitario español", concluye la Junta de Personal Docente e Investigador de la UC, que insta al ministro de Universidades, Manuel Castells, a "devolver este texto y negociar en serio con los agentes sociales una buena ley para las universidades españolas".

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats