El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud, dado el volumen del presupuesto que gestiona. El informe de fiscalización de las cuentas de Cantabria, correspondiente a 2023 y publicado el 27 de noviembre, pone en evidencia “la existencia reiterada de gastos realizados que no disponen de dotación presupuestaria” en este organismo dependiente de la Consejería de Salud por “deficiencias en la adecuación del presupuesto inicial”.
El análisis indica que resulta relevante el hecho de que el SCS, en virtud de lo que disponen sus estatutos, no está sometido a la función interventora, la cual ha sido sustituida por el control financiero que a su juicio resulta insuficiente.
El Tribunal aconseja modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para que sea obligatorio que tengan presupuestos propios y rindan cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General.
De manera especial pone el acento en que el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud se adapte a las necesidades reales de gasto de cada año para evitar gastos extras sin dotación y reducir, al mismo tiempo, la necesidad de endeudarse.
Una recomendación recurrente que se hace cada año. El informe de las cuentas de 2022 subrayaba que las necesidades reales de gasto del SCS habían requerido incrementar su presupuesto en 130 millones de euros.
De hecho, el análisis actual señala una irregularidad –salvedad, en términos contables– en la gestión de las cuentas de Cantabria porque se imputaron al presupuesto de 2023 gastos procedentes de ejercicios anteriores –y que, por tanto, se debían haber reconocido en tales ejercicios– por importe de 115 millones de euros, un 36,3 % más que en 2022. Fecha en la que ya se había producido un aumento interanual del 4,7 %.
De este importe, 64 millones corresponden al Servicio Cántabro de Salud (SCS). Son gastos que se hacen sin disponer de crédito y que se han reconocido –erróneamente desde el punto de vista contable y fiscal– como si se tratara de obligaciones ordinarias de ese año. Todos ellos proceden de obligaciones comprometidas sin disponer de dinero suficiente en el ejercicio en el que se generaron.
El análisis también señala que, en sentido contrario, no se imputaron a presupuesto 109 millones de euros correspondientes a obligaciones generadas en el ejercicio, de los que 61.926 miles corresponden al SCS. En consecuencia, las obligaciones reconocidas están sobrevaloradas en 5,7 millones de euros.
En el análisis de la liquidación del presupuesto de Cantabria de 2023 el Tribunal de Cuentas detecta algunas incidencias más. En primer lugar, se presenta una sucesión de partidas presupuestarias sin ordenar ni agregar por capítulos, secciones y programas, “lo que resta claridad a la información suministrada y dificulta el análisis”, reprocha.
Las recomendaciones que hace el informe son, en general, recurrentes y muy técnicas. El documento evidencia algunos datos relevantes como que en 2023 se dejaron de gastar 228 millones de euros que quedaron sin ejecutar. De igual modo, tampoco se gestionaron otros 216 millones de euros correspondientes al fondo de Recuperación y Resiliencia.
Salvedades
El informe reprocha las modificaciones financiadas con créditos del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han sido “una práctica habitual en lugar de excepcional como prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023”. Es decir, que se ha utilizado ese dinero para modificar gastaos presupuestarios, lo cual no es un procedimiento correcto desde el punto de vista contable y financiero.
Al tiempo, censura que no adjunta información sobre los presupuestos de la Universidad de Cantabria, ni los correspondientes a las sociedades Aberekin, S.A., Parque Empresarial de Cantabria, S.L. y Gran Casino del Sardinero, S.A. que no están sometidos a control.
Añade que en los organismos “sobre los que no se ejerce la función interventora” y, en especial, sobre el Servicio Cántabro de Salud y sobre el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actuaciones de control financiero “resultan insuficientes”.
De hecho, subraya que no se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria, ni tampoco sobre tres de las once fundaciones públicas autonómicas, ni sobre 18 de las 19 empresas públicas, pese a que –precisa– todas estas instituciones han sometido a auditoría sus correspondientes cuentas anuales. En resumen, el Gobierno de Cantabria solo acreditó informes de control de eficacia sobre la actividad de 8 entidades públicas.
El análisis subraya algunas otras cuestiones menores como que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) no tiene registrada la cesión gratuita por la Consejería de Economía y Hacienda de las instalaciones en las que desarrolla su actividad, o que la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) no ha acreditado el registro contable de la cesión de uso de un inmueble y de un despacho de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.
Por parte de la Universidad de Cantabria destaca que no ha incluido en su memoria económica la obligatoria explicación del grado de cumplimiento de los objetivos programados y de las desviaciones entre las partidas inicialmente aprobadas y las ejecutadas por lo que las considera “cuestionables”.