El Ayuntamiento de Santander ha abierto la caja de los truenos con la revisión del contrato de adjudicación con la empresa adjudicataria de Parques y Jardines. Tras muchos años de indefinición y falta de control por parte del Consistorio, ahora se acumulan los expedientes sancionadores y las dudas sobre la forma en la que se ha gestionado este servicio. Lo último: la reclamación de 878.279 euros que la concesionaria había cobrado de más y que ahora deberá devolver.
Así lo ha informado este martes en rueda de prensa el portavoz municipal, Javier Ceruti (Cs), después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander haya desestimado definitivamente las alegaciones de la UTE Parques y Jardines y haya aprobado la revisión de precios del contrato, al detectarse este desfase económico a favor Consistorio entre los años 2015 y 2018.
Ceruti ha explicado que se han desestimado todas las alegaciones realizadas por parte de la empresa, que ha definido como de carácter “puramente jurídico”, al considerar que son contrarias a la Ley de Contratos, y ha comunicado que la UTE deberá reembolsar al Ayuntamiento estos casi 900.000 euros que “hemos pagado de más”.
Las dudas que rodean a esta UTE desde hace aproximadamente un año, con un conflictivo proceso de resolución de contrato y un problema laboral que afecta al centenar de empleados de este servicio municipal privatizado, se concretan ahora en un nuevo punto negro que refleja la falta de control que ha existido por parte de las autoridades municipales en este caso.
Y es que según ha hecho público Ceruti durante su intervención ante los medios, aunque la revisión periódica de precios estaba prevista en el contrato, no se hizo salvo en el primer año de concesión, en 2014. Desde entonces, no se realizó ni nadie lo reclamó, hasta que ahora la Intervención municipal ha llevado a cabo el cálculo hasta 2018 y requerirá el pago del desfase a la concesionaria.
Este servicio, que cada año cuesta al Ayuntamiento de Santander más de 6,5 millones de euros en total, tuvo un desfase a favor de la adjudicataria en el año 2015 de 17.026 euros, mientras que en los años sucesivos fue de 195.238 euros en 2016, 577.697 euros en 2017 y 122.370 euros en 2018, hasta alcanzar esos 878.279 euros que ahora se reclaman por parte del Consistorio.
Pendientes de la adjudicación
Por lo que se refiere a la decisión de adjudicar o no el contrato sucesivo que se tramitó en mesa de contratación, Ceruti ha indicado que trata de una “decisión política”. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento está a la espera de la resolución de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre este asunto, “que podría dar luz sobre la viabilidad o no de la adjudicación a quien resultó mejor puntuado en el procedimiento de evaluación”, la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa.
El concejal de Ciudadanos ha indicado que, entonces, habrá que decidir “si es viable o no esa adjudicación” teniendo en cuenta que han pasado dos años desde el inicio del procedimiento, con lo que “cabe la posibilidad de que una o sucesivas empresas adjudicatarias declinaran asumir esa responsabilidad”.
En cuanto a los expedientes sancionadores por incumplimientos, Ceruti ha indicado que están siendo tramitados, aunque a la espera de informe técnico del servicio, que se ha retrasado por la decisión de sustituir a su jefe, cuya plaza aún no está cubierta aunque “parece que está muy próxima la finalización de este proceso”, lo que permitirá continuar con la tramitación administrativa.