Puertollano: la huelga no puede convertirse en un expediente penal colectivo
Puertollano ha vuelto a recordarnos algo esencial: cuando la gente trabajadora se planta para defender sus condiciones de vida, lo que está en juego no es solo un convenio, sino la dignidad. Y precisamente por eso preocupa —y mucho— la deriva que estamos viendo tras las 16 detenciones vinculadas a los hechos ocurridos durante la huelga del metal de los días 3 y 4 de noviembre en los accesos al complejo industrial.
Desde CCOO se ha denunciado que las actuaciones han sido “desproporcionadas”, señalando que se ha sacado a personas trabajadoras de sus centros, se les ha esposado en las inmediaciones y se ha generado una alarma innecesaria, además de advertir de una posible vulneración de derechos. También se ha hecho referencia al bloqueo temporal de accesos al complejo para algunas de estas personas, con consecuencias laborales directas.
Quiero decirlo con claridad: defender el derecho a huelga no es justificar la violencia. La violencia —si la hubo— debe investigarse con rigor, garantías y proporcionalidad. Pero criminalizar un conflicto laboral o convertir un episodio de tensión en una “caza” ejemplarizante es un error democrático y social. Porque el mensaje que se lanza es peligrosísimo: “Si protestas, te expones”.
Y no. En un estado de derecho, nadie debería ser señalado públicamente por ejercer derechos fundamentales. La presunción de inocencia no se negocia. Y el derecho a la huelga —reconocido y conquistado— no puede quedar subordinado a una estrategia de intimidación. El sindicalismo, además, ha reiterado su condena de cualquier acción violenta y su defensa de una huelga pacífica, reivindicando que “la huelga no es un delito”.
Lo que está ocurriendo en Puertollano se enmarca en una realidad que demasiadas familias conocen: contratas, subcontratas, precariedad, turnos, incertidumbre. El metal sostiene buena parte del pulso industrial de nuestra tierra, y quienes lo levantan cada día merecen algo básico: respeto, seguridad jurídica y negociación justa.
Por eso, desde Movimiento Sumar en Castilla-La Mancha:
1. Mostramos nuestro apoyo a las y los trabajadores del metal, a sus familias y a quienes han sostenido el conflicto con organización y solidaridad.
2. Exigimos garantías: proporcionalidad en las actuaciones, respeto a derechos y un escrupuloso cumplimiento de la presunción de inocencia.
3. Pedimos a las administraciones competentes que impulsen vías de diálogo social reales y permanentes en el sector, para que los conflictos laborales no se gestionen desde la excepcionalidad policial, sino desde la negociación colectiva.
4. Rechazamos cualquier intento de enfrentar a la ciudadanía: ni “huelguistas” contra “trabajadores”, ni “derecho” contra “orden”. Lo que necesitamos es justicia laboral, condiciones dignas y paz social con derechos.
Puertollano no merece miedo. Merece futuro. Y el futuro se construye con empleos dignos, negociación, industria sostenible y derechos.