Tiempos nuevos, tiempos salvajes

“Levántate y lucha”, cantaba Jorge Martínez de Ilegales en 1982, el año que Castilla-La Mancha aprobaba su Estatuto de Autonomía. Una región que iniciaba su propio viaje hacia el autogobierno, hacia la dignidad política y la conciencia de sí misma.

Aquel Estatuto de Autonomía recogía que Castilla-La Mancha tendría instituciones propias: unas Cortes, un presidente, un Gobierno. Palabras solemnes, pero también cargadas de progreso y miras hacia el futuro.

Pasábamos de la tracción animal al John Deere, y empezaron a llegar forasteros en busca de enoturismo. Mirando al futuro, pero sin dejar de honrar al pasado, dejamos atrás siglos de atraso estructural para incorporarnos a la modernidad agrícola y a la nueva Europa.

Cuarenta y tres años después, el pasado martes 11 de noviembre, en el Congreso de los Diputados, Paco Núñez, elegido comisionado, y líder del PP en la Región, evocaba esa Mancha y esa Castilla impregnadas en tolvanera que reclama dignidad e igualdad.

Así daba comienzo una sesión plenaria que hilvanaba intervenciones de los tres comisionados, protagonizadas por términos como: lealtad, solidaridad, igualdad, oportunidad, progreso, justicia, futuro, pluralidad, respeto, consenso, diálogo, identidad, democracia, autonomía, autogobierno, sanidad, educación, legitimidad, concordia y cooperación.

En una estimación cuantitativa, estas 20 palabras formaron parte del 80% de las intervenciones de Núñez, Abengózar, y García-Page. Parecía que el consenso no sólo se había dado en la redacción del nuevo texto, sino, en la elaboración de cada uno de los discursos de los tres comisionados. Un guion compartido que mostraba unidad.

Nada que reprochar, al contrario, salvo un par de darditos lanzados con mucho cariño entre los barones, el mensaje de acuerdo y avenencia, en estos tiempos de normalización de la inestabilidad y la polarización afectiva, provocó que se le saltaran las lágrimas hasta al mismísimo óleo sobre lienzo de Isabel II que preside la bóveda del hemiciclo.

De esta forma el almanseño, la alcazareña, y el toledano, sentaditos en fila de tres, y frente al púlpito, representaban, cada uno a su manera, la Santísima Trinidad entre historia, identidad y modernidad.

Tocaba la intervención del resto de grupos que quisieron participar en las migas. Desde Podemos, se optó por colar algunos viejos mantras que se oían en la Puerta del Sol en 2011, sumado al ataque al Secretario General de los socialistas castellanomanchegos, un recuerdito a Cospedal y su pucherazo, cerrando con la advertencia de que si no les hacen caso votarán en contra.

Turno de Sumar. Repaso a la agenda social, guiño a los colectivos que injustamente se habían quedado fuera de la redacción (lo harán vía enmienda), y anécdota del maestro republicano.

Y llegó el sexto de la tarde. Si hasta entonces la sesión había parecido un guateque festival, con Los Brincos, Mocedades y el Dúo Dinámico, ahora aparecían los Sex Pistols, repartiendo salivazos y metralla guitarrera desde la bancada de los 33. Y es que esta vez no saltó la sorpresa en Las Gaunas. El conflictivo número de escaños, bajo la premisa de que el humilde pueblo español no quiere más políticos, sino más tractores y fábricas, fue el tema estrella del bolo.

Lo que nos lleva a la reflexión. Cabe preguntar, ¿cuál es el número idóneo, representativo de escaños para un parlamento autonómico como el castellanomanchego?

Si tenemos en cuenta los números actuales del reparto de escaños por comunidades autónomas, la ratio elector-escaño más baja la tiene La Rioja, donde con una población de 324.184 habitantes (en 2024) mantienen un parlamento similar (33 escaños) al actual en Castilla-La Mancha con 2.120.261 habitantes en 2024, es decir, 1 diputado por cada 9.829 habitantes.

En Navarra, con 678.333 habitantes, tienen 50 escaños con una ratio de 13.566. En Castilla y León con prácticamente la misma población que la castellanomanchega la cifra asciende a 81 diputados, donde casualmente, en los dos años y tres meses que cogobernó Vox, no impulsó ninguna iniciativa para reducir el número de escaños. Y salvo alguna excepción, en el resto de los territorios tampoco lo ha hecho mientras formaba parte del ejecutivo. Recordemos Comunidad Valenciana con 99 escaños, Aragón 67 escaños, Islas Baleares con 59 escaños, Extremadura con 65 escaños, y la región de Murcia con 45.

Si aplicamos la lógica comparativa, Castilla-La Mancha necesitaría unos 156-215 diputados para igualar la representatividad de Navarra o La Rioja, respectivamente.

Si bien la intención de disminuir el tamaño del parlamento puede perseguir eficiencia y ahorro, reducir excesivamente los diputados podría comprometer la representatividad territorial y social, aumentando la distancia entre los electores y sus representantes. Así, cualquier propuesta de modificación del número de escaños debería equilibrar cuidadosamente eficacia legislativa y representación democrática, para no sacrificar la legitimidad del parlamento en aras del ahorro y la austeridad.

Según Rodríguez‑Teruel, Juan et al. (2012), en los estudios sobre los parlamentos autonómicos españoles se sugiere que, en comunidades de tamaño medio como Castilla‑La Mancha, un número de 50‑60 diputados garantizan una representación ajustada y efectiva. Este rango se traduce en una ratio de aproximadamente 35.000‑40.000 habitantes por escaño, lo que permite compatibilizar la proximidad de los representantes con sus electores y la operatividad en la toma de decisiones parlamentarias.

La experiencia en Castilla-La Mancha demuestra que, a la hora de modificar la ley electoral, los cálculos no siempre salen como se espera. Así le ocurrió al PSOE de José María Barreda, que tras ajustar ciertas reglas en 2011 perdió las elecciones, y tampoco le funcionó a Cospedal en 2015, a pesar de sus intentos por adaptar la legislación a su estrategia electoral.

Después de superar el primer trámite en el Congreso, la reforma del Estatuto de Autonomía continuará su proceso como ley orgánica: será examinada por la Comisión Constitucional y, tras la votación final en el pleno, se enviará al Senado, donde podrá ser aprobada, enmendada o rechazada. Una vez que ambas cámaras den su aprobación, el Estatuto quedará oficialmente ratificado. En cualquier caso, se espera que la aprobación definitiva se produzca antes del verano de 2026, aunque estará condicionado al ritmo de trabajo de la Comisión Constitucional.

En esos momentos podremos decir: pacta sunt servanda.