La dirección nacional de Vox tendrá que devolver a las Cortes de Castilla-La Mancha 34.345,64 euros que habían sido transferidos indebidamente desde el grupo parlamentario que la formación ultraderechista tiene en la institución regional hacia la sede nacional en Madrid.
Según ha avanzado El País, la Mesa de las Cortes regionales en la que se integran los grupos parlamentarios PSOE y PP y de la que no forma parte Vox, se reunió ayer lunes y estudió un informe de fiscalización del interventor que detectó esta práctica. Dicho informe, sobre el que las fuentes consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha arrojan datos contradictorios, no se ha hecho público.
La información de El País afirma que el grupo parlamentario de Vox recibió en 2024 subvenciones públicas por valor de 265.848 euros, un dinero que debía ser empleado para su funcionamiento. Sin embargo, de esa cantidad, fueron transferidos hacia Madrid 53.170 euros en conceptos de servicios prestados y 34.345,64 en concepto de remanente no empleado. Estos últimos son los que tendrían que devolver.
La formación política justifica la primera cantidad por supuestos servicios que el aparato nacional de Vox habría prestado a su rama castellanomanchega, como “asesoramiento estratégico” o “posicionamientos políticos o material informativo”, que el interventor no controla y simplemente da por buena la declaración responsable del tesorero nacional de Vox. Esto demuestra que Vox utiliza el dinero de sus grupos autonómicos o provinciales para financiar su estructura nacional.
Vox confirma que desvió dinero, pero matiza las cifras
Fuentes del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha consultadas por elDiario.es confirman que transfirieron algo más de 34.000 euros a la caja central del partido, pero que se trata del remanente correspondiente al año 2023 y que fue autorizado por el anterior interventor del Parlamento regional, por lo que no debe ser devuelto.
La cifra a reintegrar por transferirla a la estructura nacional del partido es la correspondiente a 2024, que se eleva a 8.000 euros, según la misma fuente. Tras las ‘pegas’ del nuevo interventor de la Cámara castellanomanchega esa cantidad ha sido devuelta desde la caja central del partido al Grupo Parlamentario Vox, y no a las Cortes de Castilla-La Mancha, según aclaran.
Sin embargo, fuentes de las Cortes de Castilla-La Mancha consultadas por este medio confirman que la cantidad que Vox tendrá que devolver son algo más de 34.000 euros. En este sentido, según aseguran las mismas fuentes, “lo que se reclama (34.000 euros) responde al dinero transferido a Vox estatal” desde el grupo parlamentario de la formación en las Cortes, que era quien lo tenía concedido y no lo gastó, por lo que lo transfirió a Madrid bajo el concepto “cantidad sobrante no empleada”.
En un comunicado posterior, Vox Castilla-La Mancha ha negado cualquier “situación fuera de la legalidad” y dice que “al igual que el resto de partidos políticos”, mantiene “un convenio” con Vox España “precisamente para garantizar el cumplimiento estricto de los requerimientos del Tribunal de Cuentas”. En dicho convenio, añade el comunicado, “se incluye una cláusula de remanente que fue revisada y avalada por los servicios jurídicos y auditada por la Intervención de las Cortes, sin que se planteara objeción alguna en su momento”. Con las nuevas normas internas de fiscalización que entraron en vigor en 2025, profundiza la formación ultra, “se comunicó que la citada cláusula no podría mantenerse dentro del nuevo marco normativo” y que ante esta situación “Vox procedió de manera inmediata al reintegro del remanente y notificó que en la renovación del convenio no se incluiría dicha cláusula, ajustándose así a las nuevas directrices de la Intervención”.
Pablo Bellido anuncia cambios en el reparto de dinero a los grupos
En relación con este tema, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asegurado en Guadalajara que la institución trabajará para “aclarar de manea escrupulosa, fina e incontrovertible lo que se puede hacer con el dinero que se da a los grupos parlamentarios, para que se emplee en lo que se debe: la representación en la región”.
Por su parte, desde el PSOE de Castilla-La Mancha han pedido al PP que rompa con Vox la coalición con la que gobiernan en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ya que David Moreno, presidente de la formación ultra en las Cortes regionales, ejerce también como número dos en dicho consistorio.
“¿No debería, por tanto, dimitir el señor David Moreno por haber mentido y por haberles negado a ustedes lo que hoy hemos conocido que estaban haciendo? ¿Va a pedir Paco Núñez que el alcalde de Talavera cese al número dos en este Ayuntamiento?”, se ha preguntado Sergio García-Navas, secretario de formación de los socialistas castellanomanchegos.
Desvíos de dinero hacia su Fundación
No es la primera vez que Vox presenta irregularidades en sus operaciones de convenios y financiación, tanto a nivel nacional, como entre sus direcciones autonómicas. Hace más de dos años que se hizo público que Vox había traspasado siete millones de euros en cuatro años a la fundación privada que preside Santiago Abascal.
Se trata de la Fundación Disenso, que difunde el ideario de la formación de ultraderecha, que, por entonces, gastó un millón de euros al año en personal y 1,3 millones en el genérico epígrafe “otros gastos de actividad”, sin desglosar en qué servicios, contratos o empresas. La cantidad era significativa porque las fundaciones del PP y del PSOE gastan la mitad en personal y reciben hasta una quinta parte de donaciones.
En junio de 2024, Vox seguía traspasando millones de euros a Disenso. Según las cuentas anuales enviadas a los militantes para que fueran aprobadas en la asamblea, el partido transfirió un total de 2,5 millones a su 'think tank'. Y en el apartado de “hechos posteriores al cierre” relataba transferencias entre enero y junio de ese ejercicio año que alcanzaban un millón de euros. Con esta cantidad, a fecha de mediados de 2024 eran ya nueve millones los que había recibido Disenso desde su creación en 2020.
Para rematar, el pasado mes de septiembre tres ex altos cargos de Vox en Balears, Idoia Ribas, Agustín Buades y Maite de Medrano, denunciaron las presiones a las que aseguraban haber sido sometidos por parte del partido para “desviar ingentes cantidades de dinero” del grupo parlamentario a Disenso, aunque la formación ultra balear lo desmintió.