El Gobierno de Page desestima la macrogranja porcina proyectada en Pozuelo tras seis años de lucha vecinal

El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.