- El Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra las 'clausulas sociales' aprobadas por la Junta para el sector público
El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a recurrir a la vía judicial para frenar acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, ha decidido impugnar mediante un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, la inclusión de las denominadas ‘cláusulas sociales’ en los contratos del sector público regional. Esta medida se suma a otras adoptadas por el Gobierno central contra medidas de la región, como la implantación de la jornada semanal de 35 horas para funcionarios.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado también esta decisión, que va contra “otro avance social” en Castilla-La Mancha. En este caso se trata de cláusulas que incluyen novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Tras conocer hoy la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, a instancia de la Delegación del Gobierno, el consejero ha criticado que el Ejecutivo central, con la “complicidad” de la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haya impugnado una medida que “aumenta los derechos sociales de los ciudadanos en el marco de la contratación pública”.
Ruiz Molina ha recordado que los avances sociales y laborales que lleva a cabo el Gobierno de Emiliano García-Page son objeto muchas veces de recursos por parte de la Administración del Estado, “con la mediación directa de la señora Cospedal”, no solo en este caso de las cláusulas sociales, sino también como sucedió en el caso de la recuperación de la jornada de las 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta o “poniendo en tela de juicio las ofertas de empleo público aprobadas por el Ejecutivo regional, especialmente en sanidad y educación”.
Estabilidad en el empleo e inserción laboral
Con las nuevas cláusulas sociales, la Administración regional, a través de la contratación pública, interviene de manera directa para promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social y mejorar la protección del medio ambiente.
Además, la Administración regional puede resolver los contratos por incumplimiento de las cláusulas sociales o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria. Entre las causas de resolución de un contrato, también está que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social.
Otras medidas recogidas en estas cláusulas se refieren a la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales y que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista.