José Sánchez Santamaría, pedagogo: “Los centros educativos nunca funcionan por presión social”
Semana movida en el ámbito educativo de Castilla-La Mancha que lleva acumulando crispación desde hace ya meses. En la recta final del curso escolar se ha producido una huelga (estatal) en las escuelas infantiles, se habla de centros educativos “tensionados”, de acoso, de agresiones, de intentos de suicidio que preocupan o de una deteriorada relación docentes-familias.
Las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero la de Castilla-La Mancha no es una situación única en España cuando hablamos de conflicto. Basta con echar un vistazo a lo que ocurre en otros territorios cuando se habla de necesidades educativas en un contexto socio-cultural e incluso lingüístico diverso, en el que debe convivir el derecho a la Educación con el derecho a la inclusión. Todo ello aderezado con situaciones que llegan a sobrepasar a docentes y a las familias.
“No podemos regular lo penal en el ámbito educativo”, decía en una reciente entrevista el consejero de Educación de la comunidad, Amador Pastor, quien también rechazaba la idea de “medicalizar las aulas” incorporando de forma permanente figuras profesionales como los psicólogos. Justo lo contrario de lo que opina el sindicato ANPE.
Un estudio del sindicato STE refleja que el profesorado de Castilla-La Mancha cree que el clima de convivencia en los centros educativos se ha deteriorado. Un 85,11 % de los y las docentes perciben aumento de la conflictividad, un 88,27 % detectan un incremento de las agresiones por parte del alumnado y casi un 82% por parte de las familias.
Las cosas que ocurren en la región son a veces contradictorias. Mientras un instituto de Alovera, en Guadalajara se ha colado entre los mejores del mundo por su modelo de bienestar emocional: el IES Carmen de Burgos Seguí ha sido seleccionado en la categoría Salud y Bienestar en los Global Schools Prize 2026, en otros puntos de la comunidad autónoma como la Sagra toledana anuncian movilizaciones por las “tensiones” acumuladas.
Sindicatos como UGT hablan de “violencia estructural en las aulas”, dicen incluso que se ha “normalizado”. Pero, ¿es tan grave? ¿Falla el sistema educativo y sus gestores políticos? ¿Fallan los profesionales? ¿Quizá las familias? No hay respuestas concluyentes y lo cierto es que el debate está abierto.
Pedimos opinión a José Sánchez Santamaría, doctor en Pedagogía, profesor y coordinador del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas (GRIOCE), de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque durante este curso escolar se ha llegado a deslizar en Castilla-La Mancha la (peligrosa) idea de que el sistema educativo no funciona.
Este experto pedagogo lo desmiente, “a pesar de que determinados casos muy mediáticos puedan hacer pensar lo contrario”, nos cuenta.
Aterrizar emociones es complicado cuando hablamos de los hijos o hijas. “En Educación Infantil pasa mucho que un niño muerda a otro. Es lo peor que le puede pasar a quien está al frente del aula. Claro, el niño llega mordido a casa y los padres se preocupan. Es normal”, reconoce.
Sin embargo, matiza que “lo que no es razonable es que a partir de eso se diga que el sistema no funciona. Habrá que analizar cada caso porque el centro nunca funciona por presión social. Hay un derecho que hay que preservar que es el del menor y los protocolos están claros”.
“Igualdad de oportunidades no es homogeneizar”
Lo que hoy ocurre en las aulas es una cuestión compleja, tanto a la hora de interpretarla como de poner soluciones, pero lo que este profesor de Evaluación y Métodos de Investigación Educativa del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene claro es una máxima que considera indiscutible: “El sistema educativo se rige por la igualdad de oportunidades y su función es la de educar y fomentar el desarrollo, pero sin homogeneizar”. Es algo que condiciona la respuesta pedagógica en las aulas: las necesidades, las demandas y las situaciones que se puedan crear.
Frente a palabras gruesas como violencia o conflicto, la perspectiva debe ser otra, afirma.
“Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades”.
José Sánchez Santamaría forma parte de la recién creada Red Interdisciplinar de Investigación sobre Infancia y Adolescencia de la UCLM (RIyA-UCLM) formada por profesores e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. La conflictividad en las aulas es uno de los focos de interés.
Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades
“Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo”, advierte. Los centros deben garantizar la inclusión y dar respuesta a las distintas necesidades educativas. Esa, insiste, es la teoría porque “siempre” habrá niños y niñas que necesiten apoyos especiales por distintas circunstancias.
Para este docente hay protocolos de actuación “muy claros” ante un problema de convivencia y expresa “dudas” cuando se cuestiona al docente. “Tiene suficiente formación y conocimiento como para poder realizar intervención en el aula. Allí siempre hay roces y tensiones cuando entre niños surgen peleas, insultos… Las conductas más graves se notifican a Jefatura de Estudios. Hay un protocolo que se activa en el caso de que estemos hablando de conductas violentas o agresiones. Y tiene consecuencias”, afirma tajante.
En su opinión, las únicas culpables son “las condiciones que estén provocando que afloren conductas disruptivas. Cuando eso pasa la normativa es clara: tiene que haber labor de asesoramiento pedagógico, medidas de apoyo específicas y atención individualizada”.
Después, añade, “las cosas requieren tiempo y compromiso por parte de todos” y, desde luego, subraya, “el conflicto no lo podemos abordar desde la emoción. Las respuestas deben ser estructurales y contextuales”.
Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo
Para el docente las claves para abordar la situación están claras: la implicación de todos y la confianza en los procesos, pero apunta un matiz: “No son mecanismos automáticos sino un proceso que necesita tiempo”.
Un contexto social más complejo
José Sánchez Santamaría no obvia lo complejo del momento actual. “Lo que vemos en la política o en la economía se cuela en las aulas. Son un fiel reflejo de la sociedad, pero el maestro enseña, forma ciudadanos y ciudadanas. Está para eso”.
Por eso aboga por analizar la situación, caso a caso y sin prejuicios. “Las causas de lo que ocurre en clase pueden ser múltiples. ¿Por qué damos por hecho que lo pasa tiene que ver con el aula?”, se pregunta.
“Es cierto que los centros educativos son mucho más complejos que hace 30 o 40 años. Solo hay que escuchar a las familias. Se puede enseñar Lengua o Matemáticas, pero… ¿Todos lo aprenden igual? ¿Hay circunstancias personales, familiares o sociales que se lo impidan?”.
En este sentido pide no buscar a las cosas que ocurren “explicaciones reduccionistas”.
“Las familias deben jugar el papel de crear comunidad”
El pedagogo pone el foco en el papel que deben jugar las familias en el ámbito educativo y se pregunta por las razones que han provocado la ruptura de comunicación entre centros educativos, familias y administración pública. “¿Qué puede estar pasando? Hay un hecho objetivo: cuando hablamos de la seguridad de los hijos se activa el motor emocional. Es algo normal”.
No cree que ante los conflictos las familias apuesten por la exclusión sino que determinadas reacciones se producen “por miedo, por ese motor emocional y porque necesitan certezas. Las familias no siempre comprenden la necesidad pedagógica”.
Aboga por reforzar vínculos, generar identidad grupal y trabajar las emociones colectivas... entre todos. “Hemos detectado que chicos y chicas de 14, 15 y 16 años tienen como principal amigo a un chatbot”.
Por eso, explica, “quienes investigamos en el ámbito educativo nos preguntamos qué está pasando con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?”.
Nos preguntamos qué pasa con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?
Reclama más implicación y también más comprensión de padres y madres. “Sé que a veces las familias tienen la sensación de que la administración va lenta. Son los tiempos de los protocolos, que no están pensados por políticos, sino por técnicos. Hay que garantizar el derecho de cada menor sobre todo si llega con necesidades específicas de apoyo”.
Después, apunta que no todo se soluciona a base de más y más recursos. “La evidencia científica dice que más recursos no implica una mejor intervención y por tanto mejores resultados”. No rechaza que tenga que haberlos, pero sugiere no centrar el foco en eso. “Todos tenemos un papel que jugar. La integración requiere tiempo y conocer las circunstancias de cada alumno o alumna”.
En opinión del profesional, las familias “deben jugar el papel de crear comunidad. Aquellas que reclaman participación y que coordinan con el maestro o maestra mejoran la inclusión. Cuando uno conoce la situación del otro, hay más capacidad de empatía. ¡Ojo! Eso no impide que, ante determinados actos haya consecuencias. Hay normas”, advierte.
La inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tenga derechos
Cuando habla de inclusión educativa recuerda que todavía está sobre la mesa el diseño de una estrategia nacional. No es fácil, dice. “De lo que se trata es de democratización y de acompañar a las personas más vulnerables”.
Reconoce que hay ejemplos muy claros en los que la inclusión educativa no ha funcionado, pero se pregunta si eso tiene que ver con el modelo o con cómo se interpreta el modelo. “Quizá el problema esté en el uso que se está dando a la inclusión”.
En este punto rechaza que toda la responsabilidad deba recaer en el docente. “Existe la figura del coordinador de bienestar, hay una comisión de convivencia… ¿Acaso podemos pedirle a la escuela que lo haga todo ella? No sé si eso es pedir demasiado a los docentes”.
Él defiende que estos profesionales “saben trabajar la inclusión y promueven la democracia en las aulas, eliminando las barreras que puedan impedir la participación de niñas y niños en las aulas” pero es que, advierte, “también se les cuelan muchas otras cosas en el aula”.
El pedagogo recuerda que “la evidencia científica dice que la inclusión bien planteada mejora el clima escolar pero no corrige conductas vinculadas al desarrollo”. Pone el acento en que “la inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tiene derecho. Lo que hay que hacer es garantizar la Educación y los derechos de todos, con los apoyos necesarios”. Tampoco, dice, “significa tolerar situaciones de riesgo”.
¿Las ratios impactan e intensifican el problema?, preguntamos. “Es un factor importante pero no determinante para explicar el conflicto en las aulas, hay muchas más variables implicadas, pero desde luego una ratio elevada combinada con diversidad puede convertirlas en ingobernables”.
El experto recuerda que en Educación Infantil está demostrado que las ratios óptimas se sitúan entre 15 y 20 alumnos, pero matiza que “la calidad del tiempo de atención no depende de las ratios, aunque sean importantes e incluso determinantes en algún contexto”. Los recursos y la formación son más necesarios en Educación Secundaria en su opinión.
Por otro lado, la coordinación y el papel de la Inspección Educativa es “fundamental” pero también lo son otros elementos. Se pregunta por qué se tira tanto de la Inspección y no tanto del tutor o tutora, de la Jefatura de Estudios e incluso de los representantes de las familias en el Consejo Escolar a la hora de abordar el plan de convivencia o el plan de atención a la diversidad. “No estoy haciendo responsables a las familias, porque esto tiene que ver también con los equipos directivos, pero hay que contribuir a crear una comunidad que acoja”, insiste una y otra vez.
La autoridad de los docentes
El sindicato ANPE afirma que una de las soluciones pasa por desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado ante el incremento de agresiones a docentes registradas en los últimos tiempos. “El clima en las aulas no es fácil, pero la pregunta es si el docente tiene que soportarlo y por qué está pasando”, comenta el pedagogo.
En todo caso, se muestra contrario a lo punitivo y a favor de lo pedagógico por “preventivo”. Afirma que la expulsión de quienes provocan situaciones conflictivas no es la solución. “No corrige conductas vinculadas al desarrollo y no soluciona problemas de tipo personal, social o económico. Las sanciones sin intervención educativa cronifican el problema y cuando un centro llega a la expulsión hay que preguntarse quién está fallando. Eso no significa que no se estén haciendo bien las cosas”.
Tampoco se muestra partidario de cambiar a los alumnos de centro cuando se produce una de estas situaciones. “La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas”, asegura.
El pedagogo apela de nuevo a la evidencia científica a la hora de abordar la resolución de crisis o problemas de conducta en el ámbito educativo desde un punto de vista preventivo. “La intervención es positiva”.
La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas
Cree que hace falta seguir dando vueltas a la cuestión, pero con condiciones. “El debate no estará centrado si se dice que todo se está haciendo mal o si se pone al niño en el centro. Si algo no va bien pensemos que hay protocolos, recursos y estructura para abordarlo, aunque haya que introducir mejoras”.