En Castilla-La Mancha, el tiempo medio de espera para saber quién se hace cargo de las indemnizaciones en caso de mala praxis en el ámbito sanitario es de un año. Es un dato que ofrece reclamador.es, compañía online de reclamaciones. Un tiempo de espera que, detalla, “es inferior a otras comunidades, como por ejemplo en Andalucía, donde pueden llegar hasta los cuatro años”.
La castellano-manchega es una de las comunidades autónomas que cuenta con un seguro de responsabilidad civil o patrimonial que cubre posibles negligencias médicas cometidas en centros de salud u hospitales de la región y que se hace cargo de dichas indemnizaciones.
Eso, además, “facilita las reclamaciones de los afectados y protege a los facultativos de la comunidad”, sostiene la compañía online, porque “lo normal es que se reclame al SESCAM y no directamente contra el profesional de la salud que se considere el causante de la negligencia médica”.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no se encuentra en la misma situación que la Comunidad Valenciana o las Islas Canarias, “territorios que no cuentan con este tipo de seguros”, algo que según reclamador.es “agrava, legalmente, las consecuencias derivadas de una posible negligencia médica” y además, “el personal sanitario de ambas comunidades se ve también afectado debido a la falta de respuesta por parte de la Administración pública en caso de mala praxis”.
Se trata, por otro lado, de una situación que evidencia las diferencias en la gestión sanitaria, y por tanto en la atención al usuario, entre unas comunidades autónomas y otras.
¿Cómo afecta a los pacientes la falta de un seguro de responsabilidad civil?
La compañía de reclamaciones online recalca “la inseguridad legal” a la que se enfrentan los pacientes valencianos y canarios debido a la falta de seguro. Y es que, el proceso de reclamación de una negligencia médica “no es sencillo en la gran mayoría de los casos, pero se torna todavía más complicado cuando la mala praxis se lleva a cabo en un centro de salud u hospital de estas dos comunidades”.
El hecho de que estas comunidades autónomas hayan decidido no contratar un seguro de responsabilidad civil/patrimonial, conlleva que los pacientes solamente puedan reclamar por la vía administrativa, “una vía que está completamente saturada desde hace años y donde se tarda un tiempo excesivo en obtener una resolución que, además, no suele ser favorable a los intereses del perjudicado”, explica.
Además, en caso de conseguir el reconocimiento del derecho a ser indemnizado tras sufrir este largo proceso administrativo, también se dificulta el pago de la indemnización, ya que ha de ser realizado por la propia comunidad autónoma con cargo a sus presupuestos generales.
Indemnizaciones con y sin seguro: ¿cuál es la diferencia?
Contar con un seguro de responsabilidad civil/patrimonial en el ámbito de la sanidad pública es algo “fundamental”, dice la compañía online, para garantizar el derecho de los administrados a obtener una indemnización en caso de ser perjudicados por el mal funcionamiento del servicio público de salud.
Todo ello porque la compañía aseguradora es la que se encarga de consignar la indemnización que corresponda según el baremo, en los casos en los que se determina que existe responsabilidad.
Además, explican desde reclamador.es, esta situación deja “en grave indefensión” a los facultativos que trabajan en estos servicios de salud, dado que las reclamaciones podrían ir dirigidas directamente a ellos, aunque estén trabajando por cuenta de la sanidad pública.