Castilla y León pone en marcha un plan de choque de más de 220 millones de euros para atajar la crisis por el coronavirus

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un conjunto de medidas económicas para atajar la crisis que genera el coronavirus y el decreto del estado de alarma. En concreto, el acuerdo que forma parte del Diálogo Social destinará 220 millones de euros para ayudar a los autónomos, a los desempleados y a las pymes entre otros.

Tal y como ha explicado Fernández Mañueco, se ha rubricado “de forma virtual” tras una reunión por videoconferencia del Consejo del Diálogo Social junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, y el dirigente de la Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, en presencia del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios.

El Plan de choque con medidas extraordinarias movilizará casi 220,3 millones de euros, y ofrecerá un marco de protección a trabajadores, autónomos, empresas, familias y personas vulnerables ante la crisis originada por el coronavirus.

Fernández Mañueco ha explicado que la prioridad es la atención sanitaria, la prestación de servicios sociales y el abastecimiento alimentario y de primera necesidad, pero también el mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial. En este sentido, ha explicado que este plan de choque contribuirá a minimizar el impacto social, y facilitará que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore en la Comunidad.

El documento se estructura en seis grandes bloques e incluye un variado abanico de instrumentos dirigido a mitigar los efectos negativos del Covid-19 sobre la actividad productiva y el empleo en Castilla y León.

Así, en el texto se articulan apoyos financieros, ayudas directas, iniciativas en materia de fiscalidad, directrices para el refuerzo de la prestación de determinados servicios, medidas en el área de la prevención de riesgos laborales y otras relacionadas con la agilización y simplificación de procedimientos administrativos.

68 millones para proteger el empleo

El primer bloque, dotado con casi 68 millones de euros, es el destinado a la protección y el mantenimiento del empleo e incluye un conjunto de medidas para ayudar tanto a los trabajadores como a las pymes y a los autónomos, con compensaciones económicas para los trabajadores que se vean afectados por ERTEs; ayudas a la conciliación cuando estos se vean obligados a reducir su jornada de trabajo o a solicitar la excedencia; ampliando la protección de los trabajadores de más de 55 años, y de los desempleados que, ante esta situación, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio; prestando un servicio más ágil a empresas y autónomos, mediante la tramitación telemática de los ERTEs y la simplificación del procedimiento.

Contempla también el apoyo económico a autónomos, micropymes y pymes que incrementen sus plantillas para atender carga de trabajo derivada del Covid-19; la preferencia a las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, cuando sus plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus; la ayuda a la modernización y digitalización de establecimientos comerciales, y garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad en el medio rural, con financiación de proyectos de establecimientos comerciales.

El acuerdo recoge además el apoyo a los emprendedores acogidos a la tarifa plana estatal, mediante la reducción de las cuotas de la Seguridad Social hasta 60 euros con carácter general que aplicará la Junta para la consolidación del trabajo autónomo durante 6 meses; a los autónomos, a los que, habiendo cesado su actividad decidan reincorporase, con una ayuda equivalente al 40% de la cuota la Seguridad Social, durante los 3 primeros meses, y a los que habiendo cesado definitivamente, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Asimismo, se establecen ayudas de hasta 5.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que abandonen su actividad durante la crisis, y decidan emprender un nuevo negocio.

Este paquete de cuatro líneas de ayuda dirigidas específicamente a los autónomos, unido al programa de 20 millones de euros en apoyos financieros para facilitar liquidez a pymes y trabajadores por cuenta propia, beneficiará a entre 40.000 y 50.000 autónomos en Castilla y León.

Dos millones para prevención de riesgos

El acuerdo incide también en medidas en materia de prevención de riesgos laborales, con 2 millones de euros, para que las empresas puedan priorizar la máxima protección de la salud de los trabajadores. Asimismo, medidas de carácter financiero, adelantadas hace unos días, como el aplazamiento de impuestos a empresas y familias con un impacto de 42 millones, así como la inyección de liquidez y crédito por importe de 100 millones de euros.

En otro bloque se incluyen, con un importe de 320.000 euros, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial, informando y resolviendo consultas a empresas, reforzando la Red Exterior de la Junta de Castilla y León; buscando nuevos proveedores cuando se haya visto interrumpida la cadena de suministros, o ampliando los plazos de presentación y pago de impuestos gestionados por la Administración Autonómica.

Ocho millones para medidas de protección social

Por último se destinarán ocho millones de euros para medidas de Protección Social, para garantizar la prestación de los servicios, adaptados a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del coronavirus; protegiendo la salud tanto de las personas usuarias, como de los trabajadores; apostando por la dependencia, por el refuerzo de la teleasistencia y la atención domiciliaria, y por la actividad de los Centros de Atención Residencial; habilitando medidas adicionales para proporcionar una alimentación adecuada a la población infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza; examinando el posible incremento de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía; y garantizando el acceso a las prestaciones esenciales dentro de la Red de Protección a Personas y Familia en situación de vulnerabilidad.

Junto a todas las medidas, el Fernández Mañueco ha anunciado el refuerzo del conjunto de programas asociados a las políticas activas de empleo, dentro de los objetivos acordados en el Plan Anual de Políticas de Empleo 2020, suscrito el 3 de febrero de este mismo año.