Respiro en medio de una incierta travesía

Después de las turbulencias de los últimos meses -confundieron los deseos con la realidad esos que proclamaron que había salido fortalecido tras la fallida moción de censura- el presidente de la Junta vive momentos tranquilos, que podían serlo todavía más si el vicepresidente, el desaforado Igea, no se afanara en crispar la vida política en esta comunidad autónoma.

Aparte de que, gracias a la vacunación, la pandemia remite sin vuelta atrás, la situación a Alfonso Fernández Mañueco se ha aliviado en el doble frente que tenía abierto: su gestión en la Junta y el hostigamiento con el que le ha estado obsequiando la cúpula nacional del PP. En el primer frente, esta semana se reconcilia con el Diálogo Social, firmando con patronal y sindicatos un importante bloque de acuerdos entre los que figura el nuevo Plan Regional de Empleo. En otro tiempo, esto no sería noticia, ya que iba de suyo.

Pero tras la guerra declarada por el susodicho Igea a los agentes sociales, lo es, y constituye todo un bálsamo para un gobierno que no podía seguir permitiéndose ese enfrentamiento. Por lo demás, se presenta como un gran éxito lo que debería haberse firmado hace ya unos cuantos meses.

En el plano interno del PP, Génova ha levantado el pie del cuello de Fernández Mañueco, al que no buscará alternativa en el congreso del PP de Castilla y León previsto para el próximo otoño, despejando así en principio su camino para volver a encabezar el cartel en las elecciones autonómicas de 2023 (o de antes, si en otoño se produjera un adelanto electoral no descartable).

Mientras tanto, Mañueco sigue al frente de un gobierno chamuscado en la mitad de sus consejerías y con el hándicap que supone la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria anterior a la moción de censura. Y ya son unos cuantos los contratiempos que ello le está suponiendo: Tras verse obligado a derogar de un día para otro el “decretazo” contra los profesionales sanitarios, ha tenido que ceder al PSOE las presidencias de dos de las tres comisiones parlamentarias de investigación abiertas, no va a poder evitar la que se tramita sobre las residencias de ancianos, y la pasada semana ha vuelto a sufrir otra derrota en el pleno de las Cortes.

Flirteo con Vox

Más allá de este último revolcón -ganado a pulso por la negativa de la consejería de Educación a disponer medidas de conciliación laboral durante los meses de junio y septiembre- lo ocurrido en esa sesión plenaria resulta muy significativo acerca de la negociación que mantienen PP y Vox (Raúl de la Hoz y Jorge Buxadé) después de que los populares suspendieran sine die la que habían iniciado con el Partido por Ávila.

En un momento inoportuno hasta decir basta, con media docena de mujeres asesinadas en un plazo récord, PP y Ciudadanos se opusieron, con un par, a la Proposición del grupo socialista de modificar la Ley de Violencia de Género de Castilla y León (2010) para actualizarla y adecuarla al Pacto de Estado suscrito en 2016.

Su oposición –sustentada en un informe de la Junta aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el 6 de mayo, fecha en la que ya se había interrumpido la negociación con el partido abulense- ha supuesto todo un guiño hacia la formación ultra, cuya procuradora aportó lógicamente el voto que les faltaba a PP y Ciudadanos para tumbar la iniciativa.

En justa correspondencia, la procuradora Fátima Pinacho evitó con su abstención la “reprobación” parlamentaria que hubiera sufrido el lenguaraz Igea de haberse aprobado la iniciativa conjunta de PSOE y Podemos, que exigían a la Junta que se retractara pública y oficialmente de las críticas del vicepresidente al Procurador del Común.

Ambas votaciones reflejan el acercamiento entre ambos partidos, que sin embargo no suscribirán un acuerdo estable que garantice estabilidad al gobierno Mañueco. Los estrategas nacionales de Vox no quieren atarse las manos con un acuerdo de ese tipo. Quieren tenerlas libres porque su estrategia pasa por provocar unas elecciones anticipadas en Andalucía y aquí que les permita reemplazar a Ciudadanos como socio de gobierno del PP en ambas comunidades. En función de ese objetivo alternarán acuerdos puntuales y discrepancias estridentes, como la que dio al traste la pasada semana con la nueva Ley del Suelo promovida por el gobierno de Moreno Bonilla. Y tampoco está dispuesta Vox a que su procuradora haga de caballo de Troya para frustrar la comisión de investigación sobre las residencias de ancianos que PP y Cs desearían volver a abortar.

Entretanto, Igea a lo suyo, que es seguir haciendo méritos ante el PP buscando desesperadamente cualquier excusa, o inventándosela, para arremeter contra el gobierno socialista Luis Tudanca hace tiempo que no entra a su trapo y el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ya le ha dejado claro que tampoco va a caer en la trampa de seguirle el juego en su denigrante y soez escalada política.

Cosas veredes

La hora de Cosidó

Al actual asesor del presidente de la Junta, Ignacio Cosidó, el “amigo Nacho”, le ha llegado la hora de comparecer ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga el “caso Kitchen” (el espionaje ilegal a que fue sometido el extesorero del PP, Luis Bárcenas, con objeto de robarle las pruebas incriminatorias sobre la financiación irregular del partido). Cosidó, citado en su condición de ex director general de la Policía, comparecerá mañana por la tarde y tendrá que explicar su responsabilidad en una turbia operación policial, a mayor abundamiento financiada con fondos reservados del ministerio del Interior.

La pasada semana el ex comisario Villarejo señaló directamente a Cosidó como el cargo público que le encargó personalmente dicho espionaje. Pero Villarejo no ha sido ni el primero ni el único en hacerlo. Altos mandos policiales ya habían hecho lo mismo, y no el en la comisión de investigación parlamentaria, sino ante el juez García Castellón, instructor de la causa penal abierta al respecto.

El verdadero problema del actual asesor del presidente de la Junta- y por ende de este último- es que está en el punto de mira del juez instructor, del que más pronto que tarde va a tener noticias.

La asesoría de Viñarás

Compartida la pipa de la paz por Teodoro García Egea y Alfonso Fernández Mañueco, no se sabe cómo se resolverá el encontronazo mantenido entre ambos por cuenta de la contratación del ex gerente regional del partido, Pedro Viñarás, como asesor del grupo popular de las Cortes de Castilla y León.

Aunque las tensiones venían de antes, el fichaje “parlamentario” de Viñarás (73.211 euracos anuales), al que Génova había despedido despedido e indemnizado como gerente, desató una gran tormenta interna, hasta el punto de dar lugar a la apertura de un expediente por posible deslealtad política hacia la dirección nacional. Se requirieron explicaciones al portavoz del grupo, Raúl de la Hoz, y al propio Mañueco, que lo preside.

Nunca más se ha sabido del asunto, y puede que ahora todavía menos. Otra cosa es que pueda pactarse la fecha de caducidad de la sinecura de que disfruta el ex gerente, quien por otra parte ha seguido siendo el tesorero regional del partido.

Una pregunta familiar

2.654 opositores se dieron cita hace unos días en el recinto ferial de Aranda de Duero para realizar los exámenes correspondientes a 89 plazas ofertadas por la Diputación Provincial de Burgos.

Entre otras pruebas, los participantes hubieron de responder un cuestionario tipo test con algunas preguntas sobre la propia institución provincial, entre ellas una que solicitaba el nombre y el partido político al que pertenece tanto el presidente, César Rico (PP) como el vicepresidente, Lorenzo Rodríguez (Ciudadanos).

La anécdota es que entre los opositores se encontraba -por descontado que con mismo derecho que todos los demás para optar a una plaza- la esposa del vicepresidente, quien se supone, solo faltaría, que no falló esa respuesta. Rodríguez, alcalde de Castrillo Mota de Judíos (antes Matajudíos), es a la vez el diputado responsable del área de Personal.