CCOO desvela una resolución de García-Gallardo que avala que el SERLA recupere la financiación anterior y su carácter público

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha desvelado este lunes que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), como competente autonómico en materia de Fundaciones, acaba de firmar una resolución que implica su aval a que el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) recupere la financiación anterior y su carácter público, frente a un acuerdo que cambió esa naturaleza en 2021.

En una rueda de prensa, acompañado de la abogada del sindicato que lleva las múltiples causas judiciales abiertas para dirimir este “enfrentamiento a cara de perro” entre sindicatos y Consejería de Industria, Comercio y Empleo dirigida por Mariano Veganzones (Vox), Vicente Andrés ha reclamado a la Administración autonómica que cumpla sus propias resoluciones.

“Veganzones debería hacer caso a lo que dice su jefe”, ha remarcado el dirigente de CCOO, convencido de que, pese a este reconocimiento de la irregularidad cometida en 2021 -cuando ese departamento estaba gestionado por Carlota Amigo (Cs)-, los actuales dirigentes de Vox optarán por alargar los tiempos, ante lo que recurrirán de nuevo ante los tribunales.

CCOO entiende que esta resolución avala que la financiación de la actividad del SERLA, que hasta el pasado año rondaba el millón de euros y que ha sido recortada hasta los 400.000 euros, también para el presente 2024, debe ser recuperada y asumida íntegramente por la Administración autonómica.

En concreto, la resolución suscrita por García-Gallardo como titular del Protectorado de Fundaciones de esta Comunidad reclama al Patronato del SERLA “dejar sin efecto” uno de los puntos acordados en una reunión celebrada el 29 de enero de 2021, referido al sistema de financiación de la Fundación , al entender que dicho acuerdo es contrario a los propios estatutos de la entidad y al régimen jurídico de las fundaciones públicas de la Comunidad.

De hecho, uno de los aspectos que CCOO entiende que también se ven corregidos es la decisión de que la Fundación del SERLA deje de ser una fundación pública, ya que se modificó -aunque no se aplicó hasta el pasado año- el sistema de contribuciones, con el criterio de que la Junta nunca aportaría más del 49% del total del presupuesto de esta entidad, lo que dejaba al resto de patronos -sindicatos y patronal- el 51% restante.

Vicente Andrés ha rechazado las “bombas y cortinas de humo” que en su opinión lanzan los responsables de la Consejería y el propio vicepresidente de la Junta, a quienes han reclamado que cumplan con la normativa vigente y las sentencias.

El representante de CCOO ha confiado en que el Patronato del SERLA se reúna próximamente para analizar este cambio que demanda el vicepresidente de la Junta como responsable del Protectorado de Fundaciones.

Andrés ha ironizado con que, por “paradojas de la vida”, García-Gallardo se ha visto obligado a “desautorizar” sus propias políticas respecto al papel de los sindicatos y la patronal en materia de resolución de conflictos laborales.

Artículo 155

Preguntado sobre su demanda al Gobierno para que ejerza las competencias en esta materia y, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se le sean retiradas a la Junta de Castilla y León, Andrés ha reconocido que están a la espera de una respuesta del delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En este sentido, ha asumido que la situación del país puede hacer pensar al Gobierno que no sea lo más trascendente que tiene encima de la mesa, pero para los sindicatos de Castilla y León este “asedio al SERLA” sí es importante, por lo que ha confiado en que les respondan pronto: “Lo hicieron con el protocolo del aborto y a los tres días desapareció”, ha recordado.

García-Gallardo desmiente a los sindicatos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha explicado que su resolución como responsable del Protectorado de Fundaciones “no afecta” a las decisiones tomadas en la presente legislatura en materia de financiación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), cuando se ha reducido un 60% las aportaciones de la Junta.

En un comunicado, el vicepresidente ha argumentado que la resolución, dictada a instancias de una sentencia en este sentido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de noviembre pasado, implica dejar sin efecto un acuerdo del Patronato de la Fundación SERLA del 29 de enero de 2021, cuando sin autorización de la Junta estableció un sistema de financiación para esta entidad que nunca llegó a ponerse en marcha.

Ese sistema implicaba que la Junta aportaría como máximo el 49% del presupuesto del SERLA y el restante 51% correspondería a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEOE (Cecale en aquel momento), cuando la Consejería de Empleo e Industria estaba dirigida por Carlota Amigo, representante de Ciudadanos.

En su comunicado, el vicepresidente argumenta que Patronato del SERLA no puede tomar decisiones relativas a cómo se financia la propia Fundación, sino que deben gestionar los recursos de que disponen, y ha negado que la junta esté “obligada a financiar” esta fundación.

“La resolución no afecta a las decisiones que se han tomado en la actual legislatura con respecto a la financiación del SERLA, y que han sido aprobadas siempre por el Consejo de Gobierno”, ha remarcado García-Gallardo en su escrito, en el que sostiene que la sentencia del TSJCyL avala su postura al defender la autonomía financiera del Gobierno autonómico en esta materia.

Para García-Gallardo, la financiación o no de fundaciones como el SERLA es “una cuestión del ámbito de la potestad de autoorganización de la Administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos”.