La Junta de Castilla y León aprecia posibles incumplimientos en el matadero donde agonizaron más de 200 cervatillos

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León ha abierto un expediente sancionador al matadero Vicente de Lucas Fuentetaja al verificar irregularidades en materia de bienestar animal, como consta en un documento al cual ha accedido elDiario.es. El matadero, ubicado en la provincia de Segovia, sacrificó a unos 200 cervatillos que convivían aglomerados en la zona de sacrificio, con signos evidentes de miedo y estrés debido al incorrecto trato realizado por los operarios del establecimiento industrial, como avanzó este diario. Concretamente, la Dirección General de Salud Pública ha incoado un expediente sancionador –que se encuentra en fase de instrucción– al no haberse comprobado la eficacia del aturdimiento tras el uso de un arma de proyectil libre, tal y como exige la normativa.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad para consultar si ha abierto un expediente sancionador al matadero Vicente de Lucas Fuentetaja por presuntos incumplimientos de la normativa de bienestar animal, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica esta noticia. Tampoco ha respondido la empresa asociada al matadero, a la que se le ha preguntado si quería realizar alguna valoración sobre el expediente incoado por la Junta de Castilla y León y si había subsanado las irregularidades señaladas.

Estos hechos coinciden con las grabaciones –proporcionadas por la entidad Igualdad Animal– publicadas por este diario, que describen que los animales seguían conscientes tras los disparos, que movían la cola, las patas y levantaban la cabeza mientras se desangraban. Los cervatillos, además, presenciaron el sacrificio del resto, mientras que otros animales de la misma especie eran colgados por una sola extremidad cuando aún estaban vivos. En algunos casos, los animales intentaban escapar malheridos del cajón de sacrificio por los pasillos, lo que obligaba a los trabajadores a avisar al matarife para que los rematara a distancia.

Por otro lado, la Consejería de Sanidad ha explicado que los ciervos sacrificados en el matadero Vicente de Lucas el 5 de marzo de 2025 se incorporaron a la cadena alimentaria, siempre que fueran declarados aptos para consumo humano por los servicios oficiales de inspección veterinaria. La resolución también señala que la declaración de aptitud permite su libre comercialización dentro del mercado único de la Unión Europea, aunque en este caso no se emitió documentación para exportaciones a terceros países. En este caso, la carne solo fue comercializada en establecimientos ubicados en territorio nacional.

Sanción de hasta 100.000 euros

“La apertura del expediente sancionador supone un primer paso y confirma que los hechos denunciados requerían una respuesta por parte de la Administración”, afirma a este diario Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal. La portavoz animalista lamenta al mismo tiempo que la Junta de Castilla y León haya confirmado que los ciervos sacrificados en el matadero investigado se hayan incorporado a la cadena alimentaria.

“Este caso demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal”, asegura Mulá y añade que es imprescindible, a su juicio, que la instrucción “analice el alcance de los posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos”.

La Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, considera una infracción muy grave “el incumplimiento de la obligación del aturdimiento previo”, así como “educar o manejar al animal con métodos agresivos o violentos que puedan provocar maltrato al animal, o causarle estados de ansiedad o miedo”, como se desprende del artículo 14.1 en los apartados e) y n). Por tanto, el matadero segoviano podría enfrentarse a multas de entre 6.001 y 100.000 euros, como figura en el artículo 16 de la normativa.

Procedían de El Pardo

Las grabaciones fueron captadas el 5 de marzo de 2025 en el interior del matadero de Vicente de Lucas, en Segovia (Castilla y León) de forma anónima y enviadas a finales de octubre a Igualdad Animal. Fuentes de la organización detallaron que fueron sacrificados más de 200 ciervos que procedían del Monte de El Pardo, área natural protegida al noroeste de Madrid, y que gestiona Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia del Gobierno. “Los animales fueron capturados vivos, mutilados en sus cuernos y trasladados al matadero”, señaló la organización animalista a este diario. Antes del sacrificio de más de 200 cérvidos, “más de cinco ya habían muerto dentro de las instalaciones, posiblemente a causa del estrés y el miedo provocados por el confinamiento”, añadieron.

El Monte de El Pardo es un espacio protegido de alto valor, considerado como uno de los mejor conservados de Europa. Situado al noroeste de Madrid, cuenta con una superficie de 15.821 hectáreas, y fue declarado Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000. La caza está prohibida en este espacio y los controles de población de ciervos se realizan “mediante capturas y traslado a mataderos autorizados”, aunque con “carácter estacional”, especifica Salud Pública de Castilla y León, principalmente durante los meses de diciembre, febrero y agosto, según la documentación consultada por este diario.

Igualdad Animal exigió el cierre cautelar

Igualdad Animal presentó una denuncia ante las autoridades de la Junta de Castilla y León el 22 de diciembre de 2025. En ella, la entidad animalista reclamó que se llevaran a cabo “medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño” y que, en su defecto, se estudiara el “cese o interrupción de la actividad”, con la posible clausura del establecimiento, así como la retirada de la autorización administrativa.

Asimismo, solicitaron la verificación del “cumplimiento del matadero de la obligación de disponer de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales”, según lo previsto en el Real Decreto 695/2022. Esta normativa, que regula específicamente esta cuestión, indica en su artículo 1 que este real decreto “tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal”.

En su solicitud, Mulá sostuvo que esta videovigilancia debe incluir “todas las áreas donde se encuentren animales vivos” y que se debe comprobar “la existencia de un procedimiento normalizado de trabajo que registre los incumplimientos detectados y las medidas adoptadas, conservando dichos registros”, como establece la ley.

En este sentido, Igualdad Animal insiste en que sigue siendo imprescindible “esclarecer cómo pudieron producirse las irregularidades denunciadas en un establecimiento autorizado, sometido a controles oficiales y obligado a contar con sistemas de videovigilancia, sin que estos hechos fueran detectados previamente”. Por ello, la organización animalista reclama “conocer el funcionamiento real de estos mecanismos y su capacidad para prevenir y detectar incumplimientos de la normativa de bienestar animal”.