Las Cortes de Castilla y León convalidan la subida salarial a 90.000 empleados públicos pese a los reproches
Las Cortes de Castilla y León han convalidado este lunes por unanimidad el decreto-ley que recoge la subida salarial a los mas de 90.000 trabajadores públicos de la Junta para 2025 y 2026, en la línea de lo aprobado a nivel nacional, pese a los reproches de los grupos parlamentarios de la oposición.
Los aumentos salariales se han debatido en la Diputación Permanente del parlamento autonómico, ya que la Cámara está disuelta por la convocatoria electoral de marzo, y donde el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha defendido un aumento que supondrá 403 millones de gasto.
El decreto-ley traslada al ámbito autonómico la subida salarial para los empleados públicos en 2025 y 2026, basada en el incremento de los precios, y que establece un aumento fijo del 2,5% para el año pasado y del 1,5% para este, aunque puede elevarse un 0,5% más en función de la inflación.
En su intervención, Carriedo ha recordado que sobre los trabajadores de la administración recayeron algunas de las medidas fruto de los peores años de la crisis económica y ha incidido en que esta subida supone “cifras importantes” para las arcas castellanoleonesas.
Por ello, ha reivindicado un sistema de financiación autonómica “negociado”, que garantice “el acuerdo entre todos” y que asegure “la igualdad, la solidaridad y la suficiencia”.
La oposición responde: “migajas” y “por puertas falsas”
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, ha criticado a la Junta por castigar a quien cuida, sana, educa y defiende a la ciudadanía y ha reivindicado la revalorización del salario de los funcionarios desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, que ha cifrado en un 22% hasta este año y que llegará al 30% en 2028.
Para Gómez, el trato de la Junta a estos profesionales “es una vergüenza” -ha puesto el ejemplo de que los docentes de la Comunidad cobran entre 500 y 550 euros menos al año que en otras autonomías- y ha defendido unos servicios públicos de calidad, frente a las privatizaciones y recortes del PP.
“Los empleados públicos de Castilla y León necesitan mucho más que las migajas que ustedes les han dado, necesitan salarios dignos y equiparables a la media nacional, una negociación real con los trabajadores y una apuesta firme por unos servicios públicos fuertes y bien financiados”, ha reclamado.
Por su parte, David Hierro (Vox) ha acusado a la Junta de traer este decreto-ley a la Diputación Permanente porque no pudieron alcanzar los acuerdos y le ha afeado que la subida se tenía que haber incluido en un proyecto de presupuestos y en la ley de medidas de acompañamiento.
“Los funcionarios, médicos, profesores, asistentes sociales, no tienen porqué sufrir la debilidad de Mañueco, sus puertas falsas o la falta de claridad en su gestión”, ha sostenido Hierro, quien ha incidido en la “debilidad clara” y el “gobierno inestable” de Castilla y León, al que ha comparado con el ejecutivo de Pedro Sánchez ya que, a su juicio, trata de engañar “a golpe de decreto ley y de caciquismo”.
El portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, también ha incidido en la “debilidad” de los gobiernos español y de Castilla y León y le ha reprochado a la Junta que plantee una revalorización “de forma timorata” y “sin ambición” que podría haber ido más allá, y que se haya hurtado el debate parlamentario al plantearla en forma de decreto.
Críticas al Gobierno
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Ricardo Gavilanes, ha defendido la actuación de la Junta al presentar este decreto que “se ha traído en tiempo y forma, sin dilación y para favorecer a los empleados públicos”, frente a los incumplimientos del ejecutivo nacional.
Gavilanes ha sostenido que el decreto-ley es claro y con un único punto, en contraposición al 'decreto ómnibus' del Gobierno que era un “popurrí” de medidas -entre las que se encontraba la subida de las pensiones- y que rechazaron en el Congreso PP, Vox y Junts.
El parlamentario del PP ha remarcado que la Junta sube la “máxima cantidad que permitía la ley estatal” y ha insistido en que no se podía haber hecho antes - el decreto nacional es del 2 de diciembre del pasado año y la Junta lo tramitó el 18 del mismo mes.