El sindicato CSIF ha acusado al Diálogo Social —que forman las organizaciones sindicales mayoritarias (CCOO y UGT), la patronal (CEOE) y la Junta de Castilla y León— de ser “cómplices” de la situación vivida durante los incendios forestales del pasado mes de agosto, a la vez que ha echado en falta contactos de la Junta para abordar las mejoras en el operativo.
“El acuerdo del Diálogo Social lo único que ha hecho es aumentar esa precarización y externalización del operativo”, ha afirmado en declaraciones a los periodistas el presidente del sector de Administración General de la Junta de CSIF Castilla y León, Agustín Argulo, frente a las Cortes de Castilla y León.
Argulo ha explicado que se han externalizado y privatizado autobombas, maquinaria pesada; se han desmantelado casetas de incendios, especialmente en la provincia de Segovia y ha subrayado que en los acuerdos suscritos en el año 2022 en el seno del Diálogo Social, la privatización “entraba también la formación”.
También ha reclamado a las Cortes autonómicas la aprobación de una Ley de Bomberos Forestales y ha preguntado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), cuánto tiempo va a mantener al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), al frente de un operativo que ha calificado como una “temeridad”, porque “siguen sin hacer nada y siguen diciendo que esto está bien”.
La central sindical también ha defendido su modelo de operativo antiincendios (público, estable y operativo todo el año) y, de boca del el delegado autonómico de Medio Ambiente de CSIF, Marcelino Arribas, ha recordado que trabajaron junto a Soria ¡Ya! en una proposición de ley que se encuentra en fase de tramitación y en la que trabajarán para alcanzar el apoyo del resto del hemiciclo.
Por otro lado, ha reclamado la reapertura de la mesa de negociación, que modifica un decreto que regula el operativo de incendios forestales y la regulación de las guardias de incendios, “una normativa que lleva 20 años vigente y que la Junta de Castilla y León abrió la negociación hace tres años”, en los que no se ha alcanzado ningún acuerdo.
Preguntados por la comunicación con la Junta, ha explicado que la Consejería de Presidencia sí se ha abierto a organizar mesas de negociación para mejorar la parte de los empleados públicos, pero no han recibido ninguna comunicación con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
“Cero, nulo. A fecha de hoy no tenemos ningún contacto, ni se han puesto en contacto con nosotros”, ha lamentado Argulo, antes de recordar que no se sentaría con Suárez-Quiñones, ya que pidieron su dimisión y la del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, al considerarlos los máximos responsables de la gestión de los incendios.