Varias asociaciones ciclistas, ecologistas y sociales han reclamado la retransmisión de la última reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) del 24 de noviembre, en la que está previsto abordar la disolución de la sociedad y dar carpetado definitivo a la integración ferroviaria que inició en 2017 el exalcalde y ahora ministro de Transportes, Óscar Puente.
Solicitan, por lo tanto que la reunión se retransmita en directo y se publique posteriormente la grabación, como se hace con otras reuniones como las sesiones plenarias municipales o las comisiones en el parlamento autonómico. “La ciudadanía tiene pleno derecho a conocer, sin filtros qué se discute y decide en una reunión de tal trascendencia”, han insistido desde las organizaciones, que han exigido “luz y taquígrafos”. Normalmente los consejeros de la SVAV atienden a los medios de comunicación después de las reuniones, lo que suele transmitir versiones que a veces resultan contradictorias.
Las entidades firmantes son la Plataforma de Movilidad Sostenible, la Asamblea Ciclista, la federación de AMPAS, la plataforma por la integración ferroviaria, AC Ciudad Sostenible, La Curva, ARBA-Valladolid, el Ateneo Republicano, Ecologistas en Acción, STECyL, la coordinadora estatal en defensa de la bicicleta, la Federación de asociaciones de vecinos Antonio Machado y Greenpeace.
Las plataformas recuerdan que la disolución de la SVAV impactará “en todos los ámbitos sociales y económicos” de la ciudad durante las próxima décadas. “Los ciudadanos tenemos derecho a saber de primera mano y con total transparencia la posición y la argumentación de los votos de cada uno de los consejeros de la SVAV, pertenecientes a Administraciones Públicas y responsables de garantizar una administración leal a los intereses públicos de la ciudad”, señalan estas organizaciones en su petición.
Las asociaciones exigen una mayor transparencia en esa reunión y rechazan que se pueda evadir esta responsabilidad porque la SVAV sea una sociedad mercantil, dado el interés público que tiene la Sociedad, integrada por ADIF Alta Velocidad (30%), ADIF (7,5%), Renfe (12,5% ), la Junta de Castilla y León (25%) y el Ayuntamiento de Valladolid (25%). “Ese interés público está en grave riesgo por decisiones que aún son reversibles, como la aprobación de los 3 pasos de Ariza por parte de los consejeros de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento”.