Juicio Perla Negra: la promotora del edificio niega que tuviese acceso a los pliegos del concurso antes de su publicación

Laura Cornejo

Valladolid —

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El administrador de Urban Proyecta, Germán Martín Giraldo, ha intentado desmontar una de las principales bazas de la Fiscalía en el caso Perla Negra, cuyo juicio se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Valladolid. El Ministerio Fiscal mantiene que hubo un sobrecoste en la compra de el edificio de la Consejería de Economía para agrupar allí a las empresas públicas del gobierno autonómico, que había una trama entre empresarios y cargos de la cúpula de la Consejería y que además el concurso para la construcción del edificio se amañó. Se basa en dos hechos: por un lado es que Economía convocó el concurso con el inusual plazo de 15 días cuando lo habitual es el doble, y por otro en las declaraciones judiciales del estudio de arquitectura Lamela, cuyos responsables reconocen que Urban Proyecta les facilitó los pliegos antes de que se publicase el concurso.

Martín Giraldo, que se ha declarado “totalmente inocente” de los cargos que se le imputan -la Fiscalía pide para él 6 años de prisión y una indemnización solidaria de 16 millones de euros- ha explicado que no tuvo contacto con nadie de la Consejería de Economía antes del concurso pero que si supo “no de forma extraoficial, sino de forma popular” que la Junta buscaba un edificio donde reagrupar oficinas, y que incluso El Norte de Castilla publicó una información en ese sentido, precisando que Economía necesitaba un inmueble de de 10.000 metros cuadrados más aparcamientos. Antes incluso de crear la sociedad Urban Proyecta, en marzo de 2005, se reunieron con el estudio de arquitectura Lamela para encargarle el proyecto de un edificio de oficinas, todo ello sin saber que se iba a convocar un concurso. Además visitaron varias ubicaciones, algo que detalló en su momento en responsable de proyectos de Lamela, en concreto estuvieron viendo una parcela en Villa de Prado, propiedad de la Diputación de Valladolid y que casualmente habían visitado también responsables de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de la Consejería y que sería quien más tarde convocase el concurso. Y si casual fue que visitasen la misma parcela que la ADE, aunque escogiesen una en Arroyo de la Encomienda, igual de casual fue que Lamela mostrase en su web el 'Proyecto ADE' antes de que se convocase el concurso. Martín Giraldo ha negado tajantemente que Lamela recibiese los pliegos el 26 de diciembre, de manos de Urban Proyecta, en concreto de uno de sus trabajadores también acusado, Ángel Montes, y que el concurso se publicase cuatro días más tarde. Según él, el responsable de proyectos del estudio que declaró como testigo “confunde fechas”. “Es un error total y absoluto”, ha afirmado. Además. a preguntas de la fiscal ha precisado que no les costó adaptar un proyecto de 10.000 metros en 15 días a otro mayor.

El responsable de Urban Proyecta ha descrito la ubicación elegida en Arroyo de la Encomienda, fuera del núcleo urbano como una zona “en auge absoluto a nivel comercial” y “con edificabilidades muy por encima de la media”. Casualmente también al concurso sólo se presentó Urban Proyecta, y lo ganó. Sin embargo se desistió del contrato porque la Junta quiso introducir una resolución condicionada “que hacía inviable la financiación y la admisibilidad de la circunstancia desde el punto de vista empresarial” ya que pretendían cambiar el contrato de alquiler por uno de alquiler con opción a compra con el precio a fijar después de la construcción. “Eso lo hacía imposible”, ha explicado.

Con “cara de poker”

El proyecto de la ADE pasó a Gesturcal y fue Rafael Delgado quien volvió a contactar con Urban para comunicar que la Junta estaba interesada pero suprimiendo la opción de compra en el contrato para sustituirla por el derecho preferente de compra. “Eso es algo que estipula la propia Ley de Arrendamientos Urbanos para los inquilinos y no vimos problema”, ha comentado. Sí hubo problemas con las tasaciones de los edificios. En concreto cuando se les presenta una encargada por la Consejería de Hacienda que no recogía ni costes financieros, ni beneficio del constructor ni costes comerciales. Era de poco más de 52 millones. Para Martín Giraldo el precio era muy bajo y se negó a vender en esas condiciones. “No hay nada que hacer” dijo al coordinador y a los funcionarios de Hacienda que le presentaron la tasación. “En esa reunión yo noto, yo detecto que hay una cara de poker, de sorpresa, por parte del coordinador de la Consejería de Hacienda y de otro técnico, creo que no estaban enterados porque la cara fue de extrañeza. Se acaba la reunión, yo les digo que no vendo a ese precio y que el tema de los costes financieros no los voy ni a discutir. Y me dijeron que lo analizarían”, ha rememorado.

Poco después se produjo otra reunión con los tres mismos interlocutores. “Si la primera reunión fue bastante tensa, en la segunda fue muchísimo más sencillo porque admitieron que tenían que abonar los costes financieros, que estaban obligados”, ha dicho. Pero se negaron a meter en la tasación el beneficio del promotor y el coste de comercialización. “Lamentablemente mi fuerza de negociación en ese momento es baja. En una situación distinta no habría admitido los 52 millones pero ya estábamos en crisis, teníamos un crédito de 42 millones con Caja Círculo y se acababa el periodo de carencia”, ha reconocido. Se enfrentaban a una ejecución hipotecaria si no llegaban a un acuerdo lo antes posible.

Unifica dijo que quien contactó con ellos fue Urban Proyecta y el administrador lo niega

Martín Giraldo también ha negado que fuese Urban Proyecta quien contactó con Unifica, que llegó a cobrar 4,4 millones de euros sin concurso por dividir internamente en el edificio. Esa afirmación contradice el testimonio de una de las dueñas de Unifica que declaró en las primeras jornadas del juicio. “Desde Gesturcal nos requirieron para hacer las compartimentaciones y me negué en rotundo, ya fue una proeza hacer ese edificio en 20 meses, era un desastre y una locura aclimatar la obra y cuando Gesturcal propone la distribución y la adaptación, les digo que de ninguna manera”, ha aseverado. Sin embargo, ha añadido que Ángel Montes, encargado de asuntos administrativos en Urban, le comentó que “muchos proveedores” habían visitado las oficinas y les habían propuesto colaborar en trabajos. El propio Montes que ha declarado a continuación de Martín Giraldo, ha comentado que el que era coordinador de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Tomás Machota, fue el que le pidió contactos de empresas que pudiesen hacer la compartimentación.

La fiscal también ha preguntado a Martín Giraldo si Urban Proyecta llegó a promover proyectos no relacionados con la Junta de Castilla y León y este se ha extendido en relatar intentos, hasta acabar reconociendo que sólo finalizaron el del edificio Perla Negra. Antes intentaron promover el proyecto del Polígono de Portillo, en 2006 adquirieron el Colegio El Salvador en Valladolid por 15 millones de euros para un proyecto hotelero en el que dijo, llegó a estar interesada la compañía Ritz...pero nada de eso fructificó.

En concreto, sobre el polígono fallido que forma parte de la causa, llegaron a comprar las parcelas de suelo rústico y parcelas de suelo residencial, pero acabó vendiéndolas a los promotores del parque, de cuyo accionariado formaron parte, “por discrepancias”. Mientras Urban apostaba por diversificar la oferta de suelo para pequeñas y medias empresas, el resto de socios sólo quería vender a empresas de gran tamaño. Todo ello para un proyecto que les parecía “extraordinario” en los inicios, pero que consideraron de “alto riesgo” después. Con dificultad ha reconocido que vendió las parcelas al resto de empresarios sin perder ni ganar dinero, y que una vez que estaban fuera del accionariado ADE Parques les hizo una transferencia de 5 millones de euros, que iba a encaminada a pagar un préstamo por la compra de fincas a Parque empresarial de Portillo. “Creo que no se llegó a cobrar. Eso fue un error y se rectificó”, ha dicho.

Los negocios que fructificaron: sólo con la Junta de Castilla y León y ni una palabra sobre el palacete de Bruselas

El abogado de la acusación popular, que ejerce el PSOE, ha preguntado si los únicos proyectos que funcionaron fueron el del polígono, el del Perla Negra y el de Bruselas. Sobre dos dos primeros, Martín Giraldo ha dado explicaciones, no así sobre el de Bruselas. A lo que se refería el abogado era a la compra de un palacete en la capital de Bélgica que hizo Martín Giraldo a través de una sociedad belga que también compró llamada Co-Louis. Este palacete fue alquilado a la Junta de Castilla y León en 2006 para establecer ahí una delegación comercial y alquilar espacios a empresarios de Castilla y León. Curiosamente, fue otro de los acusados en esta causa y actual socio de Martín Giraldo, Alberto Esgueva, quien se hizo con un espacio en el palacete por poco más de 500 euros una vez que había salido de Castilla y León para establecerse en Polonia. La Junta gastaba más de 200.000 euros anuales en esa sede, cuya documentación llegó a formar parte de la causa. Tal y como publicó elDiario.es, a la sede de Bruselas peregrinaron altos cargos que se movían en limusina y pasaban cargos de todo tipo. El juez desechó investigar más sobre el palacete y su posterior venta a un empresario madrileño porque no se le pudieron entregar las citaciones para declarar y no quiso poner en marcha un oficio policial para conseguirlo. El tiempo de investigación se acababa, y se optó por prescindir de esa parte que daba una derivada extranjera de las relaciones entre la Consejería de Economía y Urban Proyecta.

Sólo un fondo de inversión se interesó por el Perla Negra

Martín Giraldo también ha hablado sobre las prisas que pudiese tener la Junta de Castilla y León para cerrar la compra del Perla Negra, ya que la consejera Pilar del Olmo, según explicó Rafael Delgado en su declaración del miércoles, había advertido que Urban Proyecta estaba intentando venderlo. Según el administrador de Urban, sólo tuvieron una oferta de un fondo de inversión, pero no se podía aceptar porque la forma de operar de los fondos implicaban varios meses y ellos tenían un crédito hipotecario que no les daba ese margen de espera. También ha considerado “sorprendente” que el cierre de la operación se hiciese en la Consejería de Hacienda y que ni el coordinador ni la exconsejera lo dijesen en su declaración como testigos.

El gerente de Urban Proyecta, Angel Román Montes, ha asegurado a la fiscal que el pliego del concurso del Perla Negra lo consiguió cuando se publicó en el Bocyl, si bien no ha sabido explicar si se lo pasó a Estudio Lamela por correo en mano. Ha negado además de haberlo entregado antes de que se publicase, que no llevase membretes de ningún tipo como aseguró el responsable de proyectos del estudio de arquitectura. Tampoco ha sido claro al explicar los contratos que firmó con Unifica, pese a desvincularse de ese estudio en lo que respecta a la división del Perla Negra. Según la Policía, Unifica pagó a Montes por trabajos que nunca se hicieron. También pagó a Prosertel una compañía en la que Montes y Martín Giraldo eran socios.

Montes también ha asegurado que no tenía relación con Rafael Delgado, aunque le conoció porque le alquiló un piso por Idealista y le conocía de coincidir en los Maristas colegio al que acuden los hijos de ambos.

Alberto Esgueva, otro que se ha declarado “totalmente inocente” si ha reconocido conocer a dos de los acusados: a Martín Giraldo porque le dio clases en la universidad y fue premio final de carrera y a Ángel Montes porque su padre trabajó en la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid. El que fue delegado de Excal y director del Área de Internacionalización y Servicios Públicos de la Agencia de Desarrollo ADE, ha explicado que durante su etapa en la Junta, entre 2003 y 2006 despachaba frecuentemente con el consejero de Economía, Tomás Villanueva. En dos años, ha dicho, realizó “25 viajes institucionales” y se reunió “con Bill Gates, con Sharon, con Fox...”. Aunque niega que haya tenido que ver con la operación de la compra de terrenos de Portillo porque dejó la empresa familiar en manos de su hermano, también acusado, Esgueva ha acabado asociado a Martín Giraldo en una constructora en Polonia.