La Junta de Castilla y León oculta información sobre el alquiler de sus 15 oficinas en el extranjero

La Junta de Castilla y León oculta cuánto costaban y a qué sociedades se alquilaron las sedes que repartió por todo el mundo desde 1995. Al menos una de ellas, la de Bruselas, se alquiló a una sociedad instrumental, en apariencia belga, pero que en realidad era de la empresa promotora del edificio de Economía conocido como Perla Negra y cuyo sobrecoste investiga un juzgado.

La trama la desveló la pasada semana Radio Valladolid-Cadena Ser, que tuvo acceso a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista. En concreto, el PSOE solicitaba que se le facilitase “copia de todos los contratos de compraventa o adquisición por cualquier título o arrendamiento de inmuebles de oficinas del sector público en ciudades del exterior de España” y además incluía tantos los vigentes como los rescindidos.

La Junta remitió sólo uno, el que corresponde a la Fundación ADE Europa (agencia de desarrollo económico) y que también responde a la Oficina de Internacionalización, antes conocida como Excal, en Bruselas y a la que el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, cedió un espacio a través de un acuerdo.

La explicación sobre la falta de remisión del resto de contratos está en el propio procedimiento del caso Perla Negra, en el que la Junta está personada aunque no ha definido en calidad de qué (defensa o perjudicada). Un informe policial fechado el 30 de septiembre de 2015 estableció que había una sociedad belga llamada Co-Louis en la que entraron a formar parte socios de la promotora del edificio de Economía y que esta había realizado pagos y recibido ingresos de la primera.

Como en el procedimiento también está personado el PSOE, es posible que el gobierno regional haya optado por claudicar y facilitar el contrato sospechoso, a sabiendas de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal rastrea esa sociedad. El Grupo Parlamentario Socialista, a su vez, no reclama el resto de los contratos y se da por satisfecho cuando obtiene del Co-Louis S.A. Queda por saber quiénes son los arrendatarios del resto de oficinas del gobierno de Castilla y León en el extranjero.

Lo que se ha podido conocer a través de ese único contrato facilitado es que en 2006 la Junta formaliza un contrato para alquilar un edificio en la Avenue Louis Schmitd a la sociedad Co-Louis, que se crea en 1999 y que hasta el 1 de enero de 2007 había estado administrada por ciudadanos belgas. Meses antes de su renuncia, habían entrado como administradores Germán Martín Giraldo, socio de Urban Proyecta y la propia Urban Proyecta, representada a su vez por Martín Giraldo.

La relación de Urban Proyecta no se extiende sólo a la que mantenía ya en ese momento con la Junta: Martín Giraldo es socio en la empresa polaca Cronos Global junto a Alberto Esgueva, hasta 2006 consejero delegado de Excal y principal beneficiario de la trama eólica. Una vez que la Junta alquila el edificio a Co-Louis, el 12 de diciembre de 2006, los belgas abandonan la sociedad y quedan al frente de ella Martín Giraldo y Urban Proyecta.

El contrato, con una vigencia de 15 años, obligaba a la Junta a pagar 13.920 euros al mes, incluso si rescindía el contrato antes de diciembre de 2021. Sin embargo, la recomendación de Exteriores hizo que la Junta se replantease la situación y acabó por dejar el lujoso edificio en noviembre de 2012. Si pagó o no indemnización no ha quedado claro. La portavoz de la Junta de Castilla y León fue preguntada al respecto el pasado jueves. Y pasó de negarlo tajantemente a esgrimir un “no me consta” cuando se le explicó la dura claúsula del contrato de arrendamiento.

El contrato, al que ha tenido acceso eldiario.es, no describe ni los metros cuadrados ni las plantas de las que consta el inmueble, además lo firma una abogada en representación de Co-Louis sin aportar los preceptivos poderes. Una vez que la Junta dejó el alquiler, tanto Martín Giraldo como Urban Proyecta salieron de la sociedad, que pasó a manos de una ciudadana belga.

Este diario ha tenido acceso además a los movimientos de cuenta que hizo Urban Proyecta desde 2006 a 2013. Así, en abril de 2006 hace una trasferencia de 200.000 euros con el concepto “compra 100% acciones de Co-Louis S.A”. A partir de diciembre de 2012, Co-Louis empieza a hacer ingresos a Urban Proyecta. En concreto el día 28 realizó dos ingresos, uno de 12.000 y otro de 10.000. En enero se realizaron dos de 12.000 euros y así prácticamente cada mes hasta febrero de 2013, con un montante total que supera los 100.000 euros. Mientras tuvieron el edificio alquilado a la Junta, recibieron algo más de un millón de euros. Esa misma cantidad es la que se podría haber solicitado como indemnización por la rescisión del contrato.

Qué pasó con el resto de sedes y a quién se alquilaron es una incógnita que la Junta deberá despejar. Lo que eldiario.es ha podido comprobar es que no se reparó en gastos.

La sede de Excal en Budapest (Hungría) se abrió en 2004. Era una pequeña oficina, pero muy bien situada, y se pagaba un alquiler de algo más de 1.400 euros al mes. Al menos eso es lo que se trasladó al Consejo de Cuentas que emitió un informe de fiscalización de ese año. Las conclusiones son duras: Ade Excal no estaba facultada para crear sociedades en el extranjero, ni para participar en el capital social de esas sociedades, a pesar de todo, Ade Excal subvencionó los gastos.

Unos gastos discutidos además, ya que se aportan facturas pero sin especificar los servicios prestados. En total se cargan 92.497 euros sólo por la puesta en marcha. 7.098 euros corresponden a un “proyecto de adaptación del local”, que desarrolló un estudio de arquitectos de Valladolid. Según uno de los socios, esa cantidad no corresponde ni en una séptima parte a los honorarios que cobraron, que apenas superaron los 700 euros. Pero es que además se cargaron otros 54.882 en “servicios de consultoría”, 8.433 en “transporte de muebles” y algo más de 10.000 en “gastos de viaje”.

Ese mismo estudio de arquitectos participó en el proyecto para la oficina de Dusseldorf, en Alemania, por un importe similar al de Budapest. Elaboró también proyectos para las oficinas de Lisboa, Madrid, y Varsovia, que no llegaron a materializarse y por los que no cobró “ni un euro”.

En 2012, el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, explicaba el cambio de sedes a oficinas diplomáticas, y aseguraba que el ahorro sería mínimo puesto que de las en 17 oficinas de 15 países, la Junta sólo costeaba el alquiler de siete «pequeños despachitos» ubicados en Dusseldorf (Alemania), Sao Paulo (Brasil), Shanghai (China), Miami y Nueva York (Estados Unidos), y México D.F, además de la sede de Bruselas, cuyo alquiler se ha conocido ahora, 13.920 euros al mes.