La Junta de Castilla y León impulsa la Ley de Coordinación de Policías Locales para actualizar la norma de 2003

La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves su proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales, que incluye unos criterios básicos y homogéneos para todos los ayuntamientos con este servicio de seguridad y que sustituirá, en caso de ser aprobada en las Cortes, a la normativa vigente en la Comunidad desde 2023.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha sido el encargado de presentar el texto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde al proyecto de ley, sobre la que ha asegurado que hay consenso entre las administraciones involucradas, los propios cuerpos policiales y los agentes sociales.

Sobre la tramitación parlamentaria y los visos de ser aprobada en las Cortes, al no contar el PP con mayoría suficiente para sacarla adelanta de forma unilateral, el consejero ha argumentado que se trata de un texto “eminentemente técnico y profesional” y ha confiado en que pueda concitar un “consenso generalizado”: “Trabajaremos para que eso sea así”, ha resumido.

Novedades de esta norma

Suárez Quiñones ha explicado que entre las novedades más destacadas de esta norma, que se adapta a otras de rango estatal y autonómico además de incorporar actualizaciones, figuran una mejora en la posibilidad de promoción interna de los policías, incluidas las permutas de plazas, avances en la situación de las mujeres policías (embarazo y lactancia), una regulación homogénea de las retribuciones y también avances en el procedimiento para la posibilidad de retirada del arma reglamentaria de los agentes.

Preguntado sobre este último punto y, en concreto, si la norma establece que la Junta asume la capacidad sancionadora sobre los agentes de las Policías Locales, el consejero ha detallado que no se trata de que la ley otorgue al Gobierno autonómico esa potestad, que es exclusiva de los Ayuntamientos, pero sí abre la posibilidad de que suscriban un convenio para que la Junta colabore en la tramitación de los expedientes.

Sobre la retirada y recuperación del arma por alguna situación vinculada al policía afectado, el consejero también ha detallado que esa materia sigue siendo responsabilidad de la Guardia Civil, pero esta norma puede contribuir a dar una mayor agilidad al procedimiento.

Algo similar ocurre con los procesos selectivos para la incorporación de nuevos policías, ya que los ayuntamientos y la Junta podrán conveniar esta materia para que sea la Administración autonómica la que asuma ese procedimiento.

En términos generales, el consejero ha considerado que esta nueva normativa puede contribuir especialmente a mejorar las condiciones de prestación del servicio policial, a conseguir una mayor homogeneización y a mejorar el estatuto del personal adscrito a estos cuerpos.

Suárez Quiñones también ha explicado que la normativa regirá para todos los policías locales de Castilla y León, sin cuantificar su número, y prohibirá las contrataciones laborales o interinas, en coherencia con el carácter especializado y armado del colectivo.