La Junta de Castilla y León mantiene la Orden del año 2019 que regula los debates electorales a pesar de que en 2022 dimitieron 17 de los 25 miembros de la comisión incluido el presidente A poco más de cuatro meses de las elecciones autonómicas, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco se resiste a modificar una orden que ya era obsoleta cuando se publicó, no incluye a los diarios digitales, y que se ha utilizado durante dos campañas.
La orden del 18 de marzo de 2019 firmada por el entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, determina que la comisión estará presidida por un “un periodista de reconocido prestigio designado por el titular de la consejería competente en materia de gestión de procesos electorales”. Tanto en 2019 como en 2022 fue Luis Miguel Torres Chico. En cuanto a los vocales, según la orden que se mantiene, hay un representante del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, un representante de cada uno de los periódicos diarios de ámbito provincial o autonómico de Castilla y León que cuenten con sección de Castilla y León, o de ámbito nacional que cuenten con edición o sección de Castilla y León, un representante por cada emisora de radio de información general de ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica, un representante de cada televisión de ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica un representante de cada una de las agencias de noticias de ámbito autonómico y de ámbito nacional con delegación en Castilla y León.
Pese a que la orden habla de “periódicos diarios” se ha excluido siempre a los digitales. De esa manera, quienes forman parte de la comisión han tomado decisiones que pretendieron imponer a todos los medios pese a no haber contado con ellos. Así, en 2019 los debates se celebraron en condiciones antiperiodísticas, que poco tenían que ver con el interés general: la comisión decidió que el primer debate se celebrarse fuera del 'prime time', a las 19,00 horas, para atender a la petición de las radios, que querían conectar en directo pero no tenían desconexión territorial que lo posibilitase si se celebraba por la noche.
En el segundo debate las condiciones fueron aún más estrambóticas y desde luego inéditas en un debate electoral, puesto que se grabó a primera hora de la tarde porque los periódicos de papel exigiero llegar con holgura al cierre de sus ediciones. No se facilitó streaming a todos los medios que querían informar en directo hasta las 21,30 horas, momento en el que se emitió. La comisión de debate advirtió en ese momento que el “compromiso de los medios” - los que sí formaron parte de la comisión- era “no dar nada ni en redes sociales ni en las páginas digitales” hasta que el debate se emitiese el falso directo. De ese modo, los periódicos digitales como elDiario.es, conocieron el “compromiso” sin haber tomado parte en él.
En 2022, la comisión de debates formada por las mismas personas que en 2019, fue ampliamente cuestionada, no sólo por su composición, en la que grupos mediáticos acababan votando en favor de medidas que les beneficiaban, sino por las decisiones que se tomaron. Así, se bloqueó la posibilidad de que RTVE celebrase uno de los dos debates, en favor de Radio Televisión Castilla y León, financiada por la Junta pero propiedad de una corporación privada. Entre los argumentos de la comisión para rechazar la propuesta de la televisión pública estaba que el debate iba a ser moderado por el periodista Xabier Fortes. Los integrantes de la comisión también argumentaron que un debate no podía ser moderado “por alguien de fuera”, y tampoco aceptaron que se incorporase un segundo moderador de Castilla y León junto a Fortes. Sin embargo, la Junta Electoral de Castilla y León estimó el recurso interpuesto por Radio Televisión Española y acordó “requerir a la citada comisión para que atribuya la organización de uno de esos debates al medio de titularidad pública Corporación RTVE SA y el otro debate al medio de comunicación de titularidad privada Radio Televisión Castilla y León SA”. Por otro lado, la Junta Electoral también se pronunció negativamente sobre el hecho de que un solo vocal votase por tres medios distintos.
Con el varapalo de la Junta Electoral,18 de los 25 integrantes de la comisión dimitieron y dijeron no “avalar” el debate de RTVE. Entre los dimisionarios se encontraba también presidente, el periodista Luis Miguel Torres Chico. En un comunicado arremetieron contra la cadena pública por, según ellos, incumplir los acuerdos y celebrar el debate en prime time y no a las 21,00 horas como exigía la prensa de papel.
A pesar de que desde entonces la comisión de debates está incompleta, la Junta no ha puesto en marcha nuevas órdenes, si bien aseguran que “están valorando algunos cambios”. La Ley Electoral obliga a celebrar un mínimo de dos debates entre los candidatos.