El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico está “a punto” de licitar un concurso para el otorgamiento de una nueva licencia de televisión privada autonómica.
Sin aportar más detalles de este procedimiento ni la dotación presupuestaria con la que contaría en 2026, el consejero ha pronunciado estas palabras durante su primera exposición ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, dentro de la ronda de consejeros para detallar las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, aún sin apoyos suficientes para ser aprobados.
En esas cuentas figuran 23,5 millones de euros para financiar la actividad de Radio Televisión Castilla y León, según ha recordado Sanz, quien ha justificado este desembolso por la previsión contenida en el acuerdo de la Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, reunida el pasado 6 de junio.
El consejero ha indicado que con este nuevo contrato para una nueva licencia de televisión la Junta pretende cumplir la disposición adicional tercera de la Ley 1/2025, de 3 de julio, de reforma de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, al interpretar el Ejecutivo autonómico que ese texto se refiere a la convocatoria de un concurso nuevo y no referido a la licencia actualmente explotada por RTVCyL.
Tras esta primera intervención, el exvicepresidente de la Junta y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha cuestionado el “apretón” que en su opinión le dio al Gobierno autonómico para renovar la licencia que disfruta RTVCyL y eludir así la aprobación de la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, que planteaba sacar esa licencia a concurso.
Igea ha considerado que la Junta hizo eso para no “defraudar a los amigos de la Gürtel” y ha insistido en que, si se trata de un concurso tan “inmimente”, su departamento debería de presupuestar alguna cantidad para 2026.
En su réplica, el consejero ha defendido que la renovación de la licencia de RTVCyL era “automática” y únicamente dependía de que esa empresa cumpliera con los requisitos establecidos por la normativa estatal, por lo que ha negado que hubiera prisas por parte de la Junta, sino que más bien se produjo un retraso de tres meses para iniciar ese procedimiento.
En este sentido, ha reconocido que hubo un “elemento de prudencia” ante la tramitación de la proposición de ley de Publicidad Institucional, que finalmente fue aprobada en contra del criterio del Gobierno autonómico y del PP, y que en su caso ve “manifiestamente mejorable”, dada la “alta litigiosidad” que observa entre los medios de comunicación que han recurrido dicha normativa.
Sobre la convocatoria del nuevo concurso, ha reconocido que el espíritu de la ley “era otro” pero ha defendido la posibilidad de interpretar la letra de la norma para aludir a esa nueva licencia, en unos plazos -3 meses- que ha adaptado para que empezaran a contar en el momento en el que el Ministerio confirmó que había espacio radioeléctrico para otra licencia.
Tras escuchar la respuesta de Sanz, Igea ha replicado que los quince años de vigencia de la licencia de RTVCyL se cumplían en septiembre, y no en julio, como ha asegurado el consejero; mientras que en el caso de la estación de autobuses, ha alertado de que los 28 millones de euros que preveía invertir la SVAV en la nueva estación, si finalmente se liquida, tendrán que ser asumidos por la Junta, a no ser que se conforme con la “estación recauchutada que nos van a dejar” (con las obras actuales).
En la última tanda de contestaciones, el consejero ha reconocido que la referencia dada por Igea era la correcta (septiembre), aunque ha indicado que en los seis meses previos era el plazo establecido para “adoptar la decisión”.
La Junta no cree necesario presupuestar para 2026 el posible pago de la deuda de SVAV
El consejero de Movilidad ha defendido este miércoles que no ve necesario que el Ejecutivo autonómico presupueste cantidad alguna para sufragar el posible pago de la deuda acumulada por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), ante su potencial liquidación.
El exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha echado en falta unos 100 millones de euros para este potencial fin, en referencia a que el Gobierno autonómico tendría que asumir el 25 por ciento de los 400 millones de deuda de la SVAV.
Igea ha criticado también que ese bloqueo entre las tesis del soterramiento (PP) y la integración (PSOE) ha derivado en una paralización de la ciudad y en una “basura de estación de autobuses” de Valladolid.
En su respuesta a estas cuestiones, el consejero ha aludido a “razones legales” para no ver conveniente incluir partida alguna para una hipotética deuda que tuviera que sufragarse por esta vía, aunque con anterioridad se ha desmarcado de las competencias en esta materia, ya que quien participa en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad es el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
En este sentido, ha remitido al presupuesto de ese departamento, aunque ha matizado que lo que habrá presupuestado será la anualidad que corresponda aportar a la Junta, pero no un hipotético pago, lo cual “carece de fundamento” en su opinión.
Además, aunque ha reconocido que tenía un conocimiento limitado de la situación de la SVAV y no podía “pontificar”, Sanz ha indicado que el proceso de liquidación de esta sociedad tiene “bastante más complejidad de la que se ha planteado” por parte del Ministerio de Transportes, que es la entidad que ha hablado de su voluntad de liquidación al comprobar que el Ayuntamiento de Valladolid renuncia a llevar a cabo los planes de integración que fueron aprobados, y pretende que se soterren las vías pese a la inviabilidad que aprecia el Ministerio.
Sobre la estación de autobuses, el consejero ha reconocido que su mal estado no era “razonable” por lo que ha defendido que la Junta “ha acertado” al iniciar las obras con independencia del planteamiento que hiciera la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que inicialmente podía haber integrado ambas estaciones en un único proyecto.
El consejero desvela que Luis Fuentes lleva de baja desde el verano tras ser operado
El consejero de Movilidad ha desvelado este miércoles que el comisionado de la Junta de Castilla y León para el Corredor Atlántico y expresidente de las Cortes, Luis Fuentes, lleva de baja desde junio tras haber sido intervenido quirúrgicamente.
Durante su respuesta a los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha presentado las partidas de su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, Sanz ha justificado así la imposibilidad de comparecer de Fuentes, a quien ha deseado una pronta recuperación.
Los grupos de la oposición han aludido a las peticiones de comparecencia que habían formulado para que Fuentes hiciera balance de su labor como comisionado para el Corredor Atlántico, un cargo al que accedió nombrado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras dejar su partido anterior, Ciudadanos, con el que llegó a presidir el Parlamento autonómico, en la etapa en la que PP y Cs cogobernaron la Comunidad. Sobre el estado de Fuentes, Sanz ha dicho que está “en evolución” después de una “intervención importante”.
Sanz defiende que da “soluciones ágiles y flexibles” para adaptar la demanda de Buscyl
Sanz ha defendido este miércoles que su departamento está dando “soluciones ágiles y flexibles” para responder a la “masiva acogida” del sistema de gratuidad del autobús para empadronados en la Comunidad, con más de 1,1 millones de viajes desde su implantación y hasta el pasado 15 de octubre.
El consejero ha asegurado que la implantación de este sistema de gratuidad vinculado al compromiso de mantenimiento de líneas deficitarias, sumaría 67,6 millones de presupuesto en caso de prosperar estas cuentas. Estas cuantías se integran en un presupuesto conjunto de la Consejería que se elevaría en caso de ser aprobados a los 353 millones de euros, casi el 18 por ciento más que lo dispuesto en el último ejercicio presupuestado de 2024 y prorrogado al actual 2025.
Con una implantación progresiva desde el verano, este sistema de gratuidad entró en vigor plenamente el pasado 30 de septiembre para 2.600 líneas, lo que ha visto como un “verdadero salto adelante en la forma de entender la movilidad en Castilla y León”, que beneficia ya a unos 500.000 usuarios de esta tarjeta.
Sanz ha comparado esta política con la “errática política de bonificaciones” que en su opinión aplica el Gobierno central, ya que ha asegurado que la gratuidad “no es una solución temporal ni limitada por edades”, sino que traduce un “compromiso firme con toda la ciudadanía, configurado de forma permanente y estable, para eliminar barreras y conectar territorios con un medio de transporte capilar: el autobús”.
Sobre los problemas de falta de plazas en algunas líneas y servicios, denunciadas por los usuarios, el consejero ha asegurado que se ha producido un “significativo refuerzo de autobuses cuando ha sido necesario, dada la masiva acogida de Buscyl”, con una “continua adaptación a la demanda existente, con soluciones ágiles y flexibles”.
Bonificación de peajes
Sobre otra de las novedades anunciadas por la Junta en este proyecto de ley de Presupuestos, referida a la bonificación de peajes por el uso recurrente de las autopistas estatales AP6, AP51, AP61 y AP71, además de estudiar extender la medida a la AP-66, el consejero ha defendido que son “muchas las razones que sustentan la puesta en marcha de esta medida”.
En las cuentas figuran para este fin 10 millones de euros, al entender que las autopistas son “ejes estratégicos para la vertebración territorial y para la movilidad de las personas en su vida cotidiana”.
El consejero ha defendido la medido como fórmula para “aliviar los gastos de las personas que usan estas autopistas de forma habitual, pues mientras que en otras zonas de España estas infraestructuras se encuentran actualmente liberalizadas o tiene implantadas amplias bonificaciones, en las autopistas que discurren por Castilla y León se sigue pagando peajes por su utilización”, ha argumentado.
La oposición carga contra las deficiencias del Buscyl y el mal estado de las carreteras
Los grupos de la oposición han cargado contra las deficiencias apreciadas en el sistema de autobús gratuito (Buscyl), para empadronados usuarios de las líneas dependientes de la Junta de Castilla y León, y también por el mal estado y escaso mantenimiento de las carreteras autonómicas.
Tras atender a la exposición inicial ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León por parte del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, los portavoces de la oposición han coincidido en buena parte de sus críticas.
En el caso de la procuradora del PSOE Laura Pelegrina, ha denunciado que este departamento se suma “al engaño presupuestario” general de la Junta, al no disponer de recursos suficientes para mejorar el estado del “57% de carreteras que presentan graves deterioros”, sin que haya desplegado un plan de carreteras que el PP promete desde 2002.
Sobre el sistema Buscyl, Pelegrina ha hablado de “caos” en su implantación y lo ha situado como “la gran estafa electoral” del presidente Mañueco, ya que pretende “dar gratis lo que no existe”, al denunciar la falta de transporte metropolitano en varias capitales de la Comunidad y la ausencia de conexiones de cientos de municipios, al no contar con una planificación aprobada.
La procuradora de Vox Susana Suárez ha denunciado las carencias de mantenimiento de las carreteras de la Comunidad y sobre el servicio Buscyl, ha criticado que se implantó de forma “caótica e improvisada”, entre quejas de ayuntamientos, asociaciones y usuarios, con “importantes perjuicios para estudiantes y trabajadores”.
Suárez ha afirmado que Buscyl resulta “ineficaz e injusto”, ya que el autobús gratuito “no sirve si no hay vehículos y frecuencias suficientes”.
La representante de la UPL Alicia Gallego ha denunciado que estas partidas son un “copia y pega” de las incluidas en proyectos de presupuestos anteriores, con retrasos y falta de ejecución, por lo que resulta “pobre y desilusionante”.
Igea ha cuestionado la “basura de política populista” que en su opinión practica el PP y que ve plasmado en la iniciativa engañosa de la gratuidad del autobús, ya que los recursos que antes se destinaban a sufragar las líneas deficitarias ahora se destina al Bucyl. En concreto, ha ironizado con que los tres euros con los que subvencionan de media a cada usuario por trayecto en realidad son “un regalo para las empresas”, en un ejemplo de “trilerismo político”.