La oposición exige al Gobierno de Castilla y León la prohibición “absoluta” de los regalos a altos cargos

El Partido Popular y Vox ponen fin a la política de 'no regalos' a los altos cargos de Castilla y León, como ya adelantó elDiario.es. Los socios de Gobierno de la Junta han sacado adelante una modificación del Código Ético y de Austeridad para ser más laxos con las gratificaciones, regalos, viajes y comidas. La anterior normativa, que data de 2020 y era parte del acuerdo de gobernabilidad PP-Ciudadanos, fijaba el endurecimiento del Código Ético y la prohibición de estos 'parabienes'.

La responsabilidad de la defensa de la modificación de del Código Ético y de Austeridad ha recaído en el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. El representante 'popular' en la Junta ha justificado que los cambios introducidos son “una subsanación de errores” y “actualizan” el reglamento para “eliminar una contradicción y una dispersión normativa”. Asimismo, ha explicado, esto hace que se refuerce la adhesión de los altos cargos al documento en su registro de bienes y actividades.

Para Carnero, esta “corrección de errores” pone de manifiesto “el compromiso de cumplimiento del Código Ético por parte de la Junta”. Esta justificación no ha servido a los Grupos de la oposición quienes la han tildado de “regresión” y “vuelta al pasado”. Para el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, —uno de los artífices de la 'prohibición absoluta'—, el cambio es una “relajación” ya que “se elimina la prohibición absoluta y se permite la cortesía social y ni siquiera le ponen un límite de cantidad para que sea interpretable”.

Igea ha pedido a PP y Vox que “no engañen a los ciudadanos”, puesto que con la modificación se va permitir que “al señor vicepresidente se le invite a los toros”. El exvicepresidente ha apostillado que esto último “es de lo que se trata, que se le pueda invitar porque es una cortesía social y si el consejero va seis veces y luego legisla como se legisla, no pasa nada”.

El representante de Ciudadanos también ha afeado a los partido que cogobiernan Castilla y León que hablen de la importancia del Código Ético en una Comunidad donde “señores condenados que han reconocido haber entregado un millón de euros al Partido Popular en esta misma legislatura”, en alusión al empresario José Luis Ulibarri, pueden “hacer un regalo o un editorial o un artículo, como otra forma de cortesía social, algo a lo que estamos acostumbrados a ver en esta Comunidad”.

Por parte del PSOE, el portavoz en la Comisión de la Presidencia, Luis Briones, ha acusado a PP y Vox de “desandar lo andado” volviendo “al pasado” con un texto que no recoge las necesidades éticas de un Gobierno, en el que la “ejemplaridad” no se está cumpliendo, como se puede ver en la ausencia de citas en las agenda que deberían hacerse públicas.

Tanto Ciudadanos como los socialistas han pedido una modificación de la Comisión Ética. En el caso del PSOE, Briones ha pedido que se apueste “la imparcialidad” y deje de estar formada por miembros del Gobierno, ya que estos representantes son los que valoran junto a técnicos posibles incompatibilidades, como por ejemplo cuando dicho órgano colegiado y consultivo, con Carnero como presidente, decidió archivar las denuncias contra Mañueco y Gallardo por sus viajes a la Champions y los toros. Es por ello, que este formato genera “dudas, preocupación y recelo” y muestra una “imagen denostada de los políticos”.

Aún enfrentándose a la negativa de los socios de Gobierno, Briones ha reclamado que se abra el reglamento a la posibilidad de incluir la imparcialidad en “temas espinosos” como estos temas que recibieron el carpetazo de la comisión.

Sobre la composición de la Comisión de Ética Pública, Igea ha reconocido su “error” haciendo público su arrepentimiento y cargando contra el PP al considerar que su “error más grave” fue “confiar” en los 'populares'.

La representante del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, Alicia Gallego, ha coincido en señalar la “vueltas atrás” en un momento en el que “la política debería ser ejemplo de austeridad, transparencia y objetividad” frente a una población que lo está “pasando mal”. La leonesista ha apuntado el desprestigio que este cambio supone a la labor de los representantes públicos con el giro subjetivo a la hora de justificar los regalos.

PP y Vox han defendido los cambios que se han aprobado. En el caso del PP, el procurador José Luis Sanz Merino ha pedido a la oposición que no haga “una tormenta en un vaso de agua” y les ha recordado las múltiples normativas, tanto autonómicas como europeas, que recogen la existencia “muestras de cortesía habitual y atenciones protocolarias”.

Partido Popular y Vox han defendido la rectitud de sus miembros para cumplir con el Código Ético .“No es relajación ni cesión”, ha explicado el representante de extrema derecha, Javier Teira. A esta posición, hay que recordar, también ha sido defendida por parte del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien aseguraba que no cambiaba nada al poder recibir regalos “de cortesía”. “En realidad no hay modificaciones relevantes”, apuntaba sobre los cambios. a la par que añadía que: “esa salvedad [de los regalos de cortesía] existía anteriormente y parece lógico conectar esos artículos que estaban diferenciados. El procedimiento no varía”.

Modificaciones del Código Ético y de Austeridad

Con la aprobación del texto se permiten las “muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos, oficiales y protocolarios que puedan ser entregados a razón de su cargo”. Es el aspecto derivados de la ocupación o representación lo que sirve para que se abra la puerta a una ambigüedad que permitirá recibir estos 'detalles'.

También se elimina del Código Ético otro punto que menciona la Ley de Altos Cargos: se suprime que la adhesión al Código deba ser “en el momento de su toma de posesión o firma del contrato”. La Ley de Altos Cargos de 2016 habla de adherirse “en el acto de toma de posesión”, pero no alude a la firma del contrato.

Estos altos cargos también deberán remitir el documento correspondiente al Registro de Bienes y Actividades de los Altos Cargos. Esto se debe a que en la actualidad las adhesiones se remiten “desde diferentes órganos a la Inspección General de Servicios”, según la Junta.

El Código de Austeridad suprime uno de sus apartados relativos a la publicación de las agendas públicas para remitirse al acuerdo de 2019 —aprobado por el gobierno PP-Ciudadanos—. El argumento esgrimido es “por razones de seguridad jurídica”. El apunte del Código Ético insistía en la obligación de publicar actos y reuniones públicas y en qué hacer si no. La publicidad podía sustituirse por una comunicación al Consejo de Gobierno.